Los actuales programadores de la Sala Caracol, en el barrio de Embajadores, han sido desahuciados de la emblemática sala de conciertos por orden de una magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 40 de Madrid. La propiedad de la nave reconvertida al ocio hace tres décadas los habían demandado por el impago de las mensualidades del alquiler desde el inicio de la pandemia del coronavirus. No es una excepción ni es un nuevo capítulo de “la lenta muerte de las salas de conciertos de Madrid”. Son las consecuencias de la crisis económica causada por la COVID-19 sobre los espacios públicos dedicados a las artes en vivo. El cierre temporal de la Sala Caracol se suma a casos como el del Teatro Pavón y la marcha de la productora Kamikaze.
Los últimos arrendatarios de la Sala Caracol, encargados de la gestión del local en los últimos cinco años, se han llevado el rótulo de la fachada, en un acto reivindicativo de propiedad intelectual. Denuncian que el icono de la noche madrileña no es de los dueños de la antigua nave industrial. La empresa que ha alquilado la nave, y que fue desahuciada el pasado nueve de junio, asegura que la Sala Caracol ha sido “atropellada, violada y ultrajada”. ¿De quién es la marca de la Sala Caracol?
Según el relato de los desahuciados, la sala está “obligada a cerrar temporalmente al existir una controversia judicial muy grave con la propiedad de la nave, que se quiere apropiar de la marca y de la explotación del local, pese a que Caracol responde a unos valores, principios y a una historia de 30 años de cultura, que todos conocen y no se pueden copiar sin más”, aseguran los programadores alquilados en la nave de fachada inconfundible.
Durante la declaración del estado de alarma tuvieron que cerrar la sala, fruto de las obligaciones sanitarias impuestas desde el Gobierno, y reclamaron a los propietarios una reducción de la renta ante la falta de ingresos para mantener en pie el negocio. A pesar de la crítica situación a la que se vieron arrastrados este tipo de locales, los dueños se negaron a rebajar a la mitad el alquiler mensual. La sala no estaba abierta al público ni podía generar ingresos. Así iniciaron los dueños un proceso de desahucio contra los alquilados.
Los propietarios del local explican que Moisés Yanco Alonso León y su sociedad Greenpower Factory S.L. “han estado alquilados solamente cinco años de los 30 años de historia de la sala”. A lo largo de ese lustro, los dueños de La Caracol aseguran que los inquilinos expulsados “han trabajado denodadamente por desprestigiarla, dando conciertos de neonazis”.
Ocurrió en diciembre de 2019. Los programadores habían accedido a poner sobre el escenario a las bandas fascistas llamadas Iberian Wolves y Brigada Totenkopf. Durante las tres horas de concierto, saludos y cánticos nazis; y a la salida, una pelea de medio centenar de personas que enfrentó a los fascistas asistentes al concierto contra los antifascistas que les esperaban cerca de la glorieta de Embajadores. Dos años después de aquella reunión fascista, los alquilados terminan su comunicado contra los dueños de la nave asegurando que “Caracol no va a morir nunca por mucho que algunos se empeñen”.
Los propietarios también cuentan que durante la pandemia aplazaron todas las rentas y que “intentaron estafar a la propiedad con presupuestos de obra falsos con el fin de obtener un dinero que no les correspondía, lo que provocó la resolución del acuerdo de aplazamiento de rentas”. Además, añaden que los alquilados “han venido utilizando el espacio de conciertos durante los dos últimos años sin pagar la renta, produciendo la quiebra económica de los propietarios”. “A pesar de recibir subvenciones que se negaron emplear para pagar la renta”, aseguran los dueños de la sala. El lanzamiento de la sala por impago fue cuestión de días.
La Caracol fue un templo flamenco en los noventa, creado por tres amigas. Piedy, Rocío Aguirre –hermanas de Esperanza Aguirre– y Mariola Orellana. Montaron la sala en la antigua nave industrial, que carecía de techo. Pusieron el nombre en honor al cantaor Manolo Caracol (1909-1973), aunque en origen la llamaron Navefénix. Los flamencos relacionaron la sala sobre todo con los Habichuela, que la tomaron como su propia casa. Lola Flores actuó y se convirtió en la mejor clienta de La Caracol.
Los gestores de la sala han apelado a la Audiencia Provincial, que hoy jueves resolverá si procede el desahucio. Además han interpuesto una demanda de amparo, apelando a la cláusula rebus sic stantibus. Según esta el pacto sigue vigente siempre que se mantengan las circunstancias existentes al firmarse. La demanda se ha tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid y la vista está fijada para el próximo 13 de septiembre. Hasta entonces, la Sala Caracol seguirá en silencio.