PP, Ciudadanos y Vox dificultan el acceso a información sobre Avalmadrid mientras la polémica cerca a Díaz Ayuso
Avalmadrid se mantiene en la sombra mientras crece la polémica en torno a Isabel Díaz Ayuso, con las donaciones que recibió de su padre cuando empezó a estar endeudado bajo sospecha. Las peticiones de información y comparecencias que los grupos parlamentarios han registrado sobre la empresa semipública desde que se conoció el préstamo fallido y con riesgo concedido al progenitor de la futura presidenta de la Comunidad de Madrid están atascadas en la Asamblea de Madrid. La mayoría de PP, Ciudadanos y Vox en la Mesa, órgano que da el visto bueno a la tramitación de las iniciativas, está dificultando el acceso a la información relacionada con este ente rodeado de sospechas y cercado por el Banco de España, que lo sancionará en los próximos meses.
El argumento empleado para bloquear algunas de las iniciativas que han inundado las primeras sesiones de la Mesa –se han registrado más de 30 en pocas semanas– es que Avalmadrid es una empresa participada también por capital privado y hay dudas jurídicas sobre si el Gobierno de la Comunidad de Madrid –propietario al 30%– puede remitir documentación interna sobre expedientes concretos que afectan a terceros, según fuentes parlamentarias.
El PSOE era partidario de enviar las solicitudes –que piden detalles sobre préstamos a empresas concretas vinculadas a amigos del PP o el expediente completo de la compañía de Leonardo Díaz– al Ejecutivo y que fuera la Puerta del Sol quien decidiera si esa información se podía o no aportar; Ciudadanos y Vox se pusieron de perfil y el PP mostraba la postura más beligerante al respecto con advertencias de que se podría estar incurriendo en una irregularidad.
Fuentes de Ciudadanos no hacen comentarios al respecto y aseguran que los grupos tienen “derecho a pedir lo que consideren oportuno”. Tras semanas de silencio, Ignacio Aguado, el próximo vicepresidente, defendió públicamente a Díaz Ayuso: “Es un intento de atacar e intentar desprestigiar”, dijo. Desde Vox apuntan que como partido no entran a “valorar de momento” este asunto.
Al final, la Mesa llegó a una solución intermedia para que los servicios jurídicos se pronuncien sobre este extremo y marquen el camino a partir de ahora con Avalmadrid y cualquier otra empresa con capital público que no alcance el 50% del total y que esté participada por entidades financieras con “otros mecanismos de control”, según figura en el acta de la reunión del pasado 25 de julio. Este trámite dilatará las respuestas, si es que finalmente se remiten, al menos hasta septiembre.
“Es llamativo que no pueda controlarse”
“Es llamativo que un ente que recibe dinero público no pueda controlarse de ninguna manera”, critica la diputada socialista Pilar Sánchez Acera. El PSOE solo ha recibido una respuesta del Gobierno regional en funciones de las 24 solicitudes presentadas. En la contestación, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el Ejecutivo dirigido por Pedro Rollán señala que Avalmadrid es “una sociedad privada que no forma parte del ámbito de la Administración pública de la Comunidad de Madrid ni está incluida dentro del sector público autonómico”.
“La Mesa de la Asamblea parece querer impedir el trabajo de control de los representantes de los madrileños, retrasando las iniciativas y peticiones relacionadas con Avalmadrid. Cualquiera podría pensar que desean ocultar a los madrileños lo que ha pasado para proteger a Isabel Díaz Ayuso, anestesiando los trabajos de la Asamblea”, opina Eduardo Gutiérrez, diputado de Más Madrid.
Avalmadrid es una empresa de capital mixto que se nutre en el 30% de dinero público y la Consejería de Economía y Hacienda ostenta la presidencia del ente. El resto de las acciones pertenecen a Bankia, Caixabank, la patronal madrileña (CEIM) y la Cámara de Comercio.
La presencia de la administración pública no es mayoritaria pero le imprime responsabilidad sobre el ente, dirigido por su propio Consejo de Administración. Salvo sorpresa, el Banco de España impondrá una multa a la Comunidad de Madrid de 50.000 euros por no vigilar adecuadamente la política de préstamos, con alto riesgo y con un buen puñado de avales concedidos a empresas amigas del PP en riesgo de quiebra que la Fiscalía califica como “fraudulentos”.
Las solicitudes para que los responsables políticos de la Consejería de Economía den explicaciones en el pleno tampoco han prosperado. Fuentes parlamentarias explican que las peticiones caen en saco roto porque no hay consejera –Engracia Hidalgo es ahora concejala del Ayuntamiento de Madrid– y se han delegado las funciones en el viceconsejero, que no puede dar respuesta en su lugar en el pleno. Algunas aún están pendientes de ser analizadas por la Mesa.
Se estrecha el cerco sobre Díaz Ayuso
Mientras las peticiones se mantienen estancadas a la espera del informe jurídico, las sospechas sobre Isabel Díaz Ayuso se multiplican. Los tentáculos de las deudas de su familia han alcanzado a la líder madrileña, que recibió dos donaciones de su padre, según infoLibre: un piso en el barrio de Chamberí y el 50% de las acciones de una sociedad, Sismédica SL, que no pagó durante cinco años el IBI al Ayuntamiento de Madrid. El local, según el mismo medio, fue embargado en el año 2017 porque era la garantía de otro préstamo que tampoco se devolvió.
Díaz Ayuso salió al paso de las informaciones este martes en la Asamblea de Madrid. “Solo tengo que decir que escarbar en cómo arruinaron a mi familia hace ocho años para atacarme hoy políticamente me parece que es un ejercicio absurdo”. La candidata, que reaccionó por primera vez públicamente a las noticias, pidió “respeto” para su familia “anónima” y sugirió que las sospechas estaban aflorando en “un momento determinado”.
La líder madrileña ya estaba vinculada al PP cuando comenzó la relación de Avalmadrid con una de las empresas de su padre Mc Infortécnica SL, una intermediaria dedicada a comprar y vender aparatos sanitarios, sobre todo, a la administración pública. La compañía recibió un aval-crédito de 400.000 euros pese a que, tal y como desveló eldiario.es, el informe de los técnicos alertaba del riesgo porque la nave que se incluyó como aval –ubicada en Sotillo de La Adrada (Ávila)– tenía riesgo de derribo por no cumplir con las normas urbanísticas, lo que haría que la garantía perdiera valor.
Luego llegaron los impagos y las donaciones de bienes. En el momento en que la empresa empezó a estar ahogada en deudas, Avalmadrid ofreció en noviembre de 2012 un “acuerdo de pago” del crédito finalista que pasaba por que la sanidad vasca hiciera el ingreso directamente al ente. Lo que se plasmó como “una toma de razón de las facturas pendientes de abono”, pero el socio no facilitó “documentación, ni copia de las facturas” ni atendió “al pago los intereses”, según el expediente.
Unos meses antes, cuando Isabel Díaz Ayuso estaba a punto de debutar como diputada autonómica en la Asamblea de Madrid (julio de 2011), la política envió un correo a directivos del ente para interesarse por la operación de crédito: “Mi familia no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre. Es todo muy difícil”, escribió en un correo, según El País, que publica que la líder madrileña tuvo contactos por email con varios responsables de Avalmadrid.
Una larga tradición de bloqueos de información
Que los grupos parlamentarios tengan dificultad para recabar documentación en su labor de control del Gobierno de la Comunidad de Madrid no es una novedad. El equipo de Cristina Cifuentes se negó durante meses a remitir las actas de las reuniones del Canal de Isabel II –entre las que estaba la compra de Emissao o los detalles sobre la adquisición de Inassa– pese a que tenía autorización del juez para hacerlo. El Ejecutivo se escudaba en que esas actas estaban siendo investigadas en el caso Lezo.
La oposición también encontró problemas para conseguir información sobre Madrid Deporte Audiovisual (MDA), una sociedad anónima dependiente de Telemadrid que se creó en 2007 bajo la presidencia regional de Esperanza Aguirre y que generó un agujero en la televisión pública. La iniciativa, para que Telemadrid se hiciera con los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid y del Getafe, generó pérdidas de 60 millones de euros pero benefició a esos equipos gracias a la venta de derechos de partidos que, en ocasiones, nunca se emitieron, según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid.
