La guerra entre la dirección nacional del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es ya imparable y de consecuencias inciertas. Hay acusaciones de espionaje a la dirigente madrileña por un contrato de 1,5 millones de euros en mascarillas que el Gobierno regional adjudicó a un amigo de su pueblo, Sotillo de la Adrada, como adelantó en exclusiva elDiario.es en noviembre, por el que el PP sospecha que el hermano de Ayuso se pudo llevar una comisión.
La dirección nacional del PP investiga este millonario contrato desde el mes de octubre. Desde Génova llamaron a capítulo a Díaz Ayuso para que diera explicaciones sobre esos supuestos contratos irregulares, según publica este jueves El País y confirman fuentes del PP a elDiario.es. La reunión se produjo el 21 de octubre de 2021 convocada por el secretario general del PP, Teodoro García Egea. La presidenta regional se habría limitado a responder que si tenían alguna sospecha que preguntasen a su hermano, Tomás Díaz Ayuso.
En el PP no dudan de las “irregularidades” de ese contrato a un amigo próximo a la familia de Ayuso, aseguran diferentes fuentes, que creen que las informaciones que estallaron este miércoles en diferentes medios de comunicación se deben a una “filtración” por parte del equipo de Ayuso para intentar contrarrestar y controlar que pudiera perjudicar a la presidenta si salía a la luz que efectivamente Tomás Díaz Ayuso se llevó una comisión por ese contrato. Una voladura controlada de un escándalo que, más tarde o más temprano, iba a poner en serios aprietos a la presidenta de Madrid.
El periódico El Mundo ha publicado que la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid encargó un presupuesto (que no llegó a pagar) a una empresa de detectives para investigar las cuentas corrientes de Tomás Díaz Ayuso. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha comparecido a primera hora de este jueves para dar explicaciones sobre ello. Según su versión, tras recibir un primer aviso de que un trabajador de una empresa municipal se reunió con un detective, el consistorio puso en marcha una investigación interna. “Hechas las averiguaciones concluimos que el detective niega la reunión, el trabajador niega la reunión, que no hay ningún contrato y que por tanto no se ha podido producir ningún encargo ni pago para obtener información de esa naturaleza”.
Almeida ha reconocido que no avisó a la dirección del PP –de la que forma parte porque es portavoz nacional– ni a la propia Ayuso. Cuando ha sido preguntado por las supuestas irregularidades del contrato, ha evitado contestar y ha dicho que comparecía únicamente para “que no haya duda o sospecha sobre el Ayuntamiento o sobre empresas del Ayuntamiento de Madrid”.
El contrato en cuestión al amigo de la familia Díaz Ayuso se adjudicó sin concurso público el 1 de abril de 2020, aprovechando los procedimientos de urgencia del primer estado de alarma. Priviet Sportive SL se dedicaba al negocio textil y ganadero, y no tenía ninguna experiencia previa en el sector sanitario ni tampoco había trabajado antes con la Comunidad de Madrid. Esta adjudicación por el procedimiento de urgencia es la primera y única relación contractual entre esta empresa y la administración regional. Cuando elDiario.es investigó este contrato, el acceso al mismo estaba oculto: no aparecía en el buscador del Portal de contratación de la Comunidad de Madrid, un hecho que no fue subsanado hasta que esta redacción preguntara expresamente por esta adjudicación a la Consejería de Sanidad.
A raíz de esta información de elDiario.es, El Mundo y El Confidencial publicaban este miércoles que personas cercanas al PP nacional intentaron averiguar si el hermano de Díaz Ayuso se había llevado una comisión a cambio de ese contrato a dedo de 1,5 millones de euros a su amigo. El Mundo asegura que la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid –que depende del Gobierno de Almeida– encargó en el mes de diciembre un presupuesto que no llegó a pagar a la empresa de detectives Grupo Mira, para investigar las cuentas corrientes de Tomás Díaz Ayuso, sus declaraciones de IVA y también la facturación de Priviet Sportive, la empresa que se llevó el contrato.