La directora de una residencia donde murieron 44 personas, en la Asamblea de Madrid: “He vivido una guerra sin medios y me siento juzgada como una asesina”

Los diputados de la Asamblea de Madrid han vuelto a escuchar cómo fueron las peores horas en las residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia. La directora del centro de mayores Amavir de Alcorcón, Lidia Sánchez, ha recordado cómo vivió junto a sus trabajadores aquellos días de marzo y abril, en los que trabajó sin descanso durante 65 días, según ha relatado este viernes en la Comisión de Investigación sobre la gestión de residencias durante la pandemia. 

Sin medicalizar, con las derivaciones bloqueadas y sin una coordinación con la Consejería de Sanidad ni la de Políticas Sociales. Así ha recordado durante casi dos horas de comparecencia cómo evolucionó el virus en el centro de mayores que gestiona, que registró 44 bajas, según los datos aportados por la Comunidad de Madrid a través de una petición de información de elDiario.es. 34 fallecieron en la residencia y diez en el hospital, de todos ellos 19 fueron víctimas de Covid (tres fueron casos confirmados y 16 sospechosos).

Más allá de la experiencia profesional, también ha querido lanzar un alegato en defensa de la labor que se realizó en las residencias durante la pandemia, asegurando que estuvo trabajando 15 horas al día sin descansar ninguna jornada a los largo de 65 días. “Siento que he vivido una guerra, donde no he tenido medios, donde he sido juzgada de antemano como asesina, que he acumulado muertos”, ha comenzado planteando, “a pesar de todo lo luchado, de todo lo llorado”. “Yo no abracé a mis hijos durante más de 70 días por miedo a contagiarles mientras escuchaban en los medios de comunicación que acumulábamos a los muertos”, ha apuntado la directora de este centro, con plazas concertadas. Ante esa percepción se ha preguntado: “¿Quién creen que trabajan en residencias?”.

Comunicó a los familiares los problemas en las derivaciones hospitalarias

La paralización de las derivaciones finalizó el 9 de abril, después de que Sánchez enviase un correo electrónico a los familiares de sus residentes exponiendo la situación crítica que estaban viviendo algunos usuarios que necesitaban una atención hospitalaria urgente. “Os voy a pasar un listado de personas que deben en este momento recibir atención hospitalaria, si en un tiempo razonable a lo largo del día de hoy no vienen ambulancias a buscar a mis residentes empiezo a llamar familias”, explicó en esta comunicación, que fue adelantada por El País.

Sánchez fue consciente el 13 de marzo del bloqueo de la atención sanitaria a los residentes, tras intentar derivar a un residente durante todo el día. “Al llamar al 061 nos dicen que las derivaciones tienen que ser a través del servicio de geriatría del hospital. Nos ponemos a buscar el nombre de la geriatra, no lo conseguía”, ha comenzando planteando sobre el momento en el que le comunicaron que los traslados estaban paralizados. Finalmente, a las diez de la noche consiguió dar con el geriatra de Móstoles. En ese momento, este profesional le planteó que ese pacientes “no tenía justificación para ser derivado a un hospital”.  La situación se prolongó hasta el el 31 de marzo, cuando consiguió derivar al primer paciente, aunque no fue hasta el 9 de abril cuando se produjo un fluido traslado de los mayores que Sánchez había enumerado en el correo que envió a los familiares. Hasta entonces, el mensaje que se le lanzó desde la sanidad madrileña fue que la asistencia sanitaria “no era algo planteable”. La justificación aportada en ese momento por sus interlocutores sanitarios fue: “Es mejor que fallezca en una residencia con vosotros a que fallezca en un pasillo del hospital”.

Las pruebas también llegaron tarde, a pesar de que eran fundamentales para aislar y sectorizar el centro, y de esta forma contener el virus. La primera petición de test se realizó el 15 de marzo, sin embargo hasta trece días después, el 28 de marzo, no consiguieron la primera prueba de PCR para conocer que el virus ya estaba dentro.

“Nadie nos preguntó si necesitábamos ayuda”

A la falta de medios se sumó la 'medicalización' fallida anunciada por la Comunidad de Madrid y la falta de coordinación de estos centros con las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales. Preguntada sobre su relación con estos dos departamentos autonómicos, Sánchez ha asegurado que no ha existido más allá de los protocolos que les enviaban y una llamada diaria que realizaba un inspector. “Nos llegaban indicaciones de lo que debíamos hacer pero nadie nos preguntó si necesitábamos ayuda”, recuerda, en alusión a la atención prestada por la Comunidad de Madrid mientras el virus azotaba a sus residentes, sin que tuviesen capacidad ni medios para detectar qué residentes estaban contagiados y cuáles no. “Por cifras nos han preguntado muchísimo, por lo que necesitábamos, más bien poco”, ha añadido.

En su intervención en la Asamblea de Madrid, la gerente del centro Amavir de Alcorcón ha agradecido las llamadas realizadas por el inspector, aunque ha reconocido que este profesional autonómico no pudo “hacer mucho” por ella. Esa interlocución terminó desapareciendo y pasó a ser una relación que se limitó únicamente al correo electrónico. Ante este procedimiento, la compareciente considera que la atención correcta debería haber sido “presencial” para comprobar el relato de que se hacía por teléfono o por mail desde la residencia. “Yo le podía contar que todo era maravilloso y estar hundida en la miseria. Yo le conté que estaba hundida en la miseria”, apunta. 

Protocolos contradictorios

Otro de los asuntos que se ha tratado ha sido la polémica 'medicalización' anunciada por la Comunidad de Madrid, que terminó siendo un proyecto fallido que se ha conocido como “Operación Bicho”. Esta estrategia consistió en contratar a una empresa sin apenas estructura que reclutó a tres médicos venezolanos residentes en España con una visa de estudiante y a los que no se dio de alta en la Seguridad Social, como publicó elDiario.es. “No, no se medicalizó en ningún momento”, ha explicado Sánchez, después de que el diputado de Más Madrid Emilio Delgado le haya consultado si la Comunidad de Madrid les aportó más medios para facilitar una atención sanitaria en la propia residencia. 

Finalmente, esta gestora ha reconocido que las instrucciones que se emitían desde diversas instituciones, tanto autonómicas como estatales, eran contradictorias: “Nos llegaban de varios lados”. “Era muy difícil ponerse a leer protocolos cuando la gente se estaba muriendo”, ha reconocido, para destacar posteriormente que la información “era excesiva” cuando todos los trabajadores de su centro estaban “intentando salvar vidas”. 

En la Comisión también ha comparecido la presidenta de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE), Pilar Ramos, que ha aprovechado su intervención para pedir a los diputados que se empiece a “apoyar y valorar el cuidado de los mayores”. Ramos ha compartido la percepción de Sánchez sobre el trato mediático que han recibido los gestores de este sector, que califica como “barbaridades”. “Ha sido vergonzoso, la gente ha estado renunciado a sus familias, viviendo en las residencias, en la mayoría de casos han dado todo”, ha apuntado. 

En su intervención, la portavoz de la patronal ha destacado que la coordinación de los centros con la Comunidad “fue un desastre” . Aunque asegura que ha tenido constancia de los protocolos enviados por la Comunidad para bloquear la derivación de ancianos, también ha advertido que tiene dudas sobre la gestión de la atención sanitaria, en un momento en el que los hospitales estaban saturados. “Como ciudadana española diría que no es ético”, ha comenzado respondiendo, aunque ha ido aportando matices, para continuar explicando que “muchos mayores [con alzheimer] estuvieron en Ifema deambulando y nadie sabía cómo se llamaban”. “¿Es más digno ser derivado a Ifema? No me atrevo a decirlo”, ha recalcado.

Si tienes información sobre la situación en las residencias de ancianos durante la pandemia, escríbenos a pistas@eldiario.es.