Desde el pasado sábado los que pasan por la madrileña calle de Argumosa, en pleno barrio de Lavapiés, es imposible que no vean los enormes carteles que cuelgan de la fachada del número 11: “Proindivisos nos quita los pisos; #no nos vamos; Argumosa 11 se queda” o “¡Vecina, despierta! Especulan en tu puerta #nos quedamos” o “El barrio para quien lo habita, fuera buitres de nuestro barrio”. Es el grito de socorro de la casi veintena de inquilinos que en los últimos meses han recibido cartas de la nueva empresa propietaria del edificio, Inversión en Proindivisos S. L., anunciándoles de que sus contratos no serán renovados, algunos con más de 20 años de antigüedad, y que deberán abandonar sus casas según se vaya venciendo a lo largo de este año.
En noviembre, llamaron a sus puertas dos representantes de la nueva propiedad ofreciendo a los inquilinos 2.000 euros si dejaban el piso vacío en dos meses. Según explican los vecinos, solo se fue uno. Tres más tuvieron que dejar sus casas a principios de este año al finalizar sus contratos. Desde entonces estas cuatro viviendas están tapiadas. El resto de afectados está a la espera de que finalice su contrato pero con la incertidumbre de que el tiempo va pasando y no encuentran una casa por la zona que se puedan costear.
Es el caso de Teresa Sarmiento, de 68 años, quien lleva viviendo casi dos décadas en la casa y pagando un alquiler de 320 euros que se ha ido actualizando con las subidas del IPC. “Con una pensión no contributiva de 400 euros no encuentro, ni compartiendo piso, un alquiler en la zona que pueda pagar”, explica. De ahí que vea como una ventana de optimismo el apoyo que los vecinos están recibiendo de distintas entidades vecinales y sociales. Convocados por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el colectivo vecinal Lavapiés ¿dónde vas? y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Centro Madrid, medio centenar de personas se acercó el sábado hasta el inmueble para elaborar las pancartas y carteles que desde ese mismo día cuelgan en la fachada.
Un edificio “en lucha”
“Argumosa, 11 es ya un edificio en lucha”, afirma Javier Gil, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas, quien explica que era muy importante que los vecinos se organizaran y visibilizaran lo que les estaba ocurriendo. Gil cuenta que desde el colectivo se pusieron en contacto con Inversión en Proindivisos S. L. y que lo que les explicaron es que querían el edificio vacío para reformar las viviendas y ponerlas en “alquiler a precio de mercado”. Cuando les preguntaron que por qué no negociaban con los actuales inquilinos, lo que les respondieron fue que “tenían un perfil que no podía permitirse” esa renta. eldiario.es ha llamado esta semana en repetidas ocasiones a la empresa propietaria pero sus responsables nunca estaban disponibles, según explicaba quien respondía al teléfono.
La semana pasada los vecinos del inmueble, un edificio de cuatro plantas con 33 de viviendas, mantuvieron una reunión en el portal con el Sindicato, que si bien al principio no eran muchos los asistentes, los habitantes del inmueble se fueron quedando según llegaban para interesarse por lo que podían hacer. Se interesaron incluso algunos de los vecinos de renta antigua, unos siete, muchos en edades muy avanzadas, alguno nacido en el edificio, a los que no les ha llegado ninguna notificación. “Ellos también se están empezando a dar cuenta de que también les va a afectar”, explica Teresa. Esta vecina relata cómo uno de estos inquilinos ha tratado de pagar su renta anual, como hace desde hace décadas, y en la oficina de la empresa propietaria le han dicho que no tenían aún listos los recibos. “Eso es algo que antes no pasaba”, afirma la mujer.
“A los inquilinos de renta antigua saben [la propiedad] que no los pueden tocar y lo que harán será vaciar el resto de casas, empezar las obras, crear problemas de convivencia y esperar a que se vayan con indemnizaciones ridículas”, afirma Javier Gil, quien explica que es lo que han visto en casos parecidos. Su trabajo, explica, será presionar para que la empresa propietaria se reúna con los vecinos y lograr negociar unos alquileres ajustados a sus rentas. Hasta ahora, según afirman varios de los afectados, la arrendadora no ha querido hablar con ninguno de ellos.
“Es una actitud agresivo pasiva”, afirma María, inquilina de 30 años, que prefiere que no salga su apellido. Y explica que ha visto a personas midiendo dentro del edificio para ver dónde se podía colocar un ascensor. Ella apenas lleva viviendo en el edificio desde septiembre. Paga 320 euros por una habitación en un piso que comparte con otras cuatro compañeras. “Es un bloque amable y cuando entré a vivir sabías que no te estaban estafando”, explica esta psicóloga que hace así referencia a todos los pisos y habitaciones que vio antes de llegar a este, con orden de desalojo en agosto. “Yo no me quiero marchar porque me gusta el barrio y quiero quedarme aquí pero en mi caso pues hasta podría empezar en otro lado, pero la gente que lleva aquí viviendo 20 años y que ahora con 70 años les hacen marcharse, sin lugar a dónde no tiene nombre”, afirma la joven.
“En este edificio nos conocemos todos, tenemos una red”, afirma Josefa, viuda y quien lleva 19 años en el inmueble. Prosigue: “Tengo el teléfono de las hijas de mi vecina que es muy mayor y el otro día me avisaron de que se había caído y pasé a ver cómo estaba, nos ayudamos unos a otros”. Explica que desde que recibió la carta de que debía dejar su casa, en su caso en mayo, ha estado buscando un alquiler que se pueda costear y no encuentra nada por el barrio. “900 euros por un estudio de apenas 30 m² es un atraco legal”, afirma.
Fuentes municipales señalan que en el Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena están al tanto de lo que está ocurriendo en Argumosa, 11 y que se está convocando una reunión con los afectados para “conocer posibles problemáticas concretas”. Añaden: “Más allá de la gravedad de esta situación que afecta a un edificio completo, somos conscientes de que se trata de un fenómeno que viene dándose de manera continuada aunque sea en casos aislados desde hace meses, por lo que estamos estudiando y tomando posibles medidas desde las competencias municipales”.