El Gobierno de Cristina Cifuentes repartió entre tres empresas más de cuatro millones de euros sin concurso público para que limpiaran los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid. El dinero se adjudicó a través de 505 pequeños contratos troceados y acumulados el primer día del mes entre octubre de 2016 y mayo de 2017. Los datos provienen de un análisis a partir de todos los contratos menores tramitados entre 2015 y 2017 y publicados en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid.
La empresa Iss Facilities firmó 98 contratos el mismo día con la administración por un valor total de 950.000 euros. Ese mismo 1 de octubre de 2016, Garbialdi, otra compañía de limpieza, firmó 22 por 211.000 euros y Limpiezas y Servicios Salamanca, 13, que sumaban 155.000. El mismo esquema se repitió los primeros de cada mes hasta mayo de 2017. En todos los casos se fragmentaron para poder tramitarse por un procedimiento de adjudicación directa, sin concurso ni publicación en los boletines oficiales. Este proceso solo puede emplearse cuando el importe es igual o inferior a 18.000 euros.
Fuentes de la Consejería de Educación enmarcan esta adjudicación de grandes cantidades a través del troceo, un procedimiento irregular, en una situación “puntual y excepcional”. Según los datos analizados por eldiario.es, se produjo en el periodo que va de octubre de 2016 a mayo de 2017, justo después de que la justicia anulara el concurso público convocado para adjudicar el servicio de limpieza de los colegios e institutos de Madrid.
El Tribunal Administrativo de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid obligó al Gobierno regional a suspender los pliegos porque el presupuesto ofrecido era “insuficiente” y no se ajustada “a los precios de mercado”. Con el importe de licitación, dice el acuerdo fechado en 16 de noviembre de 2016, no era posible cubrir los costes laborales. “El desequilibrio económico puede ocasionar un grave perjuicio para el interés público ya que aumentan significativamente las posibilidades de ejecuciones inadecuadas de las prestaciones objeto del contrato”, reza el documento que anula el concurso.
Ante esta situación, la Consejería de Educación decidió prorrogar los contratos anteriores durante dos años en algunos colegios –agrupados en lotes– pero en otros dio la relación contractual por finalizada y los siguientes pagos se hicieron a través de contratos menores. Estos contratos no se dieron automáticamente a los adjudicatarios de los lotes que no se habían prorrogado: Limpiezas Crespo prestaba el servicio en los centros incluidos en los lotes 6,8 y 11, y no firmó más contratos. Esos colegios e institutos empezaron a ser limpiados, en su lugar, por Garbialdi y Limpiezas Salamanca, según los datos analizados por eldiario.es.
Fuentes de la cartera no explican por qué se prorrogaron solo algunos lotes. Recurrir a estirar los contratos, con base al concurso anterior y en las mismas condiciones, es habitual en la Administración cuando se dan problemas de este tipo; o cuando los concursos quedan desiertos.
La Consejería de Educación asegura que, pese a que la tramitación fue por contratos menores, se solicitó presupuesto a seis empresas. “Las seis eran empresas que ya habían prestado el servicio en estos centros en contratos precedentes. Y las tres adjudicatarias fueron las que presentaron las ofertas más ventajosas”, apuntan fuentes de la Consejería.
Pedir oferta en estos procedimientos no es obligatorio aunque algunas administraciones lo hacen. “Sigue siendo trocear contratos de gran importe pero al menos no se les puede acusar de favoritismos si las ofertas se han plasmado por escrito”, explica José María Gimeno Feliu, catedrático en Derecho Administrativo y presidente del Observatorio de Contratación Pública.
eldiario.es ha contactado con las tres empresas que firmaron estos contratos. Iss Facilities no ha querido hacer declaraciones, Garbialdi no ha respondido al cierre de este artículo y Limpiezas Salamanca asegura que los contratos “se hicieron conforme a la ley”.