La PAH de Madrid termina de dividirse tras la llegada de Carmena al Ayuntamiento

La PAH Madrid se ha roto tras muchos meses de tensiones. La división interna ha terminado de partir en dos a una plataforma que ya venía arrastrando diferencias desde 2012. Para ser más exactos, una parte ha expulsado a otra con la aprobación de la Coordinadora de Vivienda de la Comunidad de Madrid –que agrupa a todos los colectivos de la región–, según hacen constar en un documento que están distribuyendo por las PAH de España, al que ha tenido acceso eldiario.es.

Según el mismo documento, la Coordinadora creó una Comisión de Mediación para resolver las tensiones que concluyó su tarea con una propuesta de resolución en la que consta que los dos sectores no pueden considerarse el mismo colectivo al estar “rota la coordinación entre las partes”.

El sector escindido “se ha saltado consensos y ha traspasado líneas rojas desde hace tiempo”, dicen desde la Coordinadora. El conflicto viene de lejos y tiene su origen en la polémica sobre cómo la PAH se ha relacionado en Madrid o Barcelona con diferentes fuerzas políticas como IU primero y luego Podemos, Ahora Madrid o Barcelona En Común a los que han ido perteneciendo durante este tiempo varios de los activistas más reconocidos del movimiento como Ada Colau, Rafa Mayoral, Irene Montero, Feli Velázquez, Lucía Lois, Gala Pin o Chema Ruiz.

Estas diferencias históricas se han escenificado en los últimos meses en Madrid con las posturas sobre la Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH), un servicio público creado por el gobierno municipal en el que participan, por un lado, trabajadoras sociales y auxiliares administrativos en la primera línea de atención y, por otro, la Fundación Notarial Signum. Es decir, los notarios encargados de la intermediación directa con el banco y relacionados con la OIH a través de un convenio de colaboración.

Hay consenso en la queja de que “sean los notarios quienes llevan esto porque son parte abusante de la estafa” y de la falta de participación de los afectados en los procesos de negociación. Pero el sector escindido va más allá, acusa a la alcaldesa de “traición” y pide el cierre de la oficina porque, tal y como está planteada, “no es eficaz”.

“Traición” o diálogo optimista

Nieves, perteneciente a esta parte escindida, asegura que “no entiende muy bien el motivo” y que la ruptura “está ocasionando confusión entre los afectados. ”Están más inseguros al negociar porque piensan que al no ser considerados ya como PAH no les van a tomar en serio“, explica en conversación con eldiario.es. Este grupo acusa a sus excompañeros de estar más próximos al Gobierno municipal ahora que hay ”un ayuntamiento amigo“. ”Desde la PAH siempre hemos intentado luchar por el derecho a la vivienda reivindicando a quien corresponda, y si es el ayuntamiento nos da igual el color“, sostiene.

Las divergencias en la plataforma son solo un añadido a las tensiones entre los grupos de vivienda y el equipo de gobierno de Manuela Carmena. El programa electoral de Ahora Madrid, dicen en general todos los activistas, había colocado el listón alto: poner todos los recusos para parar los desahucios de primera vivienda, crear un censo de casas vacías de grandes entidades y empresas, recuperar los inmuebles vendidos a fondos buitre...

Las negociaciones del Ayuntamiento de Madrid con el movimiento de vivienda comenzaron apenas un mes después de las elecciones. Desde entonces la Coordinadora de Vivienda de Madrid se reúne casi mensualmente con la concejala Marta Higueras con un objetivo que parece común: encauzar las políticas para dar las mejores y más rápidas soluciones a las familias expulsadas de su casa o con una fecha de desahucio inminente. Cómo conseguirlo está costando algunas tensiones.

Adolfo Izquierdo es uno de los activistas de la PAH miembro de la Coordinadora de Vivienda de Madrid y que acude a las reuniones con el Ayuntamiento. Asegura que la OIH cambiará en los próximos meses su nombre y empezará a intermediar también casos de alquiler (hasta ahora solo atiende y asesora). “Estamos llegando a un acuerdo con el equipo para trabajar de otra manera”, dice. De parte del Ayuntamiento, apunta Izquierdo, se ha propuesto poner en marcha una mesa de trabajo con los bancos y la PAH y crear un Consejo de Vivienda como órgano consultivo con decisiones no vinculantes.

Qué ha hecho el Ayuntamiento

La concejala Marta Higueras ha evitado hacer declaraciones públicas sobre la PAH. Fuentes cercanas a la número dos de Carmena se limitan a decir que las “negociaciones están en curso, aunque aún no hay nada cerrado”. Sobre las críticas a la OIH, aportan los datos: hasta el 8 de abril se habían abierto 385 expedientes, de los cuales se cerraron con acuerdo o están “encauzados” 173. De ellos, una gran parte terminaron con la reestructuración de la deuda (34%). En el 12% se logró la dación en pago (dar la casa a cambio de la deuda) y en el 11% la dación y el alquiler social.

No hay cifras precisas de los desahucios que se han producido en la ciudad de Madrid en ese período. Para hacernos una idea, en la agenda de la Coordinadora de Vivienda de la última semana figuraban cuatro lanzamientos que, según informaron por Twitter, se consiguieron parar. En pocos casos, reconoce la PAH, “hay que resistir pacíficamente en la vivienda porque se para antes a través de una negociación con la otra parte”. Aunque en los que sí, la Policía Municipal ya no interviene activamente. “Van al lugar y se mantienen fuera. Paran el tráfico si fuera necesario...”, asegura Adolfo Izquierdo.

Manuela Carmena apartó a los agentes de estas funciones el año pasado y se comprometió también a frenar todos los desahucios de viviendas de titularidad municipal, es decir, de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS). Los grupos de vivienda confirman que ha cumplido su palabra. La recuperación de inmuebles vacíos de grandes entidades para el parque público, otro punto de su programa electoral, se ha traducido hasta el momento en la cesión de 300 pisos de la Sareb, de los que 150 están ocupados irregularmente, según fuentes de la EMVS.

La ocupación ilegal es precisamente otro punto caliente en la relación entre la PAH y la alcaldesa. La primera edil se comprometió hace unos meses a regularizar la situación de las familias que ocuparan viviendas vacías en precario si llevaban más de dos años en ellas y cumplían con los requisitos de renta exigidos. En el borrador del nuevo reglamento de adjudicación de viviendas de la EMVS, sin embargo, cierra la puerta a que soliciten una casa si están ocupando un piso protegido. La voluntad, se escudan fuentes del Consistorio, es “estudiar las circunstancias personales de cada familia aceptada”, aunque puntualizan que “no se regularizará cualquier ocupación ilegal porque sí”.

La herencia recibida: la deuda y los fondos buitre

El Ayuntamiento de Madrid tiene que lidiar, además, con dos problemas heredados del gobierno de Ana Botella (PP). El primero, vinculado con unos convenios para construir, le obligó a inyectar la semana pasada 17 millones de euros imprevistos a la EMVS para tapar un agujero creado durante la etapa del PP. Esta ampliación de capital “no afecta en absoluto a la previsión de obra nueva para 2016” (770 viviendas), dicen fuentes de la empresa pública, que no concretan si frenará o retrasará la construcción de las 3.600 previstas en todo el mandato.

La otra bomba de relojería tiene que ver con la venta ilegal en 2013 de 1.800 viviendas protegidas a fondos buitre. El Gobierno municipal podría encontrarse en meses con centenares de desahucios de inquilinos que vivían en régimen de alquiler en los pisos cuando eran públicos y no pueden hacer frente a los precios (con subidas paulatinas de hasta el 43% en tres años) que imponen la filial de Blackstone (Fidere) para renovar los alquileres.

El consistorio ha pedido de momento al fondo de capital riesgo que paralice los desalojos y asume que no tienen recursos “para alojar a los afectados si hay una salida masiva”. La reversión de la venta, reconocen fuentes de la EMVS, “es muy difícil”. “Buscamos cualquier resquicio” para revertir la operación pero, advertía la concejala Marta Higueras, “cualquier proceso judicial llevaría ocho o 10 años”.