Seis de cada diez alumnos en Madrid han presenciado violencia verbal por orientación sexual o identidad de género y un 7 % ha visto violencia física por este motivo en el recinto donde estudia, según un estudio realizado con 5.605 estudiantes de 39 centros educativos de la Comunidad de Madrid difundido este jueves.
El sondeo, de los años 2014 y 2015, es parte del informe Seguros en la escuela: Respuestas del sector educativo a la violencia por orientación sexual, identidad/expresión de género y características sexuales en Europa publicado por el Consejo de Europa y la Unesco.
Ese análisis, que de España se centra en la comunidad madrileña, destaca que el país prohíbe específicamente ese tipo de discriminación en la educación y cita la ley madrileña de derechos LGTBI, que obliga a escuelas públicas y privadas a aplicar políticas de lucha contra el acoso escolar y a educar en la diversidad. Menciona la Oficina de apoyo a la comunidad LGTB (lesbianas, gais, bisexuales y/o transgénero) creada por la Universidad Complutense en 2017 y que ofrece asistencia a estudiantes que desean cambiar su nombre y sexo en el registro.
De los 47 países del Consejo de Europa, España es uno de los 21 en los que se puede acceder a alguna formación en identidad sexual y de género. Según las dos organizaciones, los países deben responder a la violencia por razones de identidad sexual, “que ocurre en toda Europa y tiene muy pocas denuncias educativas”. “Las autoridades del ámbito educativo deben intensificar las medidas para crear un ambiente seguro para los menores y prevenir el impacto negativo sobre la salud y los resultados de los estudiantes”, dice el informe.
Esa violencia puede ser psicológica, física o sexual y se da en la escuela, sus alrededores e Internet. Afecta a la salud mental y física de las víctimas y lleva a la ansiedad, depresión, esfuerzos por ocultar la identidad, autolesiones e intentos de suicidio. “Es probable que las víctimas tengan una motivación más baja, peores calificaciones, absentismo o expulsión escolar y, a largo plazo, riesgo de experimentar dificultades económicas”, incide el estudio.