Un ex alto cargo de Ayuso descarga en los médicos la decisión de no hospitalizar ancianos enfermos durante la pandemia

Carlos Mur, director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de la pandemia, ha abandonado los juzgados de la capital sin hacer declaraciones y entre gritos de “¡Asesino!” de varias decenas de familiares de ancianos fallecidos en residencias durante la primera ola de 2020. Como testigo, ante el juez que investiga estos fallecimientos en varios centros de Madrid, Mur ha descargado en los propios facultativos la decisión de derivar o no a ancianos a hospitales. El protocolo que les envió la Comunidad de Madrid, ha dicho, no era obligatorio, aunque dos geriatras de sendos hospitales han declarado también para afirmar que sí era su documento de referencia.

Mur ha comparecido en el juzgado de instrucción número cuatro de la Plaza de Castilla, uno de los que investiga el fallecimiento de decenas de ancianos en dos residencias de la capital, la Amavir de Arganzuela y la residencia Adolfo Suárez de San Blas. Recientemente otro juzgado, de la localidad de Collado Villalba, ha reabierto otra causa en torno a una residencia de Torrelodones y ha llamado también a Mur a declarar pero con el objetivo de decidir si se puede responsabilizar, entre otros altos cargos, a Isabel Díaz Ayuso.

Hoy en el juzgado, según ha explicado el abogado de la acusación Andrés Ollero, Mur ha reiterado que los protocolos de emergencia puestos en marcha en marzo de 2020 no eran obligatorios y que su aplicación, en última instancia, dependía de hospitales, residencias de ancianos y sus geriatras. Protocolos que en la práctica impidieron la hospitalización de miles de ancianos que fallecieron en las residencias.

Ante el juez, este exalto cargo del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha justificado que los protocolos respondían a la necesidad de dar información a los geriatras “que estaban preguntando que qué pasaba con las derivaciones, también cuando pedían material o sanitarios”. Mur, según su testimonio, ha definido la situación “como una ola” y ha destacado la necesidad de establecer esos protocolos “para que no pasara lo que pasó en Italia donde había cuatro enfermos y un respirador, el protocolo estaba diseñado para evitar eso”.

El exalto cargo de la Sanidad madrileña ha incidido en que el protocolo “no era de obligado cumplimiento”. Ha declarado, por tanto, en la línea de lo afirmado en anteriores comparecencias públicas, como cuando fue llamado a la fallida comisión de investigación que albergó la Asamblea de Madrid y señaló a sus superiores y su sustituto.

Dos geriatras, de dos hospitales públicos de referencia de las dos residencias investigadas, han comparecido para reconocer que no recuerdan ningún caso en particular, pero han afirmado que el protocolo era su documento de “referencia”, ha explicado Ollero. “Analizaban caso por caso con el protocolo encima y decidían quienes eran trasladados y quiénes no en función de las patologías que tuvieran”, ha añadido el letrado. Uno de los geriatras ha hablado de “medicina de guerra”.

Carlos Mur fue cesado por Ayuso en mayo de 2020 después de ocho meses en el cargo de director general de coordinación sociosanitaria. Fue el responsable de firmar las órdenes de Sanidad en marzo de ese año que impidieron el traslado de residencias a hospitales de miles de ancianos que terminaron falleciendo en estos geriátricos. Unos protocolos que ahora investigan varios juzgados de Madrid, que han sido avalados por el Tribunal Superior de Justicia y que provocaron la dimisión de Alberto Reyero, entonces consejero de Políticas Sociales.

Desde entonces, tanto en intervenciones públicas como en un libro, Reyero ha criticado en varias ocasiones estos protocolos y ha testificado en varias causas judiciales para mostrar su criterio contrario a esta decisión remitida a hospitales y residencias en marzo de 2020. Junto con Mur, está llamado a declarar el próximo mes de noviembre por el juzgado de Collado Villalba que ha abierto una investigación de cara a explorar posibles responsabilidades penales de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.