Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid hasta octubre de 2020, ha comparecido este jueves como testigo ante el juez que investiga los protocolos que impidieron derivar a miles de ancianos enfermos de COVID desde residencias hasta hospitales para su tratamiento. Dentro del juzgado, según ha explicado él mismo, ha reiterado que se opuso por escrito a este protocolo el 22 de marzo de ese año.
“He tenido la ocasión de retrotraerme a hace tres años, al día 22 de marzo en el que me opuse por escrito, hablé de las consecuencias que tendría la aplicación de ese protocolo, creo que eso ha quedado muy claro”, ha dicho a preguntas de los periodistas a la salida del juzgado. La mayor parte de las preguntas del juez, explica, han girado en torno a estos protocolos: “He insistido en que los protocolos no se entiendan por sí mismos, sino relacionados con la ausencia de medicalización de las residencias, la no derivación a plazas privadas o a IFEMA”, ha dicho.
Sobre las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, deseando su imputación en este proceso, Reyero ha lanzado un reproche. “Demuestra bastante desconocimiento jurídico, no le deseo a nadie la imputación, si pienso que alguien debería estar imputado lo que haría sería querellarme, pero forma parte de ese lenguaje bélico que utiliza la presidenta y que no va a ningún sitio”, ha dicho. “Yo lo que quiero es que se esclarezca la verdad y que las personas responsables, si las hay, que al final respondan por las cosas que hayan hecho de manera incorrecta”.
El exconsejero por Ciudadanos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sido citado para testificar por el juzgado que investiga los protocolos puestos en marcha por la Comunidad de Madrid para decidir sobre traslados de ancianos desde residencias hasta hospitales durante lo peor de la primera ola de COVID. Junto con él también ha sido llamado a declarar el firmante de los protocolos, Carlos Mur, entonces director general de coordinación sociosanitaria.
Este segundo testigo, según ha explicado a la salida el abogado de la acusación popular, ha reconocido que él no estaba de acuerdo con todo el contenido del protocolo y que estampó su firma para que los facultativos tuvieran un protocolo de la administración en el que apoyarse para tomar las decisiones médicas. Carlos Vilacalvo, abogado de Marea de Residencias, ha afirmado a la salida: “Lo mismo que hizo en la Asamblea, solo que ha reconocido que recibió un correo de Reyero el 22 diciendo que estaba en contra de las escalas de movilidad y problemas psíquicos”, ha explicado. Mur, según este letrado, ha reconocido que también estaba en contra, al igual que otros geriatras pero que firmó el documento “para apoyar a todos los médicos geriatras que estaban desesperados y necesitaban un apoyo de la Administración para tomar decisiones como estas”.
“Verdad y justicia para 7.291 fallecidos”
Reyero ha llegado a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid poco antes de las diez de la mañana mientras decenas de personas se concentraban a las puertas del edificio con gritos de “¡Ayuso dimisión!”. Han desplegado también una pancarta de Marea de Residencias en la que exigen “verdad y justicia para 7.291 fallecidos en residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid ”sin asistencia sanitaria“. Mur, por su parte, ha llegado media hora después y ha sido recibido con gritos de ”¡Asesino!“ por parte de las personas concentradas.
Una de las personas concentradas frente a los juzgados ha sido Mercedes Huertas, cuyo padre falleció en abril de 2020 en una residencia publica de Madrid. “Esperamos que la jornada de hoy nos abra una vía más. Con estas declaraciones hoy la Justicia empieza a tomarse en serio esa masacre que se produjo en las residencias”, ha denunciado. “Nadie nos escucha, es como que no existimos, ojalá a partir de hoy esto cambie, sería un gran respiro para las familias y la sociedad, no olvidemos que esto nos puede pasar a cualquiera”, ha añadido.