El exconsejero delegado de la EMVS que firmó la venta de VPO a un fondo buitre declara ante el juez como investigado
El exconsejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo que firmó la venta de 1.862 viviendas públicas al fondo buitre Magic Real Estate Blackstone en 2013 durante el mandato de Ana Botella (PP) ha declarado por primera vez ante un juez por esta operación. Su declaración se enmarca en la instrucción a raíz de la querella presentada por la asociación de afectados por la venta y el PSOE –a la que está también adherido el actual Ayuntamiento de Madrid–, reabierta por orden de la Audiencia Provincial de Madrid.
Tras Oslé ha declarado en el juzgado de instrucción número 38 de Plaza de Castilla la contraparte de ese contrato: el apoderado de Fidere (la empresa que gestiona las 18 promociones) que selló en nombre del comprador la operación. Ni uno ni otro han respondido a las preguntas del abogado de la parte querellante y se han limitado a contestar al juez y a sus propios letrados. La fiscal se ha ausentado de la sesión.
El exconsejero delegado ha asumido la “máxima responsabilidad” en las decisiones que se tomaron durante la operación, que la Cámara de Cuentas señaló como irregular. Un informe fechado en 2016 revelaba que el Ayuntamiento de Madrid facilitó información privilegiada a cuatro empresas (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de anunciar la operación públicamente el 3 de mayo de 2013.
Fermín Oslé ha afirmado ante el juez que nunca antes de la firma del contrato había visto a Alfonso Benavides. Sin embargo, el apoderado de Fidere sostiene que previamente habían mantenido varios encuentros para precisar los términos de la compraventa, según el abogado de la asociación de afectados, Mariano Benítez de Lugo.
El letrado ha avanzado en declaraciones a los medios que pedirá al juez que tome declaración a la exalcaldesa, Ana Botella, y a la que fue su Junta de Gobierno por la operación en la que se vendieron 1.860 viviendas sociales en 2013 al fondo de inversión 'Blackstone' y que gestiona a través de Fidere. “Voy a pedir que declaren los altos directivos de EMVS en ese momento, y después reclamaré la declaración de la Junta de Gobierno de Ana Botella”, ha resaltado Benítez de Lugo, que ha culpado a todos ellos de “la patochada de concurso en la que se vendieron las promociones: sin mesa de contratación ni pliego de condiciones”.
La Cámara de Cuentas refleja en su informe que la decisión de vender estas promociones se tomó “como poco entre el 12 de diciembre de 2012 y antes del 2 de abril de 2013”. En otras palabras, “no hubo concurrencia pública” a la hora de vender esa cartera de pisos sociales porque con cuatro fondos aspirantes ya disponían de información que nadie más tenía. De hecho, habían presentado ofertas antes de que el proceso fuese público.
A estas irregularidades señaladas por la Cámara aludió la Audiencia Provincial de Madrid cuando ordenó en octubre reabrir la investigación por la operación. De forma paralela, el Ayuntamiento de Madrid presentó una demanda ante el Tribunal de Cuentas contra la exalcaldesa Ana Botella, su Junta de Gobierno y el exconsejero de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, Fermín Oslé, “por un posible perjuicio a las arcas municipales”, donde se solicita que devuelvan 127 millones, el daño a las arcas municipales que cuantifican que se derivó de las operaciones con el fondo buitre Blackstone.
Oslé y Benavides fueron citados a declarar en la comisión de investigación abierta por el Ayuntamiento de Madrid para investigar la venta de viviendas protegidas. Ninguno acudió, de manera que este miércoles ha sido la primera vez que han tenido que dar explicaciones. En esta ocasión como investigados.
El exconsejero delegado ha dicho ante el juez que la EMVS informó a los inquilinos de que sus casas iban a cambiar de propietario, extremo que niegan los adjudicatarios de las viviendas sociales vendidas. Entre ellas está la presidenta de la asociación de afectados por la venta, Arancha Mejías, que ha manifestado la “importancia” de que Oslé y Benavides se sienten ante el juez como investigados “tras un vía crucis de muchos años”. “Si lo hicieron tan bien, no entiendo por qué no lo explican. El silencio es una manera de respuesta”, ha afirmado a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla.
