Los expertos coinciden en que la ayuda de Almeida de 150 euros para el alquiler subirá más los precios en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que impulsará una ayuda para el alquiler de 150 euros al mes para jóvenes menores de 35 años. El regidor la vende como una de sus medidas estrella para combatir los elevados precios de los arrendamientos que acusan a la capital y que tienen como una de sus consecuencias el retraso de la emancipación de los jóvenes.

Almeida hizo el anuncio este lunes en el foro inmobiliario 'Futuro del mercado de alquiler de la vivienda' organizado por Expansión, a la vez que reconocía que su iniciativa puede conllevar un riesgo y es que dicha ayuda “se traslade a una subida de la renta por parte del propietario”, aunque añadió el que consistorio vigilaría para evitar esa consecuencia. De este riesgo alertan también los expertos, que coinciden en señalar que las ayudas de este tipo “no solucionan el problema de la vivienda” y pueden acarrear subidas en los precios por parte de los propietarios. Lo mismo ocurre con la ayuda directa a la compra de vivienda.

A pesar de este peligro que el mismo Almeida reconoce como real, el alcalde reiteraba este martes su intención de poner en marcha la medida a partir de 2020: “Vamos a establecer esa línea de subvenciones a partir del año que viene que lo que pretende es ayudar a los jóvenes a que se puedan independizar”, aseguraba el primer edil de Madrid en una entrevista en Espejo Público. Este cheque-vivienda solo podrán solicitarlo los menores de 35 años que lleven al menos cinco años empadronados en Madrid como una forma, ha dicho, de “retener el talento”.

Almeida explicaba así esta cláusula discriminatoria para una parte de los jóvenes que residen en Madrid: “Se dice muchas veces que hay que atraer talento a Madrid y estoy de acuerdo, pero también tenemos que retener el talento de los jóvenes que tenemos en la ciudad para que se puedan independizar, por eso exigimos esos cinco años de empadronamiento”.

Fuentes del Gobierno municipal calculan que la medida beneficiará a 10.000 jóvenes con una inversión anual de 20 millones. Podrán acceder a la ayuda los jóvenes menores de 35 años que no tengan vivienda en propiedad además de los cinco años obligatorios empadronados en Madrid.

“Una medida con tinte social pero de alcance limitado”

La medida no convence a los expertos del sector. Es el caso del doctor en Economía, Juan Ramón Rallo, que cargaba este martes duramente contra la medida en sus redes sociales. Para Rallo, “la forma de retener talento no es subvencionando (con el dinero ajeno) la demanda de alquiler, sino permitiendo que aumente la oferta de vivienda para que bajen los precios”. “Con qué facilidad se gastan los políticos el dinero público”, criticaba el economista liberal.

Rallo, en declaraciones a eldiario.es, explica que la medida de Almeida solo fomenta la demanda y tendrá como consecuencia “la subida de los precios”. “Los 150 euros para los propietarios de viviendas en alquiler”. A su juicio, el problema del alquiler es un problema de oferta y demanda: “o reprimes la demanda o fomentas la oferta y esta ayuda fomenta la demanda que se traduce en incrementos de precios y el nuevo poder adquisitivo se va a ir a los propietarios”.

El diagnóstico de Julio Rodríguez, expresidente del Banco hipotecario y miembro de Economistas frente a la crisis, es idéntico en cuanto al incremento de las rentas: “Hacen que el arrendado del piso vaya a tener una ayuda, lo que va a dar lugar a que el propietario suba los precios”, indica. “Se trata de una medida que tiene un cierto tinte social pero que en el fondo tiene un alcance limitado”, añade Rodríguez.

El alcalde de Madrid, que alertaba del riesgo, defendía a su vez que desde el Consistorio vigilarán para que esta situación no se produzca. Pero según coinciden Rallo y Rodríguez se trata de un control “difícil” de practicar tanto porque la medida se dirige a un sector concreto, los jóvenes, como porque para ello debería crearse “un servicio de inspección” que acabaría “siendo gravoso”, señala Julio Rodríguez de Economistas Frente a la crisis.

“Es incontrolable absolutamente, incluso si existiera un control de los precios sería difícil, pero hacerlo con una ayuda limitada a un colectivo específico menos”, apunta Rallo.

Ana Sánchez, portavoz del sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid, considera que la medida “financia la burbuja del alquiler y la subvenciona”, aunque no se atreven a valorar hasta qué punto una iniciativa que califica de “parche” puede incidir en los precios. Para la portavoz de la plataforma es “imposible de controlar” si no existe una herramienta que regule los precios.

Las recetas para atacar las subidas de precios

El precio del alquiler de vivienda aumentó un 10% de media en España en 2018 y un 10,83% en Madrid. A lo que hay que sumar unos incrementos más acusados de las rentas del alquiler durante los cuatro años anteriores cuando el alquiler de la vivienda en la Comunidad de Madrid se incrementó un 27%, según un estudio de Fotocasa en 2018.

“El precio medio del alquiler se ha incrementado un 20% en los últimos cinco años como consecuencia de la mayor demanda en este mercado a raíz de la recuperación económica, la imposibilidad de acceder a la compra y el interés del inversor por las altas rentabilidades que ofrece la compra de vivienda para ponerla en alquiler. Esta subida es del 45% en comunidades como Cataluña o Madrid, donde los precios ya superan los máximos registrados en los años del boom”, explicaba esta misma semana Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa.

Para Ana Sánchez (Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid) la solución para frenar la “burbuja” de precios pasa la regulación de los precios del alquiler, una medida que se ha puesto en marcha en diferentes ciudades europeas, como Berlín, y que el anterior Ejecutivo de Manuela Carmena quería implantar, pero las competencias para poder hacerlo son estatales.

El primer edil de Madrid aboga por abordar el incremento de los precios del alquiler en la capital desde varios ámbitos: con estas ayudas pero también reforzando la seguridad jurídica para los arrendadores además de la de los inquilinos y promocionar nueva construcción con la colaboración público-privada con las constructoras. “Es esencial que nos pongamos a disposición de las promotoras”, “podemos levantar 15.000 viviendas en régimen de alquiler con precio tasado y cuadrar los números para que tanto Administración, promotoras y ciudadanos salgamos ganando”.

Con este último punto coincide el economista liberal Juan Ramón Rallo, que apunta a que el aumento de la oferta con la construcción de vivienda por parte del sector privado es la solución: “Para lograr que los precios bajen hay que fomentar la oferta y existe un gran abanico de opciones ideológicas que pasan por que sea el sector público o el privado, yo me inclino por el último”.

Pero para el expresidente del Banco Hipotecario de España Julio Rodríguez, la oferta se debe fomentar, pero a través de la construcción de vivienda pública que ofrezca alquileres sociales. “Por lo que plantea Almeida, da a entender que casi regalaría el suelo público a las promotoras privadas, y eso no resolvería el problema porque esta vivienda puede salir al mercado a un precio muy caro”. Además de la construcción de nueva vivienda pública con alquileres sociales, Rodríguez aboga por un convenio con los bancos y la Sareb, para que saquen al mercado a precios limitados viviendas que actualmente mantienen vacías.

En cualquier caso, aunque las recetas para solucionar el problema son múltiples, “y para todos los gustos ideológicos”, explica Rallo, para los expertos ninguna pasa por dar ayudas directas como propone el alcalde de Madrid. Como recordaba además esta semana el edil de Más Madrid, José Manuel Calvo, las ayudas computan como ingreso y en consecuencia lo harán en la renta: “Las subvenciones de este tipo tributan como un incremento patrimonial, lo que obligará a sus perceptores a tener que hacer la declaración de la renta al tener dos pagadores, por lo que parte de la ayuda se irá, vía impuestos, al Estado y a la propia Comunidad de Madrid”. A pesar de las críticas, de momento, Almeida mantiene su iniciativa.