Cuando le tocó hacer la mili, a Andrés Ramírez le pusieron a rapar quintos. El recluta le cogió el gusto al asunto y ya no paró. Hoy tiene 63 años y cierta fama como peluquero en San Fernando de Henares, donde van a verlo clientes de Alcalá de Velilla de San Antonio o de Azuqueca, según cuenta con un orgullo profesional que hoy se resquebraja. El local en el que lleva más de 30 años instalado está en el bajo de uno de los últimos edificios de San Fernando en agrietarse por los problemas en el suelo que causaron las obras de la línea 7B de Metro, inaugurada hace 13 años, sin que la Comunidad de Madrid haya conseguido todavía dar con una solución duradera.
Andrés, como muchos de sus vecinos, se despierta últimamente de madrugada y se queda en vela. Cansado, trabaja en tensión. Cada vez que un cliente le señala una grieta nueva en las paredes del local, se le hinchan las venas. Al contarlo, los ojos se le ponen vidriosos. “Cualquier día, reviento”, avisa.
La aprensión que siente Ramírez es común en los vecinos de la calles Rafael Alberti y La Presa, las últimas en las que se ha manifestado el problema que desde hace más de una década viene amenazando las viviendas del tramo de la línea 7B de metro entre las estaciones de San Fernando y Jarama, que no figuraban en los planos originales y que se decidió añadir, alterando el trazado, por empeño de Esperanza Aguirre, a la sazón presidenta del PP de Madrid y de la Comunidad, para que se estrenasen coincidiendo con las elecciones autonómicas de 2007. En el bloque de Ramírez hay unas 23 viviendas afectadas, pero en toda la localidad los afectados rondan los 200.
En una zona cercana al cauce de un río, donde por su composición se especula que pudo existir un mar interior, las tuneladoras facilitaron, pese a los informes geológicos que avisaban del peligro, la entrada de agua en el suelo, que ha ido socavando un terreno rico en yeso y amenazando los cimientos de múltiples viviendas. “Si hubiesen preguntado a la gente, ya les habrían dicho que esto está lleno de agua”, lamenta una de las afectadas, Eva Medina. Los problemas afectan a la propia línea, que casi todos los años -este también- tiene que cerrar varias paradas en verano por mantenimiento.
Levantados junto al complejo del antiguo colegio del Pilar, que hubo de ser desalojado y está hoy en estado ruinoso por culpa de la alteración del suelo, estos bloques habían tenido relativa suerte hasta ahora. Pero desde enero, los problemas de la estructura se han agravado. “En el año y medio anterior, la junta de dilatación entre los bloques había aumentado cinco centímetros, y en los últimos tres meses, otros siete”, compara Andrés Ramírez.
Un edificio ya tuvo que ser desalojado y hoy sobrevive, apuntalado, a la espera del derribo, tras unos meses de acelerado declive debido, paradójicamente, a unas obras para compactar los cimientos. En el barrio viene siendo recurrente que las máquinas introduzcan cemento en el subsuelo a modo de parche, pero en este caso resultó que el compuesto ejerció de barrera de contención para el agua que expulsaba el pozo de extracción de la estación de metro aledaña. Y esto porque uno de los colectores por los que tenía que fluir estaba en un estado ruinoso, sin que ni Metro ni el Canal de Isabel II, la empresa pública del agua madrileña, se hubiesen percatado. En vez de apelmazarse, el sustrato se volvió aún más poroso.
Miedo a dormir en casa
La semana pasada empezaron las obras para construir un nuevo colector que en julio se aprobaron por el trámite de urgencia. Las máquinas, sin embargo, solo aparecieron después de que un centenar de vecinos desfilasen por la Puerta del Sol para expresar su miedo real a que los edificios se vengan abajo. Paralelamente, se avisó a los propietarios de que la empresa Tragsa iba a realizar catas para comprobar el estado del subsuelo con los residentes dentro, para días después rectificar y anunciar un desalojo temporal.
En eso están ahora Juan Antonio Fuentes y Eva Medina, que un día de semana abren la puerta de su casa y señalan las grietas que han ido brotando por paredes y juntas. “Estoy como un loco buscando piso”, explica él, que se ha puesto a la tarea por su cuenta. La Comunidad se comprometió a realojar a las 23 familias de Rafael Alberti, pero de momento no ha logrado encontrarles una alternativa que no sea habitaciones de hotel. Mientras tanto, las puertas de Juan Antonio y Eva no encajan, y las ventanas no cierran. El suelo del balcón está en pendiente, lo que genera una sensación extraña, casi una pulsión por saltar afuera. Eva duerme en el salón, por miedo. Los ruidos nocturnos son especialmente ominosos, pues pueden anunciar que la grieta del dormitorio se ha abierto un poco más. En otra de las viviendas, Pepi Castro, de 55 años, que compró la casa en 1984 y todavía hoy sigue pagando la hipoteca, ve el panorama negro. “Esto no tiene solución, como no la tiren y la vuelvan a hacer”, se teme.
El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, David Pérez, aseguró en julio que la Comunidad de Madrid lleva gastados 28 millones de euros en corregir las deficiencias de la obra de metro. Pero la solución definitiva no llega. El alcalde de San Fernando, Javier Corpa (PSOE), amenaza ahora con perseguir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para entregarle en mano una carta trasladándole las reclamaciones de los vecinos, que hoy pasan por un realojo digno y una indemnización. “La culpa de esto es de Esperanza Aguirre, pero aquí a los dirigentes locales se le hizo la boca agua cuando les dijeron que en vez de dos estaciones iban a poner cuatro”, recuerda el peluquero Ramírez, muy desanimado estos días. “Esto te va minando, pero lo importante es que no se caiga. ¡Es que se puede venir abajo!”.