Había un aire de desazón entre los dos centenares de personas que este jueves por la tarde se manifestaban por Móstoles, la segunda ciudad de Madrid, con 210.000 habitantes. Veteranos de mil batallas que recordaban, como Félix, cuando en las movilizaciones para reclamar colegios en la ciudad, en los 80, la policía se alejaba de las aceras para evitar las macetas que tiraban los vecinos. De aquello hace tres décadas y los padres de entonces son hoy abuelos, jubilados que reclaman que la Comunidad de Madrid no cierre los centros de salud por las tardes. La marcha estaba convocada desde la semana pasada y no anticipaba la imputación de toda la junta de gobierno municipal, que ha generado la enésima crisis política de una legislatura muy convulsa.
La idea de que no hay escapatoria ante la corrupción, a izquierda o a derecha, de que llueve sobre mojado, la expresaba Gustavo, uno de los integrantes de la plataforma Móstoles Pueblo Vivo presentes en la manifestación. “Aquí han robado unos y otros”, lamentaba. Puede que por eso, cuando la manifestación pasó por el ayuntamiento, apenas hubiese cánticos contra el gobierno municipal. “¡Dimisión, trileros!” gritó uno de los jóvenes, que eran los menos, pero nadie le siguió. Carmen, profesora de infantil, militante sindical a punto de cumplir 60 años, resumía la sensación general del votante de izquierdas: “Esto es insufrible”.
Móstoles celebraba por la tarde, después del paso de los manifestantes, un pleno municipal extraordinario a instancias de PP, Vox y Ciudadanos para reclamar la dimisión de la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE) y todo su equipo. Un juzgado imputó la semana pasada por malversación y prevaricación a la junta de gobierno que en octubre de 2020 aprobó la rebaja del canon municipal y la deuda de la empresa que lleva un servicio de ITV, que le ha supuesto al consistorio renunciar a casi 2,5 millones de euros. La causa surgió por una querella de Ganar Móstoles, formación ligada a Más Madrid. La propuesta de cese fracasó, como estaba previsto.
De los últimos cuatro alcaldes que ha tenido Móstoles, sin contar a la actual, Noelia Posse (PSOE), tres han tenido problemas graves con la justicia. A José María Arteta, socialista y regidor en los noventa, le cayeron 10 meses de prisión por gastarse más de 100.000 euros con una tarjeta ‘black’ de Caja Madrid. Le sucedieron, por el PP, Esteban Parro y David Ortiz, ambos recién procesados por su implicación en la trama Púnica de corrupción. Solo David Lucas, actual secretario general de Vivienda del gobierno estatal, dejó el cargo sin mancha.
Luego llegó Posse, que ha ido encadenando polémicas de diversa graduación. Empezó con la autorización de un ruinoso festival de música a 50 metros de las viviendas, en contra del criterio vecinal. A continuación vino la contratación a dedo de familiares (su hermana iba a llevar las redes sociales del ayuntamiento, aunque acabó destituida ante las críticas). Aquellos enchufes provocaron la ruptura del tripartito de socialistas con Podemos y Ganar Móstoles, formación asociada a Más Madrid, que abandonó el gobierno. Esto, sumado a las destituciones de funcionarios responsables de informes incómodos, y ahora la investigación judicial, han mantenido la vida municipal en permanente estado de agitación.
Moción fallida
La marcha por la sanidad pública avanzó y se disolvió una hora antes del pleno extraordinario, donde ya se anticipaba que las cuentas de la oposición de derecha no iban a salir. El PSOE, con 10 ediles, y Podemos, con dos, gobiernan con el apoyo ocasional de un exconcejal de Ciudadanos, que ahora va por libre (una segunda edil díscola está de baja y no suele acudir a los plenos). Además, el portavoz de Ganar Madrid, Gabriel Ortega, se abstuvo, alegando que el pleno no era ejecutivo y que la moción era “pura representación” de los partidos de la derecha. “Cuando había que denunciar no hicieron nada”, justificó.
Lo anterior da idea de las escasas probabilidades de prosperar que tiene en el corto plazo la moción de censura anunciada estos días por Ciudadanos. “Ellos alegaron que querían trabajar por la ciudad, ahora tienen la oportunidad”, emplazaba a sus excompañeros el portavoz del partido de Inés Arrimadas, José Antonio Luelmo. “Me inspira ternura”, opuso Ortega. Dentro del salón de plenos, el debate puso de manifiesto la animadversión entre los representantes municipales de Podemos y Ganar Madrid. “Más Madrid forma parte del frente de derechas”, dijo la edil Mónica Monterreal (Podemos). “Es usted mediocre hasta provocando”, replicó Ortega.
“No ponga el ventilador”
El PSOE se enzarzó con el PP a cuenta de los enchufes. El socialista Álex Martín recordó otros, pretéritos, de cuando mandaban los populares. “No ponga el ventilador que igual se resfría”, respondió Mirina Cortés, del PP, que no es nueva en la corporación. Los socialistas aseguraron que la maniobra bajo la lupa judicial es legal y que el servicio de ITV tenía un canon demasiado alto porque respondía a una concesión en régimen de monopolio que ya no es tal. La alcaldesa evitó el cuerpo a cuerpo y se limitó a asignar los turnos de palabra.
Móstoles tiene pendiente aprobar los presupuestos para 2022, que rondan los 200 millones de euros, y vive en un clima social de hastío que expresan, por ejemplo, desde la Plataforma de Pensionistas, en pie de guerra por un plan municipal para ceder suelo público para la construcción de empresas de mayores por parte de sociedades privadas. “La gente está descontenta. Teníamos muchas expectativas con este gobierno progresista, que se les llena la boca de decirlo”, critica Mayka Caballero, una de sus portavoces. Tampoco están ilusionados los movimientos antidesahucios, que lamentan el retraso en el plan de compra de viviendas públicas, como recuerda el portavoz de Stop Desahucios José María Torralbo. Veteranos dirigentes vecinales, como Ricardo Zamora, de la asociación de vecinos del barrio de El Soto, achacan al gobierno local un cierto ninguneo. “Nos ha dejado de lado”, señala. Zamora tuvo un duro enfrentamiento con Posse a cuenta del fallido festival de música, con acusaciones personales que acabaron en el juzgado.
Al término del pleno se escuchaban pitos en el exterior del ayuntamiento. Había unas 40 personas, mayoritariamente del PP, con silbatos y megáfono, pidiendo dimisiones. También había simpatizantes de Ciudadanos. De los manifestantes de la tarde, no quedaba ninguno.