Más de 20 años favoreciendo a la escuela concertada dan para mucho. Dan para saltarse la ley a plena luz del día, para acomodar la ley a la trampa, para presentar tu propia norma cuando ya no puedes doblar más la legalidad vigente. Dan para fomentar la construcción de colegios privados sostenidos con fondos públicos a costa de los centros estatales o para pedir mordidas de un millón de euros desde el Gobierno a cambio de permisos y cesiones de suelo público. También dan para que todo un consejero de Presidencia del Ejecutivo autonómico sea detenido por ello.
El PP ha hecho del impulso a la escuela con concierto el eje de su política educativa desde que Madrid obtuvo las competencias en Educación en 1999 y, sobre todo, con el desembarco en la Puerta del Sol de Esperanza Aguirre en 2003. Y la joya de la corona de esta política es la cesión –a coste muy por debajo de mercado– de suelo público para la construcción de centros concertados.
La actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha abrazado con entusiasmo la labor hasta el punto de que ha comenzado a tramitar una ley, la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid, específicamente para contradecir a la nueva Lomloe en lo referente a la escuela privada subvencionada y asegurar que el modelo vigente sigue funcionando. El trámite de la norma, por cierto, ni siquiera se ha detenido con la convocatoria de elecciones anticipadas: el consejero del ramo, Enrique Ossorio, se reunió el pasado lunes 12 con la plataforma Más Plurales (un lobby de la escuela concertada) para hablar del tema. También estuvieron en esa cita Alfonso Aguiló, representante de la Fundación Arenales, propietaria de al menos cuatro centros con parcela cedida, y Escuelas Católicas, el brazo educativo de la Iglesia que gestiona sus centros y que en el dictámen del Consejo Escolar madrileño sobre la ley maestra propuso incluir una disposición por la que el Gobierno regional pudiera “convocar concursos públicos para la gestión de centros concertados construidos por la propia administración sobre suelo público dotacional”.
El profesor y activista Enrique García lleva años recopilando información sobre estas cesiones y centros y ha empezado una campaña para denunciarlos. Va colgando en Twitter un caso cada día. “Hay quien no le da importancia a esto porque dice que es el pasado”, valora García, de la Asociación de Docentes Por la Educación Pública en Madrid (ADEPEM), “pero no, será el futuro si el PP vuelve a gestionar la educación tras las elecciones del 4 de mayo”, argumenta. Y pone como ejemplo la citada ley Maestra.
Del rastreo de los casos uno a uno se observa que, además las situaciones individuales, algunos nombres se repiten en las cesiones de suelo a bajo precio. El Grupo Antana, el Grupo Educare, la Fundación Arenales, Chesterton Education o Educatio Servanda son algunas de las organizaciones que se han visto beneficiadas por estas prácticas. Y no les va mal: Educare ganó 11,5 millones de euros el año pasado, por ejemplo, subvenciones a sus centros incluidas, según infocif.es.
A este listado de la Comunidad podrían unirse, además, otros colegios ubicados en parcelas también cedidas, pero por los diferentes ayuntamientos madrileños. Por ejemplo, el colegio religioso J. H. Newman desde el que el Pablo Casado acusó al Gobierno de adoctrinar en la escuela hace unas semanas, se levanta sobre una parcela que el Ayuntamiento de Madrid le cedió gratuitamente en 2002, según cuentan los propios fundadores del centro. Un colegio con concierto, subvencionado con fondos públicos y que en teoría debe funcionar con las mismas reglas que los estatales pero que ya en 2005 fue denunciado por pedir donaciones de hasta 5.000 euros para admitir alumnos, situación que no parece haber cambiado 16 años después. La libertad de elección.
Con Aguirre empezó todo
Aguirre fue la principal impulsora de esta política educativa. Fue durante su mandato (2003-2012) cuando se asentó la práctica de ceder parcelas de suelo público a cambio de pequeños cánones (hay casos de 667 euros mensuales o 375 en un centro en Paracuellos) para construir colegios privados que venían con un concierto garantizado bajo el brazo. Esta práctica, asegurar el concierto antes de la construcción del colegio, era ilegal hasta 2013, cuando el exministro del PP José Ignacio Wert la regularizó en su Lomce para validar el modelo madrileño. Hasta entonces, para obtener un concierto –que el Estado pague a un centro privado a cambio de que, sin perder la titularidad, pase a formar parte de la red pública y sus enseñanzas sean gratuitas– un colegio tenía que existir y estar plenamente operativo. Luego, si cumplía ciertos requisitos, podía solicitar el concierto.
Lo especificaba la ley en su artículo 116 punto 1: “Los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas (...) podrán acogerse al régimen de conciertos en los términos legalmente establecidos”. Los juristas Juan José Guardia y Luis Manent escribían en 2015: “Al no admitir la legislación básica [preLOMCE] el otorgamiento directo de conciertos (...), las CCAA carecían de margen para concertar automáticamente las solicitudes de los concesionarios de suelo público. A estos efectos era irrelevante que en la licitación se hubieran valorado los aspectos educativos del proyecto (...)”.
Nada de esto importó al Gobierno regional, que hasta 2014, cuando pasó a ser legal, cedió bajo esta premisa al menos 45 edificios, terrenos o complejos a instituciones privadas para construir o ampliar colegios o escuelas concertadas, según un inventario del propio gobierno regional. En concreto, 39 de ellos están bajo la etiqueta “escuela concertada”, incluyendo proyectos de ampliación de colegios ya existentes o incluso traslados de centros. Ahora, amenazado el modelo por la Lomloe –que se hizo en buena parte para controlar las políticas educativas madrileñas, según admiten responsables de Educación–, Ayuso quiere blindar estas prácticas en su ley Maestra: “La Comunidad podrá también convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”, se lee en el anteproyecto de ley.
Cuatro prácticas para una misma estrategia
Presentamos aquí cuatro ejemplos en los que, además de la cesión de una parcela de suelo público para la construcción de un centro concertado –algo que prohibía la ley cuando se hizo en todos estos casos–, presentan alguna otra característica que hace su caso peculiar, al menos con la información pública existente. Hay otras situaciones, como la del colegio Santa María La Blanca, que construyó un gimnasio privado en la parcela pública cedida o el centro de Móstoles que nunca llegó a construirse porque la parcela pública que ya se había cedido no era de uso educativo. Aún así costó 615.000 euros públicos. La lista completa puede consultarse aquí.
Hipotecar una parcela pública
Los pliegos de condiciones de la cesión de parcelas incorporan otras ventajas para los colegios adjudicatarios: se le permite hipotecar la parcela, pública, para construir el centro. Apenas hay riesgo. En tres documentos de pliegos de cláusulas consultados por este periódico, con cesiones a 50, 75 o 99 años, se repite la misma cláusula: “Los derechos sobre las obras, construcciones e instalaciones y sobre la propia concesión sólo podrán ser hipotecados como garantía de los préstamos contraídos por el titular de la concesión para financiar la realización, modificación o ampliación de las obras, construcciones e instalaciones de carácter fijo situadas sobre la dependencia demanial ocupada”. Luego se añade que “para constituir la hipoteca será necesaria la previa autorización de la autoridad competente para el otorgamiento de la concesión”. Si algo sale mal, la parcela pública respalda el préstamo solicitado.
Una cesión de 99 años
El colegio SEI Virgen de la Soledad, en Arganda del Rey, logró la cesión de una parcela en 2009 durante 99 años, todo un récord. El centro dispondrá del suelo, un terreno de 21.040 metros cuadrados, durante todo el siglo XXI y un poco más allá: hasta 2108. A cambio, abonará un canon anual de 9.000 euros (750 euros al mes). El colegio pertenece al grupo Colegios SEI (Soluciones Educativas Integrales), según su propia web, aunque cuando se consulta el CIF que ellos mismos ofrecen aparece como propietaria una empresa llamada Unión de Centros de Enseñanza, que según infocif.es presentó un beneficio de 653.258 euros en 2019. Sin embargo, la cesión de la parcela se realizó a la empresa Eductrade S.A., que presentó unas cuentas similares a la anterior con el mismo beneficio, parcela incluida.
A la irregularidad de serie con la cesión de la parcela se añade en este caso la duración: el artículo 93.3 de la ley 33/2003 del Patrimonio de Administraciones Públicas, que estipula que “las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación”. En este caso, la Comunidad optó por aplicar el Real Decreto 1372/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, que en su artículo 79 dice que “en ningún caso podrá otorgarse concesión o licencia alguna por tiempo indefinido. El plazo de duración máximo de las concesiones será de noventa y nueve años, a no ser que por la normativa especial se señale otro menor”. Este RD ya indica que su máximo está sujeto a otra normativa, y además un decreto es de rango inferior a una ley y no la puede contradecir.
Un realojo con concierto
El colegio San Pedro Apóstol, en Barajas, ha tenido una doble ración de suerte: le cayó del cielo una parcela casi sin pedirlo y un concierto pregarantizado. El centro, que pertenece al Arzobispado de Madrid y que existía ya con su concierto previo, se presentó a una oferta pública de la Comunidad de Madrid para realojarse en una parcela pública con el fin de “mejorar la oferta educativa de centros docentes privados concertados (...) en determinadas zonas de la región en las que existe necesidad de mejorar y ampliar la oferta de puestos escolares”, según se leía en la convocatoria. Exclusivamente para centros con concierto.
El 23 de julio de 2013, seis meses antes de que la LOMCE legalizara estas prácticas, el San Pedro Apóstol ganó la adjudicación, por la que recibió una superficie de 9.124 metros cuadrados durante 75 años (concluye en 2088), todo ello por un canon de 8.000 euros anuales. A cambio, el centro recibiría un concierto garantizado bajo la promesa de “cumplir todos los requisitos” que marcaba la ley para tener un concierto.
El centro que vendió su concierto
El Antanes School, en Leganés, podría considerarse un ejemplo de que con la educación obligatoria también se puede hacer negocio. La empresa propietaria (unos inversores vinculados a una rama de la familia López del Hierro y, en concreto, al empresario Francisco Javier López del Hierro Pérez Mínguez, expresidente de la cervecera Mahou San Miguel y sobrino político de la exministra de Defensa y secretaria general del PP, Dolores de Cospedal) recibió una parcela de 26.438 metros cuadrados para construir un centro que tendría el concierto garantizado en 2012 (insistimos en lo irregular de esto). La cesión durará 75 años e incluye el pago de un canon anual de 60.000 euros.
Seis años después, el grupo Antana hizo caja y vendió dos de sus colegios, parcelas públicas cedidas y conciertos incluidos en ambos casos. El grupo de escuelas católicas Educare pagó por ellos un importe equivalente, según fuentes del proceso, a un múltiplo de 9,6 veces el beneficio operativo (Ebitda) del grupo adquirido. La transacción incluyó la deuda de las sociedades adquiridas. Educare, que gestiona actualmente ocho colegios en la Comunidad de Madrid (y al menos dos de ellos en suelo público cedido), ganó como grupo más de 11 millones de euros en 2019, según infocif.