Han pasado 60 días desde que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salió por primera vez ante los medios para anunciar que cerraba los colegios para detener el avance del coronavirus. En estos dos meses de malas noticias y decisiones difíciles, Ayuso ha intentado dirigir un Gobierno fracturado por dentro y asfixiado por el brutal impacto de la pandemia en la región con la atención puesta en la confrontación política y en la exposición mediatica. “El error fue fiarme de la izquierda”, dijo a modo de autocrítica en la Asamblea de Madrid. Las tensiones han estallado definitivamente con la dimisión de la directora general de Salud Pública, que consideraba que Madrid no estaba preparada para avanzar en la desescalada, y, al final, la negativa del Ministerio de Sanidad a pasar a la fase 1.
La primera decisión: solo un documento de trabajo
La Comunidad de Madrid tomó la primera medida para frenar los contagios el 5 de marzo. La ya ex directora general de Salud Pública envió una orden para cerrar los centros de día y restringir las visitas en las residencias de mayores. Tras aparecer en los medios de comunicación, el Gobierno regional aseguró que no había fecha definida para aplicarse y que se trataba de un documento de trabajo, pese a que ya se había enviado a los geriátricos. “Fue por error”, dijo el Gobierno. 24 horas después, los centros se clausuraron.
Sanitarios: autoorganización y conatos de despido
Madrid se vio obligada a transformar por completo todos sus hospitales y entregarlos a una única misión: tratar a enfermos de COVID-19. Las camas crecieron en cuestión de días y la consejería logró casi triplicar las camas UCI para atender la avalancha de enfermos gravísimos que necesitaron estos cuidados en el pico de la pandemia. En esos momentos límite, los sanitarios denunciaron hasta la saciedad la falta de equipos de protección –algo que era extensible a toda España– y sobre todo de la falta de coordinación del mando sanitario. Los intensivistas de los hospitales se autoorganizaron en grupos de WhatsApp para trasladar, con el mejor criterio, a los pacientes más graves cuando las UCI estaban colapsadas.
Tras pasar el pico más duro, la Comunidad de Madrid no se comprometió a garantizar la continuidad de los 10.000 contratados temporales en las siguientes fases de la pandemia, que siguen requiriendo refuerzos muy importantes del sistema sanitario. Las quejas de los sanitarios y las reuniones con sindicatos finalmente hicieron rectificar al Ejecutivo.
Comida rápida para los niños vulnerables
La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció el 16 de marzo a través de un tuit que los 11.500 niños y niñas con beca comedor por percibir solo la Renta Mínima de Inserción iban a comer menús de Telepizza en lugar de los menús de los colegios, cerrados por el coronavirus. Rodilla y Viena Capellanes se sumaron después al acuerdo. Durante este mes y medio, la oposición, las organizaciones de protección a la infancia, el Defensor del Pueblo y nutricionistas han manifestado que esos platos no eran comida saludable.
En el penúltimo pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso defendió su decisión. “Que a un niño le den una pizza no creo que sea un problema”, dijo antes de enumerar la composición de los menús. “Ensalada mediterránea, pops de pollo, hamburguesa de pollo infantil y otro día pizza... y coca cola. Yo juraría que a la mayoría de los niños les encantan”. A la semana siguiente Sanidad envió un requerimiento a la Comunidad de Madrid, que se vio obligada a rectificar. El acuerdo con las empresas de comida rápida estará vigente solo hasta el 18 de mayo. En el informe solicitado por Sanidad, el Gobierno regional defiende que “la pizza es uno de los productos más antiguos de la dieta mediterránea”.
Aviones de China, mascarillas y tests
La falta de material y pruebas PCR fue la punta de lanza de las críticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid a Pedro Sánchez. La presidenta anunció por todo lo alto que dos aviones cargados de material llegarían en 24 horas a Madrid. El primero tardó 10 días en llegar. En Zaragoza aterrizó un aeroplano el 1 de abril que el PP identificó como uno de esos aviones con material para Madrid, aunque no era así. Los contratos de compra de ese material no se han publicado aún en el Portal de la Contratación. Unos días más tarde, la presidenta de la Comunidad de Madrid llegó dos horas tarde a la conferencia de presidentes autonómicos por recibir otro cargamento en plena pista de aterrizaje y hacerse unas fotos. En otra reunión de dirigentes autonómicos con Sánchez pidió adelantar su turno para ir a una misa oficial por los fallecidos a La Almudena.
La distribución de test ha sido también complicada. La Comunidad de Madrid tenía en su poder 206.000 test rápidos, provistos por el Gobierno central, el pasado 8 de abril. Dos semanas después, solo había utilizado 18.000, según admitió el propio Gobierno regional y publicó la Cadena Ser. Aparte, la Consejería de Sanidad compró otros 100.000 de los que, la semana pasada, solo se habían utilizado 30.000 para personal sanitario. Un documento interno de la Consejería de Sanidad de Madrid, además, reveló que ese paquete comprado por la Comunidad tenía una fiabilidad mucho menor de lo anunciado por el Gobierno regional, informó El País. También ocurrió con los adquiridos previamente por el Gobierno de España a China.
La transparencia
Madrid ha enviado los datos de contagiados, fallecidos y hospitalizados que ha requerido el Ministerio de Sanidad en cada momento, pero hasta el día 22 de abril, más de un mes después de declararse el estado de alarma, no publicó cifras oficiales sobre la situación abiertas a la consulta pública y era imposible conocer, por ejemplo, cuántas camas de UCI estaban ocupadas en cada momento.
La transparencia en la situación de las residencias fue también muy cuestionada. El Gobierno regional demoró durante horas informar sobre el número de fallecidos en la primera residencia fuera de control, Montehermoso, y después los fue publicando a cuentagotas, sin desglosar por centros. Ahora ya ha establecido una periodicidad, que coincide con los días en los que estos datos se envían a Sanidad. El ministerio tampoco ha sido un ejemplo en transparencia: lleva semanas “analizando” los datos de las comunidades sin darlos a conocer.
El fiasco de la medicalización de las residencias
La crisis ha colocado, a golpe de shock, el modelo de residencias en el ojo del huracán. Los geriátricos han sido el mayor foco de la epidemia en toda España por el efecto letal del virus en estos lugares de concentración de población vulnerable. Pero en Madrid el cóctel de una gestión externalizada en manos de terceros, plantillas mermadas y una limitada capacidad de atender dentro de los centros a mayores enfermos ha explotado con la pandemia.
La prometida medicalización de los centros nunca ha llegado del todo (al margen de visitas puntuales de médicos de Atención Primaria y seguimiento telefónico) y la intervención de las residencias en una situación crítica no ha supuesto un apoyo sanitario suficiente, según los trabajadores. Solo la presencia de un funcionario que despacha con la dirección y controla la situación global. Dos municipios han acudido a la justicia para reclamar personal y se han dictado medidas cautelarísimas, incumplidas por el Gobierno, para disponer de él cuanto antes.
Un acto multitudinario en el “hospital milagro”
Isabel Díaz Ayuso llamó a evitar la relajación en un acto multitudinario para celebrar el cierre del hospital “milagro” montado en Ifema. En este centro, considerado la joya de la corona de la gestión en Madrid, hubo de todo menos medidas recomendadas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta regional se pusieron a repartir bocadillos a unos clientes de excepción entre los que se encontraba la vicealcaldesa, Begoña Villacís. Era una forma de “agradecer” la labor a esos puestos de comida que alimentaron a los sanitarios, dijo luego el PP. Ayuso acabó pidiendo disculpas por la convocatoria después de que fuentes de su Gobierno achacaran la multitud a unos sanitarios que había invitado Podemos. También se disculparon Almeida y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado.
Los fichajes
Apenas media hora después de conocerse la dimisión de la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, la presidenta regional dijo en una entrevista en Cuatro que su salida respondía a una reorganización de la Consejería de Sanidad. “Hoy es un día bueno para nosotros porque hemos reorientado la Consejería de Sanidad”. Así anunció el fichaje del director médico de Ifema, un internista rodado pero sin experiencia en salud pública, para ocupar una viceconsejería que abarcaría la estrategia de Salud Pública y el diseño del nuevo plan de residencias de mayores, competencia que se retira del todo de las manos de Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales. Antonio Zapatero, aseguró Ayuso, es uno de los mayores expertos “a nivel mundial” en la COVID-19. “4.000 personas han pasado por sus manos, con tan solo 16 fallecidos”, defendió.
El Gobierno regional también rescató a Antonio Burgueño, ex director general de Hospitales y arquitecto de la privatización sanitaria, para incorporarlo dentro del equipo asesor de la Consejería de Sanidad. Después, Ayuso fichó a su hija, Encarnación Burgueño, como parte de la gestión de las residencias de mayores. Nunca se aclaró qué hizo exactamente aunque Sanidad lo circunscribió en un “apoyo puntual que se buscó en el inició del impacto de la epidemia en las residencias, por el cual no se abonó nada”.
Pactos bloqueados y fractura interna
“Yo no pacto con el desastre”. Con estas palabras cerró la presidenta regional cualquier posibilidad de acuerdo con el PSOE para poner en marcha políticas de consenso. Ayuso ha acusado a la izquierda de “politizar el dolor”, de “usar la desgracia para justificarse en el poder” y de “crear y propagar bulos y mentiras para generar miedo y lanzar a la gente contra el Gobierno de Madrid”. Su negativa al diálogo contrasta con la disposición inicial de su homólogo en la ciudad y compañero de partido, José Luis Martínez-Almeida, que ya ha hecho una propuesta preliminar a la oposición con una metodología de trabajo.
También está en desacuerdo el bloque al pacto su número dos en el Gobierno, el vicepresidente Ignacio Aguado. Su partido, Ciudadanos, se acercó al PSOE al apoyar la cuarta prórroga del estado de alarma mientras el PP se abstuvo. Los roces con él han ido in crescendo: este mismo miércoles, Aguado acusó a la presidenta de abandonar el Consejo de Gobierno que iba a decidir si Madrid solicitaba avanzar en la desescalada. Ayuso acudió a un minuto de silencio al hospital de Rey Juan Carlos e hizo una intervención en Telemadrid.
La crisis del coronavirus ha fracturado del todo un equipo que ya había tenido serios roces. La gestión de las residencias ha motivado el mayor desencuentro. Tanto, que la presidenta ha retirado las competencias a Ciudadanos para pasarlas a Sanidad, consejería gestionada por el PP. Con el nombramiento de Zapatero, el plan futuro para estos centros queda también fuera de las manos del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. El motivo, dijeron fuentes de la Puerta del Sol, es que estaba “descontenta” con la gestión de su socio. El partido de Inés Arrimadas lo achacó a la decisión de su consejero de hacer públicas las cifras de fallecidos que Presidencia entonces ocultaba –1.065 ancianos a esa fecha– y a las quejas del responsable de Políticas Sociales sobre la falta de medios sanitarios y de ayuda para estos centros.