Avalmadrid facilitó créditos por 24 millones a empresas vinculadas a sus consejeros y familiares

Avalmadrid es una entidad financiada al más del 40% por la Comunidad de Madrid (invirtió 16,7 millones en 2018, según el informe anual, y otro tanto por Bankim) que tenía como finalidad ayudar a autónomos y pymes “a conseguir una mayor competitividad a través de líneas financieras específicas”, según la declaración de intenciones de la propia sociedad. En los últimos meses ha sido noticia por un aval polémico y fallido que dio al padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que medió por la empresa familiar cuando ya estaba en política. Pero la sociedad semipública tiene otros puntos oscuros durante la época de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes.

Una inspección del Banco de España iniciada en 2012 y una auditoría de la propia empresa emitida en 2019 arrojan una imagen distinta a la de una sociedad de garantía recíproca dedicada al tejido empresarial de las pequeñas empresas: Avalmadrid concedió avales de riesgo a compañías en apuros, se garantizaron proyectos ruinosos sin control y no se reflejó el conflicto de interés de los consejeros con las empresas avaladas: en algunos casos tenían intereses empresariales y, en otros, intereses personales.

Los inspectores del Banco España estudiaron Avalmadrid después de que saltara una alerta: había un incremento de avales fallidos, un aumento de la morosidad. Ya habían avisado de irregularidades en 2012 y, cuatro años más tarde, hicieron otro análisis más profundo. Seleccionaron 167 operaciones aprobadas entre 2008 y 2016 (cuando estaban en el consejo Bankia, la Cámara de Comercio y la patronal madrileña CEIM, además de la Comunidad de Madrid) y el resultado fue demoledor. Tanto, que la resolución propuso multar a la sociedad: se habían avalado 82 millones de euros y quedaban 39 por cobrar. De ellos, solo siete millones estaban en situación normal pendiente de vencimiento. El resto eran saldos morosos o cobros dudosos.

Más tarde, una auditoría encargada por la propia empresa sobre el informe del Banco del España –a la que ha tenido acceso eldiario.es– recoge los datos de ese descontrol y cifra en 24,4 millones la cantidad avalada a empresas que, además de estar en una mala situación financiera, tenían vinculación con los consejeros de Avalmadrid, su Comité Ejecutivo o familiares de los directivos. Operaciones que nunca se debieron aprobar, según los expertos. El 46% de ese dinero, más de 11 millones de euros, no se ha recuperado, según refleja la propia auditoría, encargada a Forest Partners y enviada a la Fiscalía, que ha hallado indicios de créditos “fraudulentos” pero que ha archivado el caso porque las sospechas se vierten sobre delitos que ya habrían prescrito.

Avalistas y a la vez avalados

Los auditores hallaron consejeros compartidos entre la empresa avalista y la que recibía el aval, sin que en la tramitación de las ayudas se pusiera de manifiesto este conflicto de intereses. Una de las que llamó la atención del Banco de España fue la empresa Bionostra (dedicada al control alimentario), a la que Avalmadrid aprueba 18 operaciones por 4,4 millones de euros justo el mismo mes del mismo año (julio de 2008) en el que entra como accionista de la empresa la sociedad de riesgo CRM (en la que participan buena parte de los organismos representados a la vez en Avalmadrid). De hecho, su director general cuando se conceden gran parte de los avales es Pedro Olabarría, a la vez consejero en Avalmadrid por Caja Madrid (hoy Bankia). Olabarría tuvo cargos en Bionostra tras la concesión de los avales.

También destaca la auditoría a Alfonso Carcasona, miembro de Avalmadrid (en representación de la Cámara de Comercio) y a la vez consejero de la avalada Bionostra. La CEOE-CEIM y el instituto público madrileño Imade también tenían representantes en ambos consejos y representaron intereses de avalistas y avalados a la vez. El resultado de la operación: “La entidad da por hecho que no se recuperará importe alguno de estos saldos fallidos” porque el grupo, que se nutría a su vez de jugosas subvenciones de Madrid de hasta 2 millones de euros, entró en liquidación.

Lo mismo pasó con la empresa de trajes de boda Grupo Nupcial Novissima, que fue avalada con 1,7 millones (el 84% está clasificado como fallido) para montar espacios de venta en El Corte Inglés. La sociedad CRM entra como accionista el 1 de abril y en mayo de ese mismo año empieza a recibir avales de la empresa semipública “pese a que existen ya varias alertas acerca del comportamiento del negocio y su evolución con un bussiness plan poco creíble”. Todos los socios de Avalmadrid están en la empresa a través de CRM, que en ese momento es propietaria de la firma de moda nupcial al 20% tras una inversión de 3 millones de euros. Dos años después, el grupo entra en concurso de acreedores.

El conflicto de intereses en empresas en apuros que acaban siendo avaladas se mantiene en otra decena de operaciones estudiadas por los auditores, que destacan que la Comisión de Riesgos de Avalmadrid estaba formada por personas sin experiencia en riesgos y que se seguían dando garantías consecutivas incluso cuando las compañías ya mostraban signos de apuros financieros.

Díaz Ferrán recibió un aval al borde de la quiebra

Uno de los casos más llamativos de avalado es el del empresario Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y expresidente de la patronal madrileña (con representación en el consejo de la empresa semipública). Le avalaron 3,3 millones cuando el Grupo Marsans (por cuyo saqueo fue condenado más tarde) “ya se encontraba en situación de insolvencia”, dice la auditoría, y “cuatro meses antes” del concurso de acreedores. Casi tres millones han sido declarados “fallidos”.

Otro conocido empresario que recibió aval para un mal negocio y pese al conflicto de interés fue Arturo Fernández, condenado también por las tarjetas black. Avalmadrid le garantizó de 2,6 millones de euros en 2013 cuando Fernández era presidente de la patronal madrileña CEIM. 1,3 millones no se han cobrado. La auditoría avisa de que tampoco en ese caso se pidieron garantías suficientes, “no hubo análisis de riesgo” y afea que en la concesión del aval participara un consejero que era a la vez el número dos de Fernández en CEIM: Jesús Martín Sanz, vicepresidente de la patronal madrileña que estaba de representante en el consejo que aprobó la operación de su jefe.

Es un nombre que se repite a lo largo de la auditoría, porque Martín Sanz era miembro de Avalmadrid cuando se aprobaron 225.000 euros para la startup de viticultura Cubenube, de la que era gerente y dueño al 50% su hijo. El propio Martín Sanz tenía un 5% de las acciones de esa empresa. El auditor destaca que cuando se aprueba la segunda de las tres operaciones de aval, el Comité de Riesgos deniega la garantía por “no haber cumplido en casi nada el plan de ingresos estimados”. Sin embargo, se le acaba concediendo el segundo y un tercero. También Martín Sanz era consejero de Avalmadrid cuando se aprobaron los 850.000 euros de aval a la empresa fundada por su suegro, Piman SA, dedicada a mecánica y electricidad, de la que también era socio y fue administrador único, según la auditoría, que especifica que nunca se recogió la relación en los expedientes.

En declaraciones a eldiario.es este exconsejero relata que, aunque sabía que esos familiares iban a pedir aval, no participó “en nada” en su concesión. Es más, dimitió “cuando se prohibió explícitamente que concurrieran familiares, porque en un cargo de consejero no remunerado, si encima se veta la participación de personas cercanas que son empresarios de éxito, me parece una penalización injusta”, concluye. Repreguntado por los 62.000 euros calificados de “dudoso” cobro que dejó la empresa de su hijo, de la que era accionista él también, explica que ese pago se está renegociando.

Actualmente, Jesús Martín Sanz es presidente la asociación de empresarios de Alcalá de Henares, que también tiene operaciones de “refinanciación” a través de Avalmadrid, según recogen los analistas, aunque no especifican en qué periodo accedieron a ella.

En el caso del consejero de Avalmadrid Miguel Garrido de la Cierva no fue un suegro ni un hijo sino su hermano Carlos el que recibió siete avales concedidos entre 2010 y 2015 para su agencia Viajes Dos. El auditor refleja que pese a la relación personal el aval debía haber pasado por la Comisión Ejecutiva, cosa que no sucedió, aunque no da detalles sobre si fue o no devuelto el crédito.

Comisión de investigación

Las irregularidades del ente, y el aval al padre de Díaz Ayuso, han tenido reflejo en el ámbito político. El PSOE, Más Madrid y Podemos pedirán una comisión de investigación conjunta sobre Avalmadrid en la Asamblea. “Detectamos que ha habido un trato amable, por no decir de favor, a determinadas empresas y empresarios en el entorno del PP”, explica la diputada socialista Pilar Sánchez Acera a eldiario.es. La oposición coincide en la necesidad de investigar la empresa semipública y también el polémico aval a los Díaz Ayuso. Ciudadanos, que no ha respondido de momento a las preguntas de este medio, pidió el 14 de agosto que se cerrara Avalmadrid, un ente al que su líder regional y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, calificó de “chiringuito ideado y pensado solo para unos pocos”.

Una medida de la que discrepa Eduardo Gutiérrez, diputado de Más Madrid: “Avalmadrid es una herramienta necesaria. Es probable que haya que destituir a algunos directivos, muy implicados en las operaciones de corrupción, pero cerrar sería enterrar las pruebas del saqueo”. Podemos ha pedido también un pleno monográfico y más explicaciones a Ayuso: “Estamos viendo que sí utilizó su relación con el PP para obtener un trato de favor”, en palabras de Isabel Serra.

Ni el Gobierno regional ni Avalmadrid han respondido a ninguna de las preguntas de eldiario.es. El Banco de España rechaza hacer declaraciones sobre las inspecciones o los documentos del expediente al ser “confidenciales”.