La Fiscalía ha pedido el archivo de la causa abierta por la exposición al amianto de cientos de trabajadores del Metro de Madrid durante más de una década. El Ministerio Público madrileño, después de tres años de investigación, entiende que Metro dejó a sus trabajadores en una situación de “desprotección absoluta y un desprecio intolerable a la seguridad” de sus trabajadores durante los gobiernos de Esperanza Aguirre, Ignacio González y parte del de Cristina Cifuentes pero entienden que los responsables de riesgos laborales no pueden ser culpabilizados.
La causa se abrió en 2019 después de una denuncia de la Fiscalía presentada a raíz de la muerte de un trabajador de Metro de Madrid por la enfermedad derivada de años de exposición al amianto en las instalaciones del suburbano madrileño. Desde entonces, dice la Fiscalía, cientos de trabajadores han estado expuestos, 13 de ellos han muerto y otros 7 más han enfermado a consecuencia de su exposición al amianto.
La Fiscalía cree que hubo infracciones y apunta directamente a Metro de Madrid entre 2006 y 2017, hasta que el ejecutivo de Cristina Cifuentes tomó medidas. “Ha existido infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales, a la vista de los contundentes informes de la Inspección de Trabajo”, dice la Fiscalía.
Afirma la Fiscalía que Metro de Madrid “expuso a un peligro sumamente grave a los trabajadores, dado que conocía la existencia de amianto en lugares y equipos desde el año 2003 y que los trabajadores realizaban trabajos con riesgo sobre este material altamente peligroso”. Incluso llega a afirmar que la empresa pública actuó “con un absoluto desprecio a la seguridad de los trabajadores, dado que ni siquiera conocían que las piezas que manipulaban contenían amianto, poniendo de esta forma en peligro grave su vida e integridad física”.
La fiscal decana de Seguridad y Salud Laboral del Ministerio Público madrileño, Alejandra Navarro, hace estas consideraciones pero, después de que acusaciones y Metro hayan llegado a un acuerdo para indemnizar a las víctimas y familiares, entiende que ninguno de los siete responsables de prevención de riesgos laborales de la empresa debe ser juzgado y considerado culpable por las consecuencias de la exposición continua de los trabajadores al amianto.
No se puede dictar una condena, dice la Fiscalía, “por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la empresa , por muy alto que este sea” y en este caso “no pueden ser considerados responsables in integrum de todas y cada una de las conductas ejecutadas por otros y que han podido generar o incrementar el riesgo para la vida o la salud de los trabajadores y su posición no les convierte en garantes de todas las actuaciones que tengan lugar en el ámbito de la empresa en el que ejerzan sus competencias”.
13 trabajadores muertos
La Fiscalía de Madrid denunció los hechos en 2019 después de más de un año de investigación y en este escrito relata cómo 14 trabajadores y miembros de los sindicatos testificaron en el juzgado y cómo relataron lo mismo: que no sabían que estaban expuestos al amianto y las posibilidades que eso implicaba a la hora de contraer enfermedades.
Por su parte, los siete imputados explicaron cómo se elaboraron determinados informes, cómo las decisiones de encapsular y retirar el amianto se tomaron por encima de ellos y cómo no se enteraron en ocasiones de la presencia de amianto donde había trabajadores.
Lo que también refleja este escrito de la Fiscalía, en el que pide que el caso no llegue a juicio, son las cifras de las consecuencias del amianto: cuando se presentó la denuncia en 2019 había dos fallecimientos por el amianto y otros dos casos de trabajadores a los que se les había reconocido la enfermedad profesional. Tres años después, la cifra de fallecidos asciende a 13 trabajadores y el número de enfermedades profesionales reconocidas asciende a otros siete trabajadores.