La venta de pisos a fondos buitre, una bomba de relojería que puede explotar a Carmena
La decisión del Gobierno de Ana Botella de vender 1.860 viviendas protegidas a dos filiales del fondo buitre Blackstone por 128 millones de euros –“saltándose la ley de contratos públicos” según la Cámara de Cuentas de Madrid– no solo ha sacado los colores al anterior Gobierno municipal, sino que es una bomba de relojería para la actual alcaldesa, Manuela Carmena, y el equipo de Ahora Madrid.
Su Gobierno municipal puede encontrarse en meses con centenares de desahucios de inquilinos que vivían en régimen de alquiler en los pisos cuando eran públicos y no pueden hacer frente a los precios (con subidas paulatinas de hasta el 43% en tres años) que imponen las filiales del fondo buitre para renovar los alquileres. Hasta 2019 vencerán 1.553 contratos de otras tantas familias que residen en esas viviendas de los barrios de Carabanchel, Vallecas y Villaverde, en la zona sur de la capital.
Solo este año caducan 351 alquileres de esas promociones ubicadas vendidas por el Gobierno de Botella. En 2017 caducan otros 352. Y en 2018, el último año de la legislatura, serán 690 los alquileres que expiren. Aunque el vencimiento de cada contrato no implica necesariamente un desahucio, las plataformas vecinales sostienen que serán cientos los vecinos que no podrán afrontar los nuevos precios de las filiales de Blackstone. La concejal de Equidad de Ahora Madrid, Marta Higueras, expresó el pasado martes en voz alta un temor que comparte todo el equipo de gobierno: el Ayuntamiento no dispone de viviendas para realojar a quienes no puedan pagar los nuevos precios.
Las consecuencias de aquella polémica operación de venta respaldada con los únicos votos de la mayoría del PP pueden recaer sobre el Gobierno de Ahora Madrid. El propio gabinete de Ana Botella ya tuvo que acudir a un proyecto de viviendas solidarias para dar un techo a las personas que desalojaba el fondo al que vendió sus pisos protegidos pero el grueso del problema se dará durante el mandato de Carmena.
La preocupación en su equipo de Gobierno es máxima: en cuestión de meses, la nueva alcaldesa y sus concejales, que hicieron bandera durante la campaña electoral y los meses previos contra los desahucios, pueden encontrarse con las manos atadas para hacerles frente en su propio municipio.
Según ha podido saber este diario, las conversaciones informales que las autoridades municipales han mantenido con las filiales de Blackstone para evitarlo no han arrojado resultado alguno. Los fondos de inversión han comprado los pisos para hacer negocio y solo atienden a criterios de rentabilidad, aseguran los dirigentes consultados.
Visto que no hay cauces de negociación, Higueras aseguró en su comparecencia pública del martes que el Ayuntamiento busca cualquier resquicio para ir a los tribunales y revertir la operación, pero las fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es sostienen que las filiales inmobiliarias del fondo buitre tienen los contratos muy atados y que deshacer la venta de esas 32 promociones inmobiliarias ocasionaría un desembolso millonario imposible de asumir por el Gobierno municipal. Y el tiempo sigue corriendo en contra del Gobierno de Carmena.
