Un funcionario ha aceptado una condena de dos años de cárcel tras reconocer ante la Justicia que en 2020 sacó más de 100.000 euros de las cuentas del colegio público de Madrid donde trabajaba para gastarlos, en su mayoría, en “prostitución y drogas” según declara probado la sentencia del caso. Los jueces destacan que fue él mismo quien denunció y reconoció los hechos, que en ese momento era adicto a la mefredona y que vendió su propia casa para poder devolver el dinero a la Comunidad de Madrid.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, a la que ha tenido acceso elDiario.es, refleja que este funcionario trabajaba en comisión de servicios como secretario en el CEIP Federico García Lorca de la localidad madrileña de Móstoles. Durante los primeros meses de 2020 la pandemia y fruto de varios factores internos de la organización del centro, quedó en sus manos la gestión económica del colegio.
Este funcionario, según la Justicia, ya tenía en su historial una condena de ocho meses de cárcel por un hurto y en este caso actuó “aprovechando la situación de pandemia y la falta de control” para sacar dinero de la caja de este colegio público, dependiente de la Comunidad de Madrid, entre enero y octubre de 2020. Modificó las claves en el banco para que ningún otro miembro del equipo directivo del centro pudiera conocer sus operaciones fraudulentas.
Gracias a este mecanismo llegó a sacar hasta 102.604,94 euros de la cuenta bancaria de este colegio público, dejando menos de 200 euros en las cuentas. Según ha reconocido él mismo y según declara probado en firme la Audiencia Provincial de Madrid, el acusado “dispuso de los fondos del colegio, en su mayoría, para pagar servicios de prostitución y drogas”.
El resultado es una condena de conformidad pactada entre la Fiscalía y la defensa del acusado después de que él haya reconocido los hechos y haya consignado el dinero vendiendo su propia casa. Dos años de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos con una atenuante de adicción a sustancias estupefacientes y otra de reparación del daño muy cualificada.
En ese momento, valora la sentencia, “era consumidor de chemsex y adicto a la mefredona”, confesó los hechos antes de que existiera una denuncia colaborando en la investigación y consignó dinero de más para indemnizar a la Comunidad de Madrid. La sentencia, que es firme, también implica su inhabilitación absoluta durante cuatro años. El caso iba a ser juzgado por un jurado popular pero el acuerdo entre las partes evitó incluso que sus miembros fueran convocados a la Audiencia Provincial.
Una sanción de dos años de cárcel, unida al hecho de que ha consignado incluso más dinero del que tiene que devolver a la Comunidad de Madrid, no deberían implicar su entrada obligatoria en prisión para cumplir condena. Pero en su caso la sentencia refleja que sí tiene antecedentes penales: en 2018, menos de dos años antes de empezar a sacar dinero de las arcas del colegio, aceptó una condena de ocho meses de cárcel por un delito de hurto.
Aquella condena que fue suspendida, precisamente, durante dos años a cambio de no volver a delinquir. Fuentes del caso explican a elDiario.es que ahora mismo el proceso, tras ser declarada firme la resolución de conformidad, está pendiente de la fase de ejecución y de que la Audiencia Provincial de Madrid decida si este funcionario tiene que entrar o no en prisión a cumplir condena, si esos antecedentes penales son computables y si debe ejecutarse a pesar de haber consignado todo el dinero que sacó de las arcas del colegio donde trabajaba y haber colaborado con la investigación.
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