Al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se le acumulan los problemas. No solo tiene abierto el frente sobre el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), un caso que está siendo investigado, con no pocos contratiempos, por la comisión que hay abierta en el Ayuntamiento de Madrid. Ahora también está en el punto de mira la Funeraria. Sobre todo, por los contratos y las comisiones millonarias que se han llevado dos empresarios por la venta de material sanitario en plena pandemia, que está bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción, como ha destapado en exclusiva elDiario.es.
Pero la empresa municipal también se encuentra desde hace tiempo en el punto de mira porque al menos 14 trabajadores del Cementerio de la Almudena, dependiente de Funeraria, fueron expedientados en marzo de 2021 por salir en horas de su jornada laboral a bares cercanos, dejando en ocasiones incluso los coches de la empresa en doble fila, según les acusa la Funeraria, cuyo gerente trasladó verbalmente al comité de empresa que tenían pruebas gráficas y un dosier que acreditaba estas faltas.
De esos 14 trabajadores, tan solo dos han acudido a los tribunales y están pendientes de que se fije el juicio. Los demás han aceptado las sanciones “que se han quedado en poca cosa ya que todo esto no hay por donde cogerlo”, aseguran a elDiario.es fuentes de Comisiones Obreras (CCOO), sindicato que junto a UGT está representado en el Consejo de Administración de Funeraria, con voz pero sin voto. La pregunta que se hacen los representantes de este sindicato y que quieren que les aclare el Ayuntamiento es “con qué métodos se consiguieron esos dosieres, quién los ordenó, y si se utilizó dinero de una empresa pública para ese fin”. De confirmarse que hubo espionaje “sí sería grave”, aseguran fuentes del sindicato. Al ser un caso que está judicializado, Funeraria se ampara en que se trata de “una información reservada” para no responder a esas preguntas.
La única versión que les ha dado por ahora la empresa municipal es que ante las sospechas que tenían de estos comportamientos irregulares, pusieron el caso en manos de un despacho de abogados para que les asesore sobre qué medidas deben tomar. Pero los representantes sindicales sospechan que Funeraria podría haber utilizado los servicios de una agencia de detectives con el fin de demostrar con pruebas fotográficas que algunos de los empleados abandonaban sus obligaciones laborales para acudir a bares de la zona, algo que las fuentes consultadas minimizan y justifican “porque en el edificio del Cementerio no hay donde tomarse ni siquiera un café”. Para los sindicalistas “lo grave” es que Funeraria haya podido usar recursos públicos para “espiarles”.
Un caso olvidado que vuelve ahora a la palestra
El caso de ese absentismo laboral y de esos expedientes internos, que parecía olvidado, volvió a resurgir el día que el Consejo de Administración de Funeraria se reunía de urgencia el pasado 4 de abril, a petición de los grupos municipales, tras saltar el escándalo de la compra por la vía de urgencia de material sanitario que, según adelantó elDiario.es en exclusiva, llevaba más de 17 meses investigando la Fiscalía Anticorrupción.
Ese mismo día, un pequeño grupo de trabajadores del sindicato mayoritario de la empresa –CCOO– aprovechaba para manifestarse en la puerta del Tanatorio con enormes pancartas en las que se podía leer: “Sin espías ni corrupción”. Arropando sus protestas estaba la portavoz de Recupera Madrid, Marta Higueras, el único grupo de la oposición que ve en este asunto un hilo conductor con el caso del supuesto espionaje que denunció la presidenta de la Comunidad de Madrid a propósito de la comisión de su hermano.
Según sostienen los tres ediles del Grupo Mixto, el Ayuntamiento que lidera Martínez-Almeida podría haber utilizado los mismos “mecanismos de seguimiento” para espiar a Ayuso que, supuestamente, usó la Funeraria para demostrar que los trabajadores expedientados acudían a bares en horas de trabajo.
Higueras, que es consejera en Funeraria, se unió a las sospechas de CCOO y declaró: “Queremos saber a quién se ha investigado, cómo se han hecho esos dosieres de seguimiento”. Poco después, el portavoz adjunto del grupo, José Manuel Calvo, abundaba sobre el tema: “No existen los contratos de confidencialidad entre los propios miembros del consejo de administración”. “Nos preocupa la opacidad, las nulas explicaciones dadas y la coincidencia de fechas con el supuesto espionaje a Ayuso”, señaló. Por ello quieren llamar a declarar a la comision del espionaje a Ayuso al gerente y al responsable de contratación de la Funeraria, para que despejen dudas.
Desde el PSOE reconocen que hay ciertas cosas que no les parecen “correctas”, por lo que también se interesaron en el Consejo de Administración de Funeraria por los detalles de estos supuestos seguimientos a los trabajadores. Fue el concejal Ramón Silva el que preguntó, y al que se le respondió que “la empresa no había contratado detectives para ello ni para ningún otro asunto”, explica el edil.
Pero ni los socialistas ni Más Madrid ven motivos para mezclar este caso con el del supuesto espionaje denunciado por Ayuso que costó la carrera a Casado y del que de momento no se han aportado pruebas.