El Gobierno de Ayuso pagó 314 millones más en intereses de la deuda en 2022 por financiar Madrid al margen del Estado

Madrid es la única comunidad autónoma del régimen común que se financia al 100% al margen del Estado. Esta decisión de acudir al mercado por libre que tomó en 2012 Esperanza Aguirre y que han mantenido todos los presidentes que la han sucedido supone que la región está pagando más intereses que ningún otro territorio por su deuda. Solo en el último año del que existen datos, en 2022, la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha abonado 612 millones de euros en intereses de la deuda. Más de la mitad, 314 millones, se los podía haber ahorrado si se hubiera financiado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), puesto en marcha en 2012 por el entonces ministro de Hacienda, del PP, Cristóbal Montoro, para rescatar a las comunidades de la crisis económica. 

Los datos salen de un informe del servicio de estudios del BBVA. Según sus cálculos, Madrid pagó entonces un tipo de interés del 2,3%, frente al 1,4% de promedio del resto de las comunidades. La diferencia entre ambos tipos de interés es de dónde salen esos 314 millones, teniendo en cuenta que la deuda total de la Comunidad de Madrid asciende a 34.820 millones de euros. Probablemente la cantidad en 2023 haya sido similar o incluso superior teniendo en cuenta la subida de los tipos.

Por ponerlo en contexto, 314 millones al año es más que todo el presupuesto que el Gobierno de Ayuso destinó en 2022 a las políticas de Vivienda: 271 millones. Y el total del dinero que Madrid ha pagado de más en tipos de interés por no querer recurrir al paraguas del Estado durante los últimos diez años ascendería hasta los 2.900 millones de euros, según otros cálculos realizados desde Más Madrid.

Para 2024, la cifra incluso puede llegar a ser superior teniendo en cuenta la proyección que el Gobierno de Ayuso ha hecho en el proyecto de presupuestos aprobado hace unos días en la Asamblea de Madrid. Para este año, los intereses de deuda pública en moneda nacional (emisión) suben un 35,93% y los intereses de los préstamos crecen un 67,72%. De forma conjunta esto supone un incremento del 45,32% del pago de intereses de deuda y préstamos respecto a los últimos presupuestos. Por tanto, el Ejecutivo regional calcula que pagará en intereses unos 960 millones de euros este año. 

La decisión de Aguirre frente al Gobierno de Rajoy

El origen de ese sobrecoste por financiarse al margen del Estado es una decisión política. Viene de 2012 cuando gobernaba Esperanza Aguirre y no ha sido corregida después por ninguno de sus sucesores al frente de la Comunidad de Madrid: Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y ahora Isabel Díaz Ayuso. Cualquiera de ellos podría haber revertido aquella decisión. 

Precisamente en julio de 2012, pocos meses después de que el PP ganara las elecciones con mayoría absoluta, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, puso en marcha un mecanismo para financiar a las ahogadas autonomías, y que pudieran evitar los altos tipos de interés que pagaban en ese momento en el mercado. Eran los peores años de la crisis económica y la prima de riesgo que pagaban las autonomías era mucho peor que la que soportaba el Gobierno central. Solo de 2008 a 2012, algunos territorios vieron cómo se quintuplicó su deuda.

Para ahorrar costes de financiación a las autonomías Montoro puso en marcha el FLA. El Gobierno central era quien se endeudaba por todas, y después prestaba a las autonomías, básicamente al Gobierno central los mercados le prestan dinero mucho más barato que a una autonomía porque genera más confianza. Solo hubo una comunidad autónoma entre las del régimen general –descontando Euskadi y Navarra, que tienen otro modelo de financiación– que se negó a acudir al FLA para abaratar su financiación: Madrid. 

La razón por la que Madrid rechazó el recurso del FLA ideado por un Gobierno de sus mismas siglas tiene poco que ver con el interés general de los madrileños. En aquellos años, Esperanza Aguirre tenía una guerra abierta contra Mariano Rajoy. Y también un enfrentamiento especial –casi personal– con Cristóbal Montoro, al que llegó a acusar de haber filtrado su declaración de la renta. Según distintas fuentes, esta mala relación entre Aguirre y Montoro es lo que explica por qué Madrid no quiso acudir a este sistema de financiación más barato, a diferencia de lo que hicieron las demás comunidades, independientemente de su color político.

Las conclusiones del estudio del BBVA son claras: la puesta en marcha de los mecanismos de liquidez “facilitó la financiación de las comunidades a costes más bajos”. Aquellas que nunca han recurrido a la financiación del FLA y que, por tanto, se financian directamente en mercado, “registran un mayor tipo implícito de su deuda”. “Mientras que, en general, las comunidades con mayor nivel de deuda y mayor dependencia del FLA tienen un coste de la deuda reducido”, explica la entidad en sus conclusiones.

El departamento de Economía y Hacienda de Madrid sigue defendiendo esta decisión. “Evitando utilizar el FLA salvaguardamos la autonomía financiera a la Comunidad de Madrid y nos da más libertad para gestionar nuestra política económica”, asegura una portavoz del departamento que ahora dirige Rocío Albert. El Estado somete a las comunidades que se financian a través del FLA a más controles. A pesar de que Madrid está pagando más intereses que ninguna otra región, la Consejería defiende que su gestión de la deuda y del gasto público “genera confianza y certidumbre en los inversores” porque “han respaldado las emisiones de deuda pública con gran éxito y a unas condiciones muy ventajosas”. 

Esa “libertad” para gestionar la política económica está principalmente ligada a la rebaja de impuestos. Madrid perdonaba hasta ahora más de 1.200 millones de euros a los más ricos cada año en el impuesto del patrimonio. El Gobierno de Ayuso ha recuperado parcialmente este impuesto después de que el Constitucional echase para atrás su recurso contra el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno aprobado por mayoría del Congreso durante la pasada legislatura. A partir de ahora, Madrid recaudará por el Impuesto del Patrimonio 555 millones de euros. Otros casi 700 millones seguirán siendo perdonados a los más ricos de la región. Madrid es también la comunidad con el tramo autonómico del IRPF más bajo del país.

En Más Madrid consideran que la decisión de financiarse por libre perjudica a la región. “De acuerdo con nuestros cálculos, de los 8.700 millones de euros pagados en intereses desde entre 2012 y 2022, los gobiernos del PP habrían pagado más de 2.900 adicionales por no acogerse a la financiación estatal”, lamenta el diputado de Más Madrid Alberto Oliver. “Además de financiarnos más caro, tenemos que añadir que Ayuso ha renunciado a recaudar 6.500 millones de euros al año mediante rebajas y bonificaciones fiscales. Esta política fiscal recae en las espaldas de nuestras futuras generaciones, a quienes les dejamos deuda y peores servicios públicos”, añade Oliver, que considera que pagar “por deuda innecesaria” y que además sea “más cara que otras regiones” es una muestra “de la pésima gestión económica del Partido Popular”.

El dirigente de IU y exdelegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid por Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato, fue uno de los primeros en poner el acento en los intereses de más que Madrid estaba pagando por financiarse al margen del FLA. Según sus cálculos, la cifra el año pasado alcanzaría los 354 millones. “El riesgo país siempre hace que las comunidades se financien peor que el Estado”, explica. “Renunciar a eso por chulería le cuesta decenas de miles de euros a los madrileños”. Sánchez Mato cuestiona además el argumento del Gobierno regional sobre su “autonomía y libertad” financiera por estar al margen del FLA. El exdelegado de Hacienda de Madrid explica que como Madrid incumplió la regla de gasto en 2019, igualmente debe “pedir permiso” al Estado para emitir su deuda. 

El Gobierno condonará parte de la deuda a las comunidades

La deuda autonómica va a ser uno de los asuntos importantes de la legislatura que acaba de iniciarse, después de que el PSOE pactase con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) la condonación del 20% de la deuda catalana. Una década después de que se creara el FLA para dar liquidez a los gobiernos autonómicos, las comunidades afrontan una vía que puede aligerar una carga que se disparó a partir de 2008 y que todavía sigue pesando mucho en sus cuentas. El Gobierno hará extensiva al resto de comunidades la 'quita' pactada con ERC, incluidas las que no se financian a través del FLA como Madrid, Euskadi y Navarra. 

El centro de estudios Fedea publicó recientemente un documento en el que calculaba el impacto de la condonación de deuda para el resto de autonomías en función de las cifras acordadas para Catalunya, tomando como referencia la quita por habitante. Con ello, estimaron que rondaría los 88.000 millones de euros en total, para una deuda acumulada de las comunidades de más de 322.000 millones. Andalucía, Madrid y Valencia serían las regiones más beneficiadas, según estas estimaciones. En concreto, a Madrid le corresponden 12.900 millones, más de un tercio de su deuda. 

El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha realizó después otra estimación algo más conservadora. Según su cálculos, se perdonarían 58.000 millones de euros a las comunidades autónomas. A Madrid le corresponderían 3.475 millones, según estos cálculos, un 10% de su deuda actual.

En cualquier caso, desde la Consejería de Economía y Hacienda aseguran que Madrid no aceptará esa quita y se remiten a unas declaraciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso del pasado 7 de noviembre cuando afirmó que “condonar deudas por interés político destroza nuestra imagen como país en el que se puede confiar, no es una mera cuestión de desigualdad de trato”. Ayuso trató internamente en un comité ejecutivo nacional del partido que el resto de las diez autonomías gobernadas por el PP la siguieran en esa idea de rechazar la condonación de deuda, algo en lo que no están de acuerdo. Parece que, de nuevo, Ayuso se quedará sola en esa cruzada contra el Gobierno.