Ayuso pide a la Audiencia Nacional que paralice el cierre de Madrid: alega que Sanidad invade sus competencias y limita derechos fundamentales

La Comunidad de Madrid ha presentado este viernes el recurso contra la orden del Ministerio de Sanidad que le obliga a implementar restricciones a la movilidad en la capital y otras nueve ciudades de la autonomía –Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas–. El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha solicitado medidas cautelares aunque estas no impedirán la entrada en vigor de las medidas esta noche a partir de las 22 horas. El Ejecutivo regional alega que Sanidad invade sus competencias y limita derechos fundamentales, entre otros.

Las medidas restrictivas que limitan la movilidad en Madrid y otros nueve municipios de la autonomía entrarán en vigor esta noche. “La orden entra en vigor independientemente del recurso”, explican estas mismas fuentes. La Comunidad de Madrid renuncia a solicitar medidas cautelarísimas, que obligarían a la Audiencia Nacional a pronunciarse en menos de 24 horas. Por ello, las medidas se harán efectivas esta misma noche en torno a las 22 horas, 48 horas después de que el Ministerio de Sanidad notificase la orden del Consejo Interterritorial aprobado por mayoría por las comunidades autónomas.

“No es un recurso contra el funcionamiento del Estado de Derecho, ni para cambiar la Constitución, ni para saltarse las leyes. Es un recurso para defender el Estado de Derecho, para defender nuestro autogobierno, para defender nuestras competencias”, ha defendido en una rueda de prensa el consejero de Justicia e Interior, Enrique López.

El consejero autonómico ha defendido que, sobre todo, el recurso busca “proteger la salud de los ciudadanos” porque entienden que tienen más razón que el Gobierno. “La Comunidad de Madrid es respetuosa con la ley, es leal al resto de administraciones públicas y por eso vamos a darle curso y cumplimiento a la norma del Gobierno”, ha apuntado a continuación.

Para el Ejecutivo autonómico, se está ante una orden “nula”, que “invade competencias” pero, por un principio básico de derecho administrativo de que los actos son inmediatamente ejecutivos, acatarán lo comunicado. A su parecer, las medidas provocan “caos” como consecuencia de la forma en la que están redactadas y además les obligan a que entre en vigor las primeras 48 horas.

En el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, el Gobierno regional señala “el perjuicio que se deriva de la invasión de competencias” que ha supuesto la orden mediante “una utilización torticera” del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El Ejecutivo de Ayuso defiende ahora que es la Comunidad de Madrid “la que ostenta la competencia para adoptar las medidas sanitarias” y que la orden del Ministerio de Sanidad supone “la imposición de una serie de medidas que derivan de un uso instrumentalizado del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”.

El Ejecutivo autonómico considera que las medidas de Sanidad pueden “afectar sensiblemente a la vida ordinaria y a la actividad económica” e “implican una limitación de derechos fundamentales”. “Lo que, por tanto, reclama una especial mesura en su adopción, enfocándolas siempre a una finalidad sanitaria, pero en el marco de los principios de utilidad y, muy especialmente, proprocionalidad”, alegan. La Comunidad de Madrid ha limitado la movilidad de 45 áreas sanitarias.

En este sentido, la administración autonómica considera que esto resulta “agravado”, cuando a la vista de la “intensidad de las medidas adoptadas”, se dan cuenta de que “el Estado dispone de un instrumento para ello: la declaración del estado de alarma”. Creen que “esta agresión a las competencias de la Comunidad de Madrid tiene un efecto adicional, que intensifica el daño que causa la ejecución inmediata”.

El Gobierno regional también alude a la economía y al “daño” que puede acarrear estas medidas. La administración autonómica asegura que aunque son “conscientes de que este impacto económico debe quedar siempre supeditado a las necesidades de Salud Pública”, hay que tener en cuenta el daño en este sentido que se deriva de las medidas resulta “totalmente injustificado”.

Según sus cálculos, el impacto de estas nuevas medidas restrictivas para el 71% de la población de la Comunidad de Madrid provocaría una pérdida de “750 millones de euros por cada semana de retraso en la reactivación económica, que conlleva la destrucción media semanal de 18.000 empleos”. También defienden que la región perdería una recaudación semanal cercana a 44 millones de euros.