La Comunidad de Madrid prescindirá a partir del 1 de enero del 65% de los 11.200 sanitarios que firmaron un contrato Covid en marzo de 2020. En su mayoría son médicos, enfermeros, auxiliares y técnicos de laboratorio que ya formaban parte de la plantilla del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid (SERMAS), pero que no contaban como personal estructural porque encadenaron durante años contratos temporales –y precarios– que les dejaba fuera de la estadística oficial. Hasta que llegó la pandemia. Ahora, un año y medio después de estar al frente de la mayor crisis sanitaria que se recuerda en el último siglo, el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso va a rescindir la mayoría de esos contratos. Mientras, las listas de espera acumulan cifras récord de pacientes esperando un diagnóstico, una primera visita con el especialista o una operación quirúrgica.
En esos casi 7.000 despidos previstos, hay también médicos: un 10%. La Consejería de Sanidad ya ha informado a las unidades asistenciales de los hospitales públicos de Madrid que deben prescindir a partir del 1 de enero de 2022 del 65% de estos sanitarios, lo que supone que 690 médicos de todas las especialidades engrosarán las listas del paro a partir de enero. En unos casos, volverán a firmar contratos temporales y parciales. En otros, se marcharán a otras regiones o países donde les ofrezcan una oportunidad laboral. Muchos también se quedarán sin trabajo e incluso planean buscar otra profesión. Hace no tanto que la presidenta madrileña lamentaba que “no hay médicos a los que contratar”.
La razón que la dirección de recursos humanos alegó hace unos días a los sindicatos presentes en la mesa sectorial es que “no hay capacidad presupuestaria” para afrontar estos contratos que en el último año y medio se han financiado con fondos que ha transferido el Gobierno central a la Comunidad de Madrid. Para las cuentas de 2022 –que previsiblemente se aprobarán a finales de año– el Ejecutivo de Díaz Ayuso ha proyectado un presupuesto que recoge un merma de 178 millones de euros menos para Sanidad respecto a lo ejecutado en 2019, un año previo a la pandemia. Todo esto, mientras la presidenta presume de una rebaja fiscal que beneficia principalmente a las rentas más altas y con la que Madrid dejará de recaudar 334 millones de euros al año.
María, neuróloga de un hospital del sur de Madrid, se encuentra entre las que se irán al paro. “Ayer me notificó mi jefe que soy una de las despedidas a partir del 1 de enero”, cuenta apenada al otro lado del teléfono a elDiario.es. Aunque en su contrato figurara la palabra COVID, María no era una recién llegada a la sanidad madrileña en marzo de 2020, cuando se firmaron estos contratos. Al igual que la gran mayoría de sus compañeros, llevaba ya trabajando en el servicio público de salud desde 2017, año en el que comenzó a encadenar sucesivos contratos temporales en diferentes hospitales que en algunos casos eran de días y en otros por trimestre.
“Estuve un tiempo cubriendo guardias en las que me daban de alta y de baja en la seguridad social cada día”, relata. En 2019 logró una beca, las conocidas como “intensificación”, una suplencia para que los médicos titulares que logran fondos para investigación puedan dedicarse al nuevo cometido, mientras el 50% de su trabajo lo asume otro médico. “Ese salario no lo paga la sanidad madrileña, viene de una subvención de otro organismo”, señala.
“En 2020 cuando todos los médicos nos dedicamos a tiempo completo a la atención de pacientes con coronavirus, a muchos se nos ofrecieron los contratos COVID que por primera vez nos daban algo de estabilidad y los cogimos”, añade. “Ahora eso se termina y yo me quedo en la calle sin posibilidad de volver a la beca anterior”, lamenta. En los últimos meses ya no atendía a pacientes con COVID. María había puesto en marcha una unidad de cefaleas en su hospital, una patología que acumula siete meses de listas de espera. Su marcha complicará las cosas para estos pacientes.
La situación de Otilia, médico internista del hospital 12 de octubre, es parecida. E incluso más sangrante. Esta sanitaria aún desconoce si el 31 de diciembre será su último día en el centro donde ha trabajado los últimos nueve años encadenando contratos precarios, el hospital 12 de octubre. “La Comunidad de Madrid siempre ha hablado de los 11.000 contratos COVID como nuevos, pero la realidad es que muchos ya formábamos parte desde hace años del sistema aunque no contáramos”, dice. Y añade: “Ahora con el despido de 690 médicos y otros tantos sanitarios lo que se va a producir es que las plantillas queden más mermadas que antes de la pandemia”.
Al igual que María y Otilia, decenas de médicos con contratos COVID han protagonizado estos días una campaña para denunciar la situación. Médicos internistas, neurólogos, anestesistas y de todo tipo de especialidades han inundado con fotografías y vídeos las redes sociales para recordar que estuvieron al frente de la pandemia y que ahora el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso planea dejarlos en la calle, cuando la sanidad está lejos de presentar un estado decente.
Hace unas semanas, esta redacción preguntó a la Consejería de Sanidad por estos despidos. Entonces, el plan que barajaba el Gobierno regional era prescindir de la mitad de los contratos. La respuesta oficial del departamento de Comunicación ahora es que “los planes funcionales de cada centro sanitario están sin cerrar aún”. Sin embargo, los números que ya han llegado a los hospitales estipulan que solo el 35% de esa plantilla va a quedarse.
Mientras, las listas de espera se han disparado a máximos históricos en Madrid y la curva de contagios por coronavirus vuelve a subir en todo el país con la amenaza de nuevas variantes que “preocupan” a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Listas de espera en máximos históricos
Madrid ya fue la comunidad autónoma donde más golpeó la pandemia en la primera ola. Estuvo a la cabeza al principio de la segunda y tuvo una de las tasas de contagios más altas durante la tercera. A esa situación se enfrentaron los médicos que a partir de enero se quedarán en la calle. “He estado un año y medio atendiendo pacientes COVID y psicológicamente ha sido muy duro. La primera ola fue dura pero todas las demás también”, dice Otilia.
En los últimos meses, desde que la vacunación alcanzó porcentajes muy amplios y la curva de contagios descendía, muchos de estos sanitarios están desempeñando los trabajos de siempre, los de antes que hubiera COVID. Otros, como el caso de Estíbaliz, atienden a pacientes que se han quedado con secuelas. También su contrato peligra con la llegada del año nuevo.
La consecuencia directa de la tensión que sufrió la sanidad madrileña son unas listas de espera disparadas en todas las especialidades, especialmente en las cirugías.
Madrid superó en noviembre el millón de pacientes en lista de espera para una primera consulta con el especialista. La demora para ser operado se ha disparado en Madrid pasando de las 230 personas que esperaban más de 180 días –seis meses– para recibir una operación en febrero de 2020, a las más de 9.000 en octubre de 2021, el último mes en el que hay registros. Las personas que esperan más de un año para ser operadas también se han multiplicado por diez en poco más de un año. El resumen es que las listas de espera se han disparado un 3.500% desde que comenzó la pandemia.
Los recortes de gasto social durante las últimas décadas en Madrid dejan a la Comunidad como la que menor porcentaje de su PIB destina al gasto sanitario. En 2019, últimos datos recogidos por el Ministerio de Sanidad, el Gobierno madrileño destinó únicamente el 3,7% a la sanidad. Únicamente Catalunya se situó relativamente cerca de Madrid, al destinar el 4,9%. Estos datos contrastan con los de otras comunidades como Extremadura (8,6%) o Asturias y Castilla-La Mancha (7,6%). La media española es el 5,6%, dos puntos por encima de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso prometió durante la campaña electoral del 4 de mayo una reducción de las listas de espera a la mitad, aunque ese compromiso ya aparecía en su programa para los comicios de 2019. La realidad es que a día de hoy va a despedirse a sanitarios o dejar escapar a los residentes que terminan la especialidad cada año y que prefieren marcharse a otras comunidades o países en los que les ofrecen mejores condiciones.
“Visto con perspectiva parece una estrategia para acabar día a día con la sanidad pública como la conocemos hasta ahora”, dice Otilia. Para Estíbaliz, el camino “silencioso” de “desmantelamiento de la atención primaria”, cuyas consecuencias se sufren ahora, “se está trasladando ahora a los hospitales”. “Las citas se retrasan, la gente va más a urgencias, la sanidad se colapsa y las listas de espera con el especialista se demoran”, lamentan. “Eso solo provoca un agravamiento de la salud pública y de las patologías de los pacientes”.
Los sanitarios afectados por estos despidos se concentrarán el próximo 2 de diciembre entre las 16:30 y las 17:30 horas frente a la Asamblea de Madrid que como cada jueves celebrará el Pleno ordinario. “Éramos necesarios antes de la pandemia y seguimos siendo muy necesarios, ahora más que nunca. Queremos decir que no y concienciar de que hay que consolidar el sistema público”, lamenta Estíbaliz. “Estoy preocupada por mi futuro pero lo estoy más como paciente porque la situación para todos se nos está complicado mucho y lo vamos a pagar caro”, añade Otilia. Aún confían en que la presión de todos cambie los planes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Algunos nombres han sido alterados a petición de las afectadas por miedo a represalias.