Entre los meses de marzo y abril, murieron en Madrid casi 10.000 ancianos que vivían en residencias, la región de Europa con más exceso de muertes en pandemia, según datos del Comité de las Regiones. De ellos, un total de 7.291 no fueron trasladados a un hospital por los estrictos protocolos de la Comunidad de Madrid que frenaron la mayoría de las derivaciones. El asunto llegó hasta la Asamblea de Madrid, que abrió –y luego cerró con los votos del PP– una comisión de investigación. Y también llegó a la Fiscalía, que ha abierto –y casi siempre ha archivado– cientos de denuncias de familiares.
Sin embargo, el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso –que no medicalizó las residencias como anunció ella misma en la televisión y difundió en nota de prensa– ha reclamado el pago del mes en que murieron todos esos ancianos, pese a que muchos fallecieron sin asistencia adecuada, con las plantillas reducidas hasta en un 40% por bajas y sin medidas sanitarias mínimas, como denuncian familiares, trabajadores y ha puesto de manifiesto el informe ciudadano de la Comisión por La Verdad en las Residencias.
De entre los familiares, hay quien pagó en su momento y quien –por indignación, olvido, voluntad o desacuerdo– no pagó. Estos están siendo reclamados por la administración regional y pueden llegar a ser embargados.
En total, desde el año 2021 (cuando se empieza a reclamar por el año de pandemia) hasta los primeros meses de 2024 (excluido 2023 del que este periódico no ha logrado recopilar los datos), la Consejería de Familia y Asuntos Sociales ha hecho 390 requerimientos a familiares de mayores fallecidos para reclamarles el dinero que adeudan, según la respuesta del propio departamento a una pregunta de elDiario.es a través del Portal de Transparencia. En total, la Comunidad está reclamando casi 400.000 euros a esas familias en ese periodo.
¿Cuánto de ese dinero reclamado corresponde a ancianos fallecidos en los dos peores meses de la pandemia y durante los llamados protocolos de la vergüenza? La respuesta de Asuntos Sociales no desglosa cuándo fallecieron, pese a que elDiario.es trasladó expresamente esa petición, sino cuándo se solicita el pago. Según publicó recientemente El País, que hizo una petición similar también por Transparencia, fueron un mínimo de 187 los ancianos fallecidos en marzo y abril de 2020 a los que se les solicita pago. A esa cifra habría que sumar los que ya han pagado, un dato que Asuntos Sociales no aporta porque dice que no está contabilizado así. Según confirman fuentes de la propia Consejería, “en el caso de deudas de residentes fallecidos, el proceso se dilata en el tiempo al tener que requerirse a los herederos” y aunque fallecieran en 2020 se les puede enviar la carta de uno a dos, tres o cuatro años después, dependiendo del caso.
De hecho, familiares de fallecidos durante los peores meses de la pandemia están recibiendo a lo largo de este año la factura de 2020. Es el caso de María, quien reveló en la Cadena Ser que el Gobierno de Ayuso le reclamaba 674,28 euros: “Es como si el asesino de mi padre me reclamara el dinero de la bala”, contaba en directo en un impactante testimonio a principios de abril. Según la respuesta a través de Transparencia, en el año en curso, la Comunidad está reclamando 140.000 euros.
La Consejería sugiere que, en caso de desacuerdo, se haga un recurso. Es lo que ha decidido María. “Puse un recurso el 8 abril. Han pasado dos meses y aún ni me han contestado, ni se han dirigido a mí de ninguna manera”, cuenta a elDiario.es. Aunque le envíen un segundo apremio para que pague, o aunque le embarguen, lo tiene claro: “No voy a pagar, me da igual, más daño no me pueden hacer, esto es solo dinero”. Su padre estaba en la residencia con buen estado de salud y falleció sin que ella pudiera despedirse y sin recibir información de lo que estaba pasando.
“He pagado, no podía más”
Elena ha hecho justamente lo contrario: “Ya no puedo más con esta situación, me hacía mucho daño y he pagado”. Su madre falleció el 2 de mayo de 2020 y le reclamaban por carta 589,44 euros, que ha acabado por abonar pese a la indignación por no haberse podido despedir de ella. Tampoco fue derivada al hospital. “Hice varios recursos, pero ya no podía más”.
Desde la Consejería defienden que no cobrar lo adeudado puede “dar lugar a exigencias de responsabilidad”, incluso constituir un “delito de prevaricación”. También subrayan que “la legislación estatal no estableció ninguna excepcionalidad con las deudas pendientes durante la pandemia”. Siendo esto cierto en el caso de las residencias, también lo es que la gestión de las mismas, así como los contratos públicos y de concesión, corresponden a la Comunidad de Madrid y era el Gobierno de Ayuso quien podría haber propuesto la suspensión o revisión de pagos a sus contratistas para aliviar la situación de las familias.
Fuentes jurídicas consultadas y expertos en Derecho coinciden en que la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 prevé que puedan establecer moratorias o suspender pagos a los proveedores en situaciones excepcionales como esta hasta redimensionar el problema y analizar el servicio que se ha dado y si se ha prestado correctamente. La Comunidad de Madrid también podría haber asumido el pago total condonando la deuda a las familias.
Pero el Gobierno de Ayuso no solo reclama deudas a quienes fallecieron en las residencias, también a quienes se marcharon de las residencias por miedo y no hicieron uso de su plaza durante meses. Tuvieron que seguir pagando pese a que dejaron la plaza vacante y pese a que no supusieron ningún coste de atención, comida o limpieza a las empresas. Es el caso de Esther, que se llevó a su padre y madre a casa en abril de 2020 ante la situación desastrosa que estaban viviendo en su residencia de Alcobendas. “Tuve que seguir pagando 600 euros al mes para no perder la plaza concertada aunque mi padre no la usaba”. A la vez, tenía que asumir el coste en casa de enfermera, comida y cuidados de sus padres. Pese a que reclamó en numerosas ocasiones, le enviaron cartas oficiales desde la Consejería, a las que ha tenido acceso elDiario.es, en las que le denegaron la posibilidad de dejar de pagar temporalmente. Las residencias concertadas, gestionadas por empresas privadas, pudieron seguir cobrando su cuota íntegra de los residentes y la Comunidad de Madrid pese a tener cientos de camas vacías.
Elena, que ya ha pagado harta de lo que considera un maltrato institucional, también acudió al Defensor del Pueblo. Fuentes de este organismo señalan a elDiario.es que han recibido dos quejas de familiares de mayores fallecidos en la pandemia por las reclamaciones de pago que se están haciendo ahora: “Tras admitir las quejas a trámite, hemos pedido información a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y estamos a esperando respuesta”.