La Cámara de Cuentas encuentra contratos fragmentados irregularmente durante el Gobierno de Cifuentes
El último informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, fechado en mayo de este año, encuentra irregularidades en la adjudicación de contratos por parte del Gobierno autonómico presidido por Cristina Cifuentes durante el ejercicio de 2017. El órgano de control denuncia el fraccionamiento irregular y la propagación de la contratación menor en las distintas consejerías e instituciones autonómicas.
En 2017 la Comunidad madrileña adjudicó 569.903 contratos menores por valor de 802,8 millones de euros, según se desprende de este informe, adelantado por la Cadena SER. Este tipo de adjudicación se concentra en el Servicio Madrileño de Salud, que acordó el 94% del total de contratos menores otorgados ese año en la región.
“La contratación menor de los hospitales pertenecientes al Servicio Madrileño de Salud se realiza de forma generalizada, llegando a convertir en práctica habitual lo que es una excepción en la contratación pública”, denuncia el órgano de control. En 2017, el importe de estos contratos supera el 50% del total otorgado por el servicio de salud madrileño.
Esta práctica fue especialmente frecuente en el Hospital Clínico Universitario San Carlos, con más de 90.000 contratos menores por valor de 110 millones de euros otorgados en 2017. En segundo lugar, se encuentra el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con casi 75.000 contratos menores por valor de 97 millones de euros. Ambos centros representan el 25% del importe adjudicado mediante el fraccionamiento.
Uno de los aspectos por los que la Cámara encuentra irregularidades en las cuentas del gobierno autonómico es el número de adjudicaciones que se otorgan a un mismo proveedor, muy superior “al límite establecido”.
También considera fraudulenta la duración de algunos de estos contratos, cuando se renuevan de forma periódica, ya que por ley no pueden superar el año. En este sentido, el órgano detecta irregularidades en las cuentas del Hospital Central de la Cruz Roja, el Hospital de El Escorial, el Hospital de Fuenlabrada, el Hospital de la Fuenfría, el Hospital Psiquiátrico Dr. R. Lafora de Madrid, Hospital Universitario de Getafe o el Hospital Universitario Móstoles.
Contratos de 17.999,99 euros
Además, la Cámara de Cuentas autonómica detecta “con frecuencia” una contratación “justo por debajo del umbral de 18.000 euros”, precisamente la cifra límite para los contratos menores de servicios, en las distintas instituciones regionales.
Un ejemplo claro se encuentra en la adjudicación por parte de la Consejería de Sanidad de cuatro contratos de suministro de materiales de mantenimiento el mismo día y a la misma empresa por un importe de 17.999,99 euros cada uno. El informe denuncia este fraccionamiento con el fin de eludir los requisitos de publicidad y a los procedimientos de adjudicación correspondientes.
“La fijación expresa de un precio en el límite de la contratación menor a efectos de acogerse a un procedimiento de adjudicación directa es una actuación en fraude de ley prohibida por el artículo 86.2 TRLCSP”, recuerda.
El año pasado, eldiario.es ya reveló la adjudicación irregular por parte de la Consejería de Sanidad a farmacéuticas por valor de cientos de millones de euros entre los ejercicios de 2015 y 2017. También en ese caso el Hospital Clínico San Carlos fue el centro con mayor volumen de gasto fraccionado (por valor de 272 millones de euros). De estos contratos, 431 fueron destinados al mismo medicamento de la misma empresa (Harvoni de Gillead), por un valor de 6,4 millones de euros.
Contratos duplicados y falta de información
En el informe denuncian las dificultades para hacer un análisis veraz de las cuentas regionales. Desde las distintas consejerías y organismos autonómicos se incluyen “muchos contratos duplicados por lo que no es posible conocer con precisión el alcance de la contratación menor de la Comunidad de Madrid”.
Exponen, además, la existencia de “contratos puente”, entre una adjudicación y la siguiente. Los organismos analizados lo achacan a “una imprevisible demora” en la tramitación de la adjudicación. En este período, y ante el riesgo de que la Comunidad quede sin cobertura de “servicios esenciales”, se opta por fraccionar el pago correspondiente a este lapso de tiempo.
Por último, el control se ve dificultado por la falta documentación aportada por las distintas instituciones. Es el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Alcorcón, o del hospital Clínico Universitario San Carlos, que no aportan ninguna factura de los contratos requeridos en el plazo debido.
