El consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha cesado este martes a Francisco Lobo, hasta ahora secretario general técnico de Sanidad, cargo que desempeñó ya en la anterior legislatura. El Gobierno de Ayuso le ha cesado después de que haya sido imputado el lunes en la trama Púnica, junto a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
Así lo ha anunciado el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado. Francisco Lobo lleva desde 2003 trabajando en los gobiernos del PP de Madrid, cuando lo fichó Esperanza Aguirre tras su victoria electoral en la Comunidad. Ha estado también a la órdenes de Ignacio González, Cristina Cifuentes y ahora formana parte del organigrama que ha configurado Isabel Díaz Ayuso.
Lobo este acababa de ser imputado por el juez García Castellón en el caso Púnica, que investiga la financiación irregular del PP de Madrid con dinero de las concesiones de distintas administraciones públicas. El magistrado cree que aprobaba contratos dando apariencia de legalidad y a sabiendas de que no lo eran.
García Castellón lo sitúa como la persona que recepcionó facturas en la consejería de Economía con concepto “simulados”, “las aceptaría y tramitaría como contratos menores (...) para su pago con fondos públicos”. También como subdirector de gestión económica “certificó en el expediente de concesión en el año 2008 de la subvención a Fundescam” [la fundación del PP de Madrid bajo investigación por financiación irregular] y apuntó que los gastos efectivamente realizados se “adecuan en su naturaleza a la finalidad de la Subvención”, consumando así “el desvío del dinero público de la misma”, concluye el juez en su auto, que ve indicios en su actuación también de una adjudicación irregular de un laboratorio.
Francisco Lobo conoce bien a Isabel Díaz Ayuso, porque fue parte del préstamo que consiguió su padre a través de Avalmadrid, la empresa semipública bajo investigación del Banco de España y de la Asamblea de Madrid. Lobo era consejero en la sociedad avalista en 2011, como figura en el informe de la propia entidad, el año en el que el padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid solicitó un aval por 400.000 euros y se le concedió contra la opinión de los técnicos. El crédito no ha sido devuelto y los bienes de garantía no han sido embargados. El piso familiar se salvó gracias a una donación bajo sospecha de su familia a Díaz Ayuso cuando la sociedad de su padre ya atravesaba graves dificultades.