El Gobierno de Esperanza Aguirre gastó 3 millones en las nóminas de diez empleados del Campus de la Justicia

El Gobierno de la Comunidad de Madrid bajo el mandato de Esperanza Aguirre repartió generosos sueldos entre los contratados para el fallido proyecto del Campus de la Justicia. Entre sueldos, seguridad social, IRPF, beneficios sociales e indemnizaciones durante el periodo 2008 y 2012, la Comunidad dedicó más de 3 millones de euros públicos para el personal de un proyecto que nunca llegó a ver la luz, según ha adelantado La Sexta.

El Campus de la Justicia nació en la cabeza de la ex presidenta Esperanza Aguirre y su consejero de Justicia en 2004, Alfredo Prada. La primera piedra del campus primigenio se colocó en 2007. También en 2008, cuando se organizó otro acto de inauguración con Aguirre en las fotos de nuevo. Dos años después, en 2010, el sucesor de Prada, Francisco Granados, ya reconocía que se había abonado casi un centenar de millones. En 2015, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, enterraba el proyecto por su alto coste.

Las nóminas de los contratados para el Campus de la Justicia se han conocido tras la aparición del Libro de Cuentas del organismo, que ha estado perdido durante más de un año tras la llegada de Cifuentes al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Entre los trabajadores que más cobraban estaba Isabelino Baño, director técnico del proyecto y el hombre que manejaba todos los movimientos del proyecto. Según el libro de contabilidad, Baño tenía una nómina de casi 9.000 euros limpios al mes. Según La Sexta, la Comunidad contrató para el Campus a la empresa de que provenía este directivo, que recaló en ella otra vez tras abandonar el proyecto.

Otro de los sueldos más altos era el de Miguel Jiménez de Córdoba, que también cobraba cerca de 9.000 euros al mes. Le sigue Mariano Sampiñar, con una nómina de 7.000 euros mensuales y que aprovechó su paso por el Campus de la Justicia para que se le pagara un máster MBA de 37.000 euros.

Andrés Gómez Gordo cobraba 6.000 euros cada mes. Aunque solo trabajó unos meses se llevó una indemnización de 30.000 euros. Tras su salida del Campus acabó contratado por la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.