El conflicto por la devolución de 1.700 pisos sociales se mantiene abierto entre Goldman Sachs y la Comunidad de Madrid. Encasa Cibeles, una sociedad creada para gestionar la compra de estas viviendas públicas y participada al 97% por el fondo estadounidense, ha recurrido ante los tribunales la resolución de la Agencia autonómica de la Vivienda (AVS) que ponía fin al procedimiento administrativo para liquidar el contrato de compraventa de 32 promociones, indican fuentes de la entidad.
La resolución reclamada, elaborada por la agencia del Ejecutivo madrileño, determinó que la Comunidad debía pagar al fondo 107 millones de euros por la recuperación de 1.700 viviendas. De esta forma el Gobierno autonómico pretendía poner fin al conflicto que tienen abierto desde hace cinco años.
En un comunicado, Encasa Cibeles indica que “no comparte esta decisión en cuanto a los fundamentos y criterios utilizados”, aunque apuesta por mantener la cordialidad con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y asegura que el fondo “tiene la convicción de que la AVS ha tomado la decisión que considera más ajustada a Derecho”.
Desde 2018 la Justicia ha determinado que la venta de 3.000 viviendas públicas promovida por Gobierno autonómico de Ignacio González (PP) en 2013 a Encasa Cibeles es nula. Los magistrados han reiterado en autos y sentencias que la Comunidad de Madrid no justificó convenientemente por qué se deshizo de esas promociones para hacer caja en lo más duro de la crisis económica que estalló en 2008.
El fondo reclamaba entre 175 y 198 millones de euros
De esos 3.000 pisos sociales que se enajenaron, la justicia determinó que únicamente se debían devolver 1.700 a la Comunidad porque el resto ya no pertenecían al fondo. Para poner fin a esa operación, Encasa Cibeles elaboró dos escenarios uno en el que solicitaba una indemnización de 198 millones de euros y otro en el que reclamaba 175 millones de euros. Esta petición no ha sido escuchada por el Gobierno de Díaz Ayuso, que a través de la resolución recurrida desestima la reclamación de daños y perjuicios presentada por Encasa Cibeles. En 2013, el Ejecutivo de González obtuvo 201 millones por la venta de las 3.000 viviendas.
Fuentes del fondo aseguran que el recurso presentado no está motivado por cuestiones económicas, sino porque consideran que la vía administrativa no es la adecuada para poner fin al contrato firmado. “En consecuencia, dada la complejidad técnica del debate, Encasa Cibeles entiende que la manera más adecuada y natural de resolver esta discrepancia (habitual, por otra parte, en procesos de liquidación contractual como este) es sometiéndola a la decisión de los tribunales de justicia, proporcionando así una completa seguridad jurídica a la liquidación”, continúa el comunicado emitido por la sociedad de Goldman Sachs.
Además, con el objetivo de tranquilizar a los afectados por esta operación, el fondo sostiene que el recurso presentado “no afecta a la situación de los inquilinos de los inmuebles, ni a la relación de estos con la AVS, puesto que en ningún momento se está cuestionando la devolución de las 1.721 viviendas que fueron asumidas el pasado mes de septiembre por la AVS de forma ordenada y eficaz”. “La AVS, como actual propietario que es, continuará gestionando las mismas con total independencia y conforme a su mejor criterio”, finaliza.
“Si Encasa no está de acuerdo con ese precio, que nosotros consideramos justo y objetivo, tiene todo el derecho de acudir a la vía judicial ya que desde la Administración pública lo que defendemos es el patrimonio de todos los madrileños”, apuntan fuentes de la Consejería de Medioambiente y Vivienda. Además, defienden que los 107 millones propuestos se enmarcan en un “precio justo” y “avalado por la Abogacía General de la Comunidad”.