Madrid Central se mantiene como está. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se olvida para siempre de recortar la zona de bajas emisiones y renuncia a todo lo que prometió en su carrera electoral para ganar el Ayuntamiento de la capital. De su plan para eliminar Madrid Central no queda nada. La corporación municipal ha confirmado la decisión este viernes a los grupos de la oposición aprovechando que todos los focos estaban en otro sitio. Con media España pendiente de si el estado de alarma se declaraba o no en Madrid, el concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, comunicaba que dejaba caer definitivamente su proyecto para permitir entrar más coches en la almendra central. La renuncia pone punto y final a la historia de un fracaso anunciado al que el PP se resistió hasta el último momento.
El borrador de la nueva ordenanza de Movilidad, que se elevará a la Junta de Gobierno en las próximas semanas, ya avanzaba que el equipo de Almeida iba a rendirse. El texto no incluía nuevos permisos para los coches con etiqueta C, como avanzó elDiario.es. Sin embargo, el alcalde no dio la batalla por cerrada y trató de ganar tiempo a la espera de un estudio de la Universidad Politécnica que mediría el impacto en emisiones de autorizar el tránsito de más vehículos en Madrid Central. Almeida llegó a afirmar que ese informe respaldaba que su medida reduciría la polución. Del estudio, sin embargo, no se ha sabido nada más hasta ahora. Sus conclusiones se desconocen. Una portavoz del área de Medio Ambiente asegura que se informará puntualmente de él cuando se reciba. La decisión, en todo caso, ya está tomada.
El Ayuntamiento basa su renuncia en la constatación de que nadie le apoyaba. “Buscábamos una ordenanza de consenso y este punto no lo tenía”, defienden desde el Área de Medio Ambiente. El PP ni siquiera contaba con el apoyo de su socio de Gobierno, Ciudadanos, que se alineó con la oposición para frenar la medida y ve como una victoria el desistimiento de Almeida. “Demuestra lo necesarios que son los gobiernos en coalición con respeto y confianza entre las partes y voluntad de cumplir los acuerdos”, defiende la vicealcaldesa, Begoña Villacís.
Más Madrid, el partido que impulsó la zona de bajas emisiones en el anterior mandato, cree que el alcalde “se ha tenido que rendir ante la evidencia científica que planteaba que permitir la entrada de vehículos con etiqueta C iba a empeorar la calidad del aire”. “Esto ratifica que la línea iniciada era la correcta”, señala la concejala Esther Gómez. Para el PSOE, las intenciones del PP eran “inaceptables” porque iban “en contra de la línea que están marcando las ciudades europeas para liberar de coches el centro”.
Lo cierto es que el PP lo tenía todo en contra desde hace tiempo. La medida, de haberse ejecutado, habría convertido a la capital en la primera ciudad europea en dar pasos atrás en políticas medioambientales. Una cuestión que ya tampoco permiten los jueces. El magistrado que anuló definitivamente el intento de suspender las multas en Madrid Central, impulsado por el Ayuntamiento de Madrid en el verano de 2019, se apoyó, entre otros argumentos, en el principio de “no regresión medioambiental”.
Todos los acontecimientos sucedidos entre los meses que separan la campaña electoral de Almeida del momento actual han ido torciendo los planes del PP. El primer revés se produjo cuando la justicia obligó al Ayuntamiento a reinstaurar Madrid Central en julio del año pasado. El nuevo equipo de Gobierno, formado por PP y Ciudadanos, había decretado el fin de las multas como una de sus primeras medidas. La decisión del Consistorio estuvo en vigor cinco días, el tiempo que los jueces tardaron en aceptar las medidas cautelares planteadas por Ecologistas en Acción y el grupo socialista. Un tiempo suficiente también para que se convocara una gran manifestación en contra en las calles de Madrid. El alcalde intentaba dar respuesta en aquel momento a lo que había prometido a sus electores: borrar la zona de bajas emisiones de la legislación madrileña. Pero el tránsito entre las promesas y los hechos se reveló mucho más difícil.
De las promesas a los hechos
Diez días después de ser nombrado candidato por Pablo Casado, un Almeida aspirante a alcalde se ponía como prioridad terminar con la zona de bajas emisiones. “Lo primero, acabar con Madrid Central”, dijo en una entrevista con El Independiente el 20 de enero de 2019. Cinco meses después, su equipo empapeló Madrid con el mismo mensaje en medio de una encendida campaña en la que defendió que los madrileños tenían derecho “a circular con libertad” por la ciudad. “Con Almeida, Madrid central se acaba el 26 de mayo”, decían los carteles electorales que el PP puso por toda la ciudad.
Con el bastón de mando ya en la mano, los tribunales le cortaron el paso para suspender las multas. Ciudadanos entró entonces en la ecuación y, tras apoyar la moratoria, se desmarcó de la idea de borrar del todo Madrid Central. Su programa, defienden los de Arrimadas, era “mejorarlo”. Así que, como el PP tenía problemas para suprimir la medida, optó por recortarla con el anuncio de nuevos permisos para coches que tienen prohibido el acceso libre (los que llevan etiqueta C: gasolina posteriores a 2006 y diésel a partir de 2014) siempre que llevaran más de un viajero. El regidor enmarcó el cambio en una nueva estrategia de movilidad llamada Madrid 360 que iba a reducir las emisiones permitiendo la entrada de más coches. El argumento que manejaba la corporación municipal es que compartir coche iba a reducir el número de vehículos.
Los meses que vinieron después fueron un intenso tira y afloja entre PP y Ciudadanos por la medida. Los concejales naranjas votaron junto a la oposición para rechazar la medida alegando que perjudicaba a la calidad del aire y, en una escalada de la presión, amenazaron con tumbar con la izquierda la nueva normativa si llegaba viva al último trámite en el Pleno. Lo que Ciudadanos ha defendido en los últimos meses es que el recorte supondría retroceder más allá de las Áreas de Prioridad Residencial del exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón y se ha presentado como un dique de contención para evitar que el PP tuviera manga ancha en las medidas relacionadas con calidad del aire, pese a que inicialmente no se opusieron a Madrid 360. El día de su presentación, Ciudadanos no tomó la palabra pero estuvo en la primera fila del acto. Fue dos meses después cuando por primera vez se desmarcó del plan.
Entre tanto, para enredar aún más la situación, la justicia anuló la ordenanza que regulaba Madrid Central por defectos de forma. El pronunciamiento respondía a los recursos presentados por el grupo popular cuando Almeida estaba en la oposición. El Ayuntamiento decidió no recurrir la sentencia y ahora ultima un nuevo texto que sustituya al anulado. El documento no recoge grandes cambios, salvo uno estético: Madrid Central cambiará de nombre a Distrito Centro. El resto, tras un año y medio de agitaciones y promesas, permanece.