De acera estrecha y concurrida, la calle Tribulete retrata la realidad del barrio madrileño de Lavapiés, a tramos cruda y en otros aún castiza. Los chavales que se citan en la nueva tienda de comestibles, entre caladas de humo denso y movimientos desconfiados, no tienen ni idea de quiénes son Jamal Zougam ni el comisario Francisco Javier Fernández. Tampoco, que frecuentan la calle donde se produjeron dos acontecimientos que marcaron España con veinte años de diferencia. A pocos metros de allí estaba el locutorio de uno de los terroristas que desgarraron Madrid el 11 de marzo de 2004. Y unos metros más allá, la joyería cuyo atraco, el 31 de octubre de 1983, precedió a la considerada primera desaparición de un detenido en democracia, la de Santiago Corella, el Nani.
Televisión Española ha estrenado esta temporada un documental que se erige en una pieza periodística de primer orden, relegada de su programación estrella pero que se puede seguir consultando en su página web. “Pacto de silencio”, dirigida por Ángela Gallardo y César Vallejo, deslumbra con ayuda del archivo documental de Televisión Española y ofrece imágenes inéditas del primer juicio en España a funcionarios policiales por torturas a un detenido.
Los abogados de la acusación y la defensa, el juez instructor, uno de los magistrados que formó el tribunal y los periodistas que siguieron el caso van trazando el guion durante dos episodios que, pese a abordar hechos reales y conocidos en su mayoría, logra ofrecer un inquietante giro de guion en su segunda entrega.
El documental encierra además un ‘scoop’: la confesión del abogado de los policías cuando asegura que él vio muerto al ‘Nani’ en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, hoy sede del gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso. “Voy a contar esto porque está prescrito”, advierte Emilio Rodríguez Menéndez. Pese a ser condenados por la desaparición de Santiago Corella, los policías nunca confesaron y defendieron hasta el final que el Nani se había escapado.
El local de Zougam y la teoría de la conspiración
El número 17 de la calle Tribulete es hoy un local cerrado que muestra una estrecha pared desconchada. El 17 de marzo de 2004, ya de noche, agentes de paisano sacaban de su interior a un hombre con la cabeza oculta en una bolsa de basura negra, a resguardo de los fotoperiodistas que aguardaban en el exterior y el grupo de vecinos que lo insultaba.
Entonces, el pequeño local se llamaba Nuevo Siglo. Hasta allí habían llegado los investigadores tras examinar la tarjeta del teléfono móvil que no llegó a estallar en los trenes, metido en una mochila que apareció en la comisaría de Vallecas, amontonada entre las pertenencias de las víctimas. Fue el hilo del que tiró la investigación acerca de la trama yihadista que perpetró la masacre.
El hombre encapuchado, Jamal Zougam, cumple hoy condena como uno de los autores materiales de 191 asesinatos, dos abortos no deseados, 1.856 asesinatos en grado de tentativa, cuatro delitos de estragos y pertenencia a una organización terrorista. En el momento de su arresto, Madrid vivía en vilo consciente de que el grueso de los terroristas estaba libre y podía volver a atentar.
Todavía hoy un comerciante, instalado ya entonces en la zona, insiste a elDiario.es en que Jamal no era religioso, que “tomaba rayitas [de coca]”, que implicarle en los atentados fue una maniobra política y una retahíla más de argumentos que enlazan el testimonio de este hombre de mediana edad, hijo de un miembro de la “guardia mora” de Franco, con la teoría de la conspiración que levantaron algunos medios de comunicación.
Durante años, el Partido Popular utilizó aquella teoría para hacer oposición y acusar de “ilegítimo” el primer Gobierno de Zapatero, el que salió de las elecciones que se celebraron tres días después de los atentados mientras el Ejecutivo de Aznar seguía señalando a ETA.
El atraco a la joyería Payber
En la misma acera, pero en el número 3, próximo a la Plaza de Lavapiés, se encontraba la joyería Payber. En 1983, Pablo Perea Ballesteros, su dueño, tenía 49 años y tres hijos, el mayor de 14. En el Madrid del paro y la heroína, Perea había sufrido ya varios atracos, uno con butrón y otros cuchillo en mano. Aquel 31 de octubre abrió la puerta a un joven y detrás de él se colaron otro hombre y una mujer. El joyero se abalanzó sobre ella y recibió un disparo de uno de los varones que le alcanzó el corazón.
Los grupos Antiatracos de la Policía eran una poderosa estructura a la que el Ministerio del Interior, con José Barrionuevo al frente, exigía resultados ante la ola de robos en la capital. El periodista Arturo Lezcano describió hace un par de años aquel ambiente en su libro 'Madrid, 1983' , que dedica un capítulo al 'caso Nani'. En 1983, recupera Lezcano, se asaltaron en España un total de 818 joyerías, tres al día. Las joyas robadas ascendían a 650 millones de pesetas. Murieron doce personas: siete atracadores y cinco comerciantes.
En aquel ambiente, Francisco Javier Fernández era un joven comisario que aspiraba a lo más alto en el Cuerpo. En el documental de RTVE, Fernández aparece declarando en el juicio: “Estábamos trabajando 15-18 horas diarias… vamos, a tope, y desde las más altas instancias se nos daba los medios y funcionarios que hacían falta. Estaban perfectamente enterados de las investigaciones”.
Con la guerra sucia contra ETA aún incipiente –entonces se desconocía que Lasa y Zabala habían sido secuestrados dos semanas antes del atraco a la joyería Payber–, lejos de que fuera descubierto aún su origen en el seno del Gobierno de Felipe González, una consigna inundaba los ambientes de la militancia por los derechos humanos y en defensa de una verdadera transición en las Fuerzas de Seguridad: “Barrionuevo, ¿dónde está el Nani?”.
Dos jóvenes abogados en la historia reciente de España
Entre los testimonios que elevan el documental del ente público destacan los de quienes entonces eran dos jóvenes abogados que, con su actuación en el proceso, pusieron freno a la impunidad de una policía procedente de la dictadura. Son Jaime Sanz de Bremond y José Antonio Sanz Grasa, a los que se ve en acción durante la época, gracias al archivo de TVE, y prestan un segundo testimonio cuarenta años después.
Enfrente, los abogados de la defensa, enrocados algunos en la inocencia de sus defendidos aún a día de hoy. No en el caso de Rodríguez Menéndez, quien los defendió con vehemencia en la sala de vistas y ante los micrófonos de los medios pese a saber que los policías habían matado al Nani. “Cuando llego allí, me veo el paquete que hay: tirado en el suelo el Nani y una serie de policías me preguntan que qué hacen”, narra el abogado durante el documental.
Los policías fueron a detener al Nani y a sus hermanas a su casa del barrio de San Blas el 12 de noviembre de 1983. Un confidente de los policías en Asturias, un perista, le había señalado a él y a otro atracador habitual, compinche del Nani, Ángel Manzano como autores del robo y el crimen de la calle Tribulete.
El hermano de la víctima: “Fue un montaje”
Bernabé Perea es hermano del joyero fallecido y hoy sigue sin creer que el Nani estuviera detrás del atraco a su joyería –como muestra el documental, los policías no buscaban solo al autor sino a un supuesto botín de otro atraco, 40 kilos de oro–. Bernabé habla con elDiario.es desde la joyería del Paseo de Extremadura que ya en 1983 la familia regentaba junto a la de la calle Tribulete. “Para mí fue un montaje”, dice respecto de la acusación contra el Nani.
El joyero relata cómo la familia inauguró la joyería Payber de Tribulete en 1963. “El barrio era muy distinto. Con la amnistía salió toda la metralla de la cárcel y cambió todo”, comenta. Perea debe de referirse a la conocida como 'Reforma Ledesma', por el nombre del ministro socialista de Justicia con el que se acortó la estancia en prisión provisional –los detenidos podían pasar hasta cuatro años encerrados sin ser juzgados– y que provocó que salieran alrededor de 9.000 reclusos cuando entró en vigor ese mismo 1983.
Bernabé aguantó con las dos joyerías tras el crimen de su hermano durante un breve espacio de tiempo, pero terminó deshaciéndose del trágico recuerdo. “Otro joyero tuvo el negocio dos o tres años, pero también acabó marchándose”, explica.
Su hermano, explica Bernabé, tenía licencia de armas, algo habitual en el gremio, y en un atraco anterior había logrado retener a un atracador armado con un cuchillo hasta que llegó la Policía. El 31 de octubre de 1983 no pudo defenderse. “No he vuelto a pasar por allí. Me pongo malo”, añade. La fisonomía de la calle ha cambiado tanto que el número 3 de Tribulete es irreconocible respecto a cuando allí estaba la joyería Payber.
El caso del Nani y el 11M guardan otro nexo, además de la calle Tribulete. El abogado José Antonio Sanz Grasa, el mismo que muchos años después del juicio por la desaparición del Nani ejerció una de las acusaciones particulares en la vista por la masacre de los trenes. Esta vez sin éxito, Sanz Grasa pidió la imputación del ex presidente del Gobierno José María Aznar y de sus ministros de Interior y Defensa, Ángel Acebes y Federico Trillo, por un delito de imprudencia temeraria al haber cometido errores que, de no haberse producido, hubieran evitado los atentados yihadistas. Sanz Grasa falleció a los pocos días de que el documental se estrenara en la 'Seminci' de Valladolid. A él está dedicado.