Los médicos discuten la vacunación en centros privados: “Madrid elige privatizar antes que invertir en la sanidad pública”
Todos los hospitales privados de la Comunidad de Madrid han empezado a inmunizar a sus pacientes de muy alto riesgo de forma simultánea a la de algunos públicos. Así, los pertenecientes al grupo 7 del plan autonómico de vacunación –transplantados, enfermos de cáncer, con inmunodeficiencias primarias, infección de VIH, tratamiento de diálisis o con síndrome de Down– recibirán la primera dosis de Moderna tanto en centros de titularidad pública como privada. Madrid ha sido la primera y única comunidad en subcontratar parte de la vacunación a su población general, algo que han criticado las asociaciones de Atención Primaria, los sindicatos en defensa de la sanidad pública y la oposición.
Por su parte, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) lamenta que tan solo el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso haya oficializado su colaboración mientras que los demás la rechazan o la aceptan de forma puntual. Canarias, por ejemplo, contó con su infraestructura para colectivos esenciales y exfuncionarios mutualistas mayores de 70 años, y Andalucía y Murcia han manifestado extraoficialmente la intención de incorporar a la sanidad privada en sus planes cuando dispongan de más vacunas. Catalunya también lo hace en cierta manera mediante la colaboración público-privada que opera en 93 de sus hospitales.
ASPE defiende que en España hay más hospitales privados que públicos, y que excluirlos de la campaña es una “irresponsabilidad”. Pero no es la primera vez que Madrid les cede un hueco. En enero, la Comunidad adjudicó de forma directa un contrato de seis meses a Cruz Roja por 804.098 euros para sumar 25 trabajadores a la inmunización de los más vulnerables. Sobre la vacunación a pacientes graves que acaba de empezar, la Consejería no confirma que haya un acuerdo económico detrás o si lo extenderá a otros grupos en el futuro. Pero fuentes de ASPE afirman que, de haberlo, no superaría el precio-coste de la sanidad pública porque “en ningún caso” se ofrecen para obtener beneficio.
"No es necesaria una privatización de la vacunación, pero es mucho más sencillo externalizar que aumentar las plantillas de una Atención Primaria agonizante, que son quienes tienen la capacidad a pesar de la falta de recursos y de su autogestión
Este nuevo episodio de colaboración con la privada levanta las viejas ampollas de siempre entre los colectivos profesionales que piden reforzar la Atención Primaria. Se suma que estos sanitarios demandan más protagonismo en el plan de vacunación mientras ven cómo los centros de salud quedan relegados por detrás de los vacunódromos y los hospitales. “El problema no es que vacunen en la privada, porque toda vacuna puesta es bienvenida, sino el ninguneo a los profesionales de la Atención Primaria que se enteran de todos estos cambios a golpe de tuit y de prensa”, dice Ángela Hernández, vicepresidenta de AMYTS, el sindicato madrileño de AP.
Los centros de salud mientras se encargan de la vacunación con Pfizer a mayores de 75 años y a dependientes inmovilizados en sus casas. “No es necesaria una privatización de la vacunación”, piensa Sergio Fernández, responsable de Sanidad Pública en CCOO. “Pero es mucho más sencillo externalizar que aumentar las plantillas de una Atención Primaria agonizante, que son quienes tienen la capacidad a pesar de la falta de recursos y de su autogestión”, argumenta.
El desmantelamiento de la primera línea ha sido progresivo en Madrid hasta llegar a la cola en inversión, con unos 140 euros de gasto por madrileño. Todo esto ha repercutido en la pandemia. Pero en lugar de reforzar el que fuera dique de contención en la primera ola, las políticas de la Consejería de Sanidad han ido retirando durante este año competencias y recursos a la Atención Primaria con el pretexto de no saturarla. La prueba es que sus servicios de urgencias permanecen cerrados desde marzo de 2020. Es decir, que si una persona tiene una urgencia sanitaria, está abocada a acudir a un hospital.
El último movimiento en este sentido ha sido trasladar la vacunación de personas de entre 70 y 74 años a los hospitales de un día para otro. “No entiendo la excusa de no querer sobrecargar a la Atención Primaria cuando están dirigiendo los recursos a otras partes”, opina Javier Segura, portavoz de la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP). “Les han deslegitimado para una actividad que estaban deseosos de hacer y que hacen siempre, como la vacunación de calendario o la estacional de la gripe”, defiende.
“La idea de centralizar en grandes puntos de vacunación es pura economía de mercado: es más barato que planificar y preocuparte por el transporte de las vacunas y los frigoríficos de conservación”, expone Hernández, de AMYTS. “Es una desconsideración porque ya estaba todo más o menos organizado en Atención Primaria, que ofrece proximidad a los pacientes y accesibilidad a los más vulnerables”, prosigue sobre el cambio de criterio con los mayores de 70. El problema es que la Comunidad de Madrid asiste a sus ciudadanos con 54 médicos por cada 100.000 habitantes. La media española es de 63.
La Consejería defiende que ha reforzado las filas de Primaria mediante “5.125 contratos de enfermería, 1.131 de médicos y 3.364 de auxiliares de enfermería”. Pero todos ellos son temporales –hasta el 30 de junio– y, según Hernández, 400 de las plazas médicas están aún sin cubrir. Aun con todo, los sanitarios están listos para vacunar a la población en centros de salud, pero piden organización para que no ocurra lo que pasó con los mayores de 80, un plan del que no estaban al tanto y que se improvisó en 48 horas.
“El problema es que los profesionales están autogestionándose en los centros de salud y que estamos de campaña electoral, y eso precisa anuncios de autobombo y negocios”, plantea el representante de CCOO sobre la colaboración con el sector privado y la vacunación masiva en el Wizink, el Wanda y sobre todo el Zendal. “Se han obstinado en evitar la vacunación de proximidad y por ello se están quedando bolsas de pacientes en un limbo sin vacunar”, revela Segura, de AMaSaP. “Se han quejado permanentemente de que no había vacunas y ahora que sí las hay y tenemos 400 centros de salud disponibles, implementan medidas desde mi punto de vista electoralistas”, comparte Hernández, de AMYTS, para quien los vacunódromos “quedan muy vistosos pero tienen sus complicaciones”.
Madrid, la primera en apoyarse en la privada
Hay 441 hospitales de titularidad privada en España y 49 de ellos están en Madrid. No es la comunidad que más tiene, le superan Andalucía (59) y Catalunya (143), pero es la que más invierte en conciertos (10,5%) quitando la Red de Hospitales de Utilización Pública (RHUP) catalana, centros privados destinados al público general.
Durante la pandemia, Madrid ha derivado pacientes a la privada en los momentos más críticos de la primera y la tercera ola. Al principio se resistió a dar precios, pero el pasado enero reconoció que llegó a pagar 2.048 euros diarios por cada paciente en UCI y 748 en planta. El País desveló que el coste de la primera ola fue de 19,2 millones de euros. 40 millones de euros en total. También Andalucía, Extremadura, Navarra, Castilla y León y la Comunitat Valenciana hicieron uso de la sanidad privada en la tercera ola y Catalunya en la primera.
Pero la comunidad gobernada por Ayuso sí ha sido la primera en involucrar a la sanidad privada en la vacunación a golpe de boletín oficial. Otras lo han prometido según aumenten los paquetes de dosis, algo que ha ocurrido esta semana con una remesa de cuatro millones de vacunas, el doble de lo previsto. La pregunta que se hacen los profesionales sanitarios, más allá de la vacunación a pacientes de alto riesgo, es: ¿hace falta?
“¿Por qué desperdiciar los recursos de la privada? Yo lo compraría siempre y cuando fuese una ayuda complementaria a la Primaria”, opina Javier Segura, de Salud Pública. “El problema es que se traslada a la privada sin haber hecho lo suficiente por la pública y que es un modelo opaco, centralizado y en el que esconden los detalles”, dice el epidemiólogo. “Que privaticen una parte no nos extraña, porque aprovechan cada oportunidad de negocio, pero no hace falta”, asegura Sergio Fernández, de CC.OO.
ASPE, la patronal de la sanidad privada, cree que desestimar su infraestructura en el plan de vacunación es quedarse a la cola de Europa. Por último, la vicesecretaria de AMYTS, Ángela Hernández, no lo rechazaría si “desde una gestión privada se llega a más población pública”, pero lo considera una estrategia para dejar de dotar a la Primaria. “Al Colón que gobierna Madrid le sobra el modelo público. Si pones al frente de la gestión de lo público a quien no cree en ello, esto es lo que pasa”, concluye.
La Comunidad de Madrid ha inyectado el 89% de sus vacunas disponibles y ha inmunizado, al menos con una dosis, al 70% de los mayores de 60 años. Con lo más complicado aún por delante, resta ver si hará uso de la norma por la que puede disponer de los espacios e instalaciones de la sanidad privada en las futuras fases de la vacunación.
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