La ley que va a permitir sancionar las terapias ilegales para 'curar' la homosexualidad en el obispado de Alcalá de Henares abrió muchas grietas en el PP. La norma autonómica se aprobó por unanimidad en la Asamblea de Madrid el 14 de julio de 2016, cuando la capital aún tenía resaca de la última celebración del Orgullo LGTBI. Pero tras el aparente consenso parlamentario hubo una batalla de posturas dentro del grupo parlamentario popular que se resolvió con el mandato de la expresidenta Cristina Cifuentes de respaldar la ley.
“Hubo mucho debate en el grupo. Nadie quería la ley porque, tras las enmiendas, no se parecía nada a lo que había propuesto el Ejecutivo”, explican tres años después fuentes del PP de Madrid. La norma incorporó 86 enmiendas de la oposición que los conservadores no pudieron tumbar en solitario. Entre ellas estaban la ilegalización de las terapias reversivas y su castigo con hasta 45.000 euros de multas. El texto inicial del PP no recogía esta medida aunque sí mencionaba que “no podían ser aplicadas en ningún caso”. Durante la tramitación parlamentaria, PSOE, Podemos y Ciudadanos fueron acordando todas las modificaciones que cambiaron sustancialmente el redactado original.
Las disensiones en el núcleo del grupo popular fueron tan grandes que la ley, al final, tuvo que ser defendida en la tribuna por el portavoz parlamentario, Enrique Ossorio. Además, dos diputados se ausentaron de la votación para evitar apoyar la norma. Entre ellos David Pérez, elegido número dos por la candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Fuentes del PP cuentan que hasta hubo partidarios de retirar la ley antes de votarla. Los conservadores ya se habían abstenido en la votación en comisión (el paso previo al pleno) y se debatían sobre si seguir adelante con un texto que no les gustaba o votar en contra de su propia ley. “Intentaron dejarla morir tras la comisión y el PSOE tuvo que activar con su cupo llevarla al pleno”, recuerda la diputada socialista Carla Antonelli, que asegura que la norma puso frente a Cifuentes al sector más conservador del PP.
Antonelli estuvo en el epicentro de la negociación de la norma. En la ponencia también participaron Ana Camins y Regina Plañiol (PP), Beatriz Gimeno (Podemos) y Tomás Marco (Ciudadanos). En el PP recuerdan la negociación como un “tres a uno todo el rato”. “Se produjeron resistencias. Primero, querían supeditar la ley contra la LGTBifobia al marco nacional. También les costó aceptar las sanciones y la prohibición de las llamadas ‘terapias de retroacción’ o de ‘curación’ de la homosexualidad, que son un auténtico desatino”, cuenta Tomás Marco.
Gimeno recuerda la misma polémica con las sanciones. “Éramos mayoría y recuerdo al PP a la defensiva. Las diputadas no veían lógico introducir algunas sanciones porque se acababa de aprobar una ley trans autonómica. Tampoco querían modificaciones relacionadas con el currículo educativo”, relata.
Aún hoy en la bancada popular de la Asamblea algunos tildan como “barbaridad” la norma en vigor. El argumento más repetido dentro y fuera de la ponencia, vigente hoy, es que limita las “libertades individuales”. Especialmente por la introducción de contenidos sobre diversidad sexual en los colegios.
Un texto inicial “deficiente”, según los colectivos
La aprobación de la ley contra la LGTBIfobia atrapó la atención mediática de ese verano de 2016. Los colectivos llenaron los palcos de invitados de la Asamblea de Madrid de banderas arcoiris. Arcópoli, Cogam, Fundación Triángulo, 26 de diciembre, Chrysallis o Daniela se habían reunido periódicamente con los grupos parlamentarios de la oposición para vertebrar con los diputados una ley pionera.
Antes, el PP los había reunido también una vez con una propuesta de texto abierta a aportaciones aunque la mayoría se queja de que el Gobierno regional incorporó solo “una pequeña parte” de sus demandas. “El borrador era muy deficiente. No recogía muchísimas cosas, y algunas eran opcionales”, señala el presidente de Arcópoli, Yago Blando.
La norma, aprobada el 15 de octubre de 2015 en Consejo de Gobierno, tenía 41 artículos y era profusa en condenar conductas discriminatorias, dar formación y prestar un servicio de información y apoyo a las personas LGTBI. El articulado inicial incluía el “carácter de ilegalidad” de las terapias pero luego no las contemplaba en el decálogo de infracciones. Este entrecomillado fue eliminado del proyecto que se registró en la Asamblea siguiendo el criterio de la Abogacía, que señalaba que no era coherente tachar algo de ilegal sin sancionarlo.
Casi tres años después de su aprobación, la aplicación de la ley aún no es completa, según PSOE y Podemos. “Tanto esta norma contra la ley trans son normas que no se han desarrollado. Había un consejo LGTBI que no se ha creado, por ejemplo”, se queja Gimeno. Los socialistas también han manifestado en el pleno de la Asamblea de Madrid estos vacíos y han pedido explicaciones a la consejera de Políticas Sociales con solicitudes de comparecencia sobre el asunto. En las filas conservadoras admiten la laxitud: “La Consejería no ha transigido en algunas cosas. Menos mal que se ha puesto en marcha con un gobierno del PP que ha evitado que se invada la autonomía de los centros educativos”.
Bajo el amparo de esta ley, la Comunidad de Madrid multó con 1.000 euros al director del colegio Juan Pablo II –de la fundación ultracatólica Educatio Servanda– por enviar una carta homófoba al alumnado en 2016 que comparaba precisamente la norma contra la LGTBIfobia con el “fanatismo terrorista”. El centro recurrió y la justicia le dio la razón aludiendo a la libertad de expresión, por lo que no tuvo que asumir finalmente la sanción. Este martes, el mismo día que eldiario.es destapaba las terapias de “conversión” organizadas en instalaciones del obispado de Alcalá de Henares, el Gobierno aprobaba sancionar con 20.000 euros a una 'coach' que ofrecía por internet estas terapias.