Incentivo fiscal para extranjeros: la medida de Ayuso para ricos que encarecerá (más) la vivienda en Madrid
Isabel Díaz Ayuso se ha propuesto “combatir” el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno con dos frentes a la vez. El primero consiste en un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que el ejecutivo madrileño pide su suspensión inmediata y que tiene muy pocos visos de prosperar. El segundo es un nuevo incentivo fiscal “a la inversión extranjera”, que ya está en consulta pública, y que pasa por subvencionar con una deducción del 20% en el IRPF del tramo autonómico cualquier inversión que realice un extranjero en Madrid.
La propia presidenta de la Comunidad de Madrid lo explicaba con un ejemplo muy concreto: si esa persona procedente de otro país se compra una vivienda de 300.000 euros en la región, la administración autonómica le devolverá hasta 60.000 euros a lo largo de seis años. Si el inmueble asciende a medio millón, la bonificación podría alcanzar los 100.000 euros. Y así sucesivamente.
El plan de Ayuso para atraer inversores a Madrid es sencillo: regalarles dinero público para que se empadronen en la comunidad e inviertan, por ejemplo comprando una vivienda. El ejemplo utilizado por la presidenta madrileña no es casual. Y va en la línea contraria de medidas tomadas por otras regiones y países del mundo ante la especulación inmobiliaria.
Dos casos paradigmáticos son los de Canadá o Nueva Zelanda. Solo unas semanas antes del anuncio de Ayuso ante un nutrido grupo de empresarios, ambos países prohibían la compra de viviendas por parte de extranjeros durante un periodo de tiempo para estabilizar el mercado, que se había disparado en los últimos años por la llegada de millonarios que adquirían los inmuebles como inversión. En España, también el Gobierno balear se está planteando esta medida ante la escalada de precios en las islas por la compra de pisos y casas por parte de multimillonarios, lo que está haciendo imposible el acceso a la propiedad por parte de los residentes.
El incentivo fiscal de Ayuso que trata de ser un “contrapeso” al impuesto a las grandes fortunas del Gobierno va en la línea contraria y acabará agravando el problema del encarecimiento del precio de la vivienda en Madrid, igual que ha ocurrido en otras partes del mundo. Es lo que alertan desde la oposición y también los expertos consultados. La iniciativa puede suponer una desigualdad frente a los residentes en Madrid y del resto del Estado, ya que estos no podrán acceder a estas ayudas con dinero público para la compra de vivienda. Es más, el Gobierno regional siempre se ha opuesto a cualquier intervención pública a la vivienda para frenar la subida de precios y facilitar el acceso a los madrileños defendiendo que el mercado debe autorregularse solo. Sin embargo, esta medida va en la línea contraria puesto que subvenciona con dinero público la compra de la vivienda para unos pocos.
Encarecimiento de la vivienda
La profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III Violeta Ruiz Almendral incide, además, en que la medida solo va dirigida “a las rentas muy altas”. La docente universitaria explica que solo las personas con poder adquisitivo muy alto podrán ver reflejada esa deducción del 20% en el IRPF en seis años. “Para que la administración te pueda devolver esa cantidad de una inversión tan elevada, se tiene que ganar mucho dinero para que haya margen para devolverlo”, señala. Y advierte del impacto en el mercado inmobiliario: “Toda ayuda directa a la compra de la vivienda acaba produciendo una subida de los precios”.
Daniel Sorando, profesor de sociología especializado en segregación y gentrificación de la Universidad de Zaragoza, coincide en el diagnóstico. “Se trata de personas con rentas superiores a la española, lo que supone alimentar más la espiral de precios inflacionistas. Está cebando el precio de la vivienda atrayendo inversión en ese ámbito”, explica . “A falta de ver la concreción de la reforma, si no se está pidiendo ni siquiera que se resida en la vivienda puede acabar ocurriendo que se adquieran varios inmuebles porque el inversor tenga mucha liquidez y se bonifique ese negocio que vulnera el derecho a la vivienda”, añade. “La medida va encaminada a que los precios escalen por encima de lo que pueden pagar nuestros habitantes como ya ha ocurrido en otras partes del mundo”.
El consejero de Hacienda madrileño se pronunció sobre este incentivo fiscal este jueves, durante el Pleno regional. “Frente al impuesto de Sánchez lo que ha hecho el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y lo que traeremos a la Cámara dentro de pocas semanas es un enorme letrero e indicador de luz verde que diga: invierta en Madrid, más inversión y menos impuestos”, aseguró Javier Fernández-Lasquetty. El consejero autodenominado “ultraliberal” explicaba que es un incentivo para personas “que no hayan vivido los últimos cinco años en España”.
“La izquierda dirá que esto es una pérdida de recaudación, que es una pérdida de dinero, pero es falso porque todo lo que venga es ganancia”, defendía Lasquetty. Pero aunque el consejero insista en que esto genera “riqueza”, los expertos advierten de que la compra de inmuebles solo ayuda a encarecer el mercado inmobiliario.
La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, señala que “en lugar de hacer inversión productiva se fomenta la especulación”. “Compre vivienda, manténgala en el mercado seis años y le perdono impuestos”, critica la también letrada especializada en materia de vivienda, que advierte de que la medida es “perfecta para que suba aún más el precio de la vivienda y encima retenida durante un lustro”. “Esta regulación fiscal hace que siempre sea más rentable especular que hacer inversión productiva y generar empleo. Eso no es crecer, es hincharse y promover la especulación improductiva”, alerta.
También el líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, alerta de que la medida no solo “no beneficia a nadie de los que hoy en Madrid ya tienen problemas para acceder al mercado de la vivienda”, sino que les perjudica “frente a esos millonarios que compran la vivienda”. “La medida tensiona más el mercado inmobiliario de venta y de alquiler, porque resulta que la oferta es la misma, pero la demanda mayor gracias a que vienen estos de fuera con sus millones. Los precios suben porque estamos dando facilidades de entrar a especular a grandes patrimonios de fuera”, insiste el dirigente socialista.
La portavoz de Más Madrid, Mónica García, coincide en el diagnóstico. “Es una medida para que el capital extranjero siga especulando con la vivienda”, lamenta, antes de lanzar una advertencia: “Fomenta que nos quedemos sin parque inmobiliario propio para los residentes en la región”. La líder de la oposición añade un nuevo elemento: “Genera una desigualdad frente a los ciudadanos algo que abre la vía a que pueda ser inconstitucional, nosotros desde luego vamos a estudiarlo”.
¿Podría ser inconstitucional?
“El plan de la Comunidad de Madrid puede suponer un agravio comparativo porque parece que un extranjero que llega con millones tiene más derechos que un residente”, advierte García. Pero para Violeta Ruiz Almendral, experta en Derecho Tributario, hay margen legal para que la Comunidad de Madrid implante la medida. “Habrá que ver cómo lo hacen, pero una ganancia patrimonial tributa en renta y ahí tienen margen”.
La también profesora titular de la Carlos III recuerda que ya existe una medida para inversión extranjera por la compra de vivienda Se trata de la Golden Visa, una concesión para las personas procedentes de otros países que adquieran inmuebles por valor de más de 500.000 euros, por la que reciben la autorización de residencia en España.
La Golden Visa, explica Ruiz, ha disparado la llegada de millonarios procedentes de países latinoamericanos a Madrid que se han instalado los últimos años en el barrio de Salamanca. Y el incentivo fiscal de Ayuso va dirigido precisamente a ese tipo de perfil, según explicitó la propia presidenta regional cuando presentó la medida. “Si un gran patrimonio hispanoamericano, harto de las políticas de acoso y derribo y de la asfixia fiscal al que es sometido en su país de origen, quiere salir, se instala en Madrid e invierte un millón en adquirir una participación minoritaria de una empresa madrileña, también se ahorrará 200.000 euros en su factura fiscal, que podrá repartir a lo largo de seis años”. La alusión fue afeada por la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que acusó a Ayuso de querer atraer a “millonarios latinoamericanos”.
El anteproyecto de ley ya se encuentra en fase de audiencia e información públicas por un periodo de siete días hábiles al acordarse su tramitación urgente mediante la Orden de 16 de enero de 2023 del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty. Es el mismo procedimiento por la vía de emergencia que acorta los trámites parlamentarios por los que el Gobierno regional criticó el decreto del Ejecutivo central para establecer un impuesto a las grandes fortunas.
El Gobierno de Díaz Ayuso se ha apresurado a aprobar la medida en tiempo récord y podría estar en vigor en apenas unas semanas, antes de las elecciones de mayo. “Una vez pase el periodo de información pública llegará a Consejo de Gobierno en unas semanas y, al día siguiente, a la Asamblea de Madrid para su aprobación definitiva”, explica una portavoz de la Consejería de Economía y Hacienda.
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