Alberto Ruiz-Gallardón anunció en 2017 que la entidad sin ánimo de lucro que presidía, la Fundación Hispano-judía, abriría un gran museo en Madrid en 2020. Dicho y hecho. Otro alcalde de la capital y de su mismo partido, José Luis Martínez-Almeida, le ha buscado un codiciado emplazamiento al proyecto que impulsa el exministro de Justicia. En pleno Paseo del Prado, dentro del privilegiado eje Prado-Retiro, a través de un convenio que prevé la cesión por 50 años. La operación se sellará “de inmediato”, en cuestión de semanas, y se ha anunciado pese a que la entidad, creada ad hoc para poner en marcha el museo, no haya presentado memoria arquitectónica ni museística, según confirman fuentes municipales.
El edificio, en el número 30 del Paseo del Prado, fue hasta noviembre La Ingobernable, un centro social autogestionado desalojado por el Ayuntamiento después de que Martínez Almeida lo colocara en campaña electoral como uno de sus objetivos. El nuevo uso supone un cambio radical para el espacio, que prevé reservar solo una parte a centro cultural para los vecinos, según las palabras del actual regidor de la capital.
Sobre los detalles del futuro museo, apenas hay información. La fundación debe presentar en las próximas semanas un “anteproyecto” que avance qué se pretende hacer con la parcela, y ni siquiera se descarta que el edificio acabe demolido. “Tiene la protección más baja”, avanzan fuentes del Gobierno local, que precisan que estos términos se aclararán cuando la Fundación Hispano-judía presente su plan y la memoria de viabilidad económica.
El Consistorio calcula que la inversión ascenderá a 30 millones de euros de partida para acondicionar el espacio y poner en marcha el museo. Después, se estudiará establecer un canon a recibir por la administración local a cambio de permitir el uso de un edificio público, según fuentes municipales, que tampoco aportan detalles sobre la cuantía.
La Fundación Hispano-judía asegura a eldiario.es que ya tiene garantizados unos 40 millones de euros para invertir en el proyecto procedentes de patronos e inversores.
La entidad sin ánimo de lucro echó a andar en 2016, bajo la presidencia de Ruiz-Gallardón, y abrir un museo judío es su leitmotiv. Aparece en el primer punto de sus objetivos y persigue “divulgar, fomentar y promocionar la cultura judía, en todas sus facetas y expresiones”. Aunque la fundación también ha llegado a acuerdos de colaboración con otros gobiernos del PP en Galicia y Murcia, según se desprende de una nota de prensa que enumera sus actividades en los últimos tres años. “Ha sido uno principales impulsores para que la Academia del Judeo-Español hoy forme parte de la Real Academia Española y ha fomentado también la entrega de dos importantes premios al Rey Felipe VI”, listan entre sus logros. La fundación subraya que todas las actuaciones que lleven a cabo “respetarán la normativa urbanística” y contribuirán a reforzar la candidatura del eje Prado-Retiro, donde se inserta el espacio, a ser patrimonio mundial de la Unesco.
Un edificio, tres museos diferentes
La demolición del inmueble ya generó problemas en el pasado, cuando la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, selló otra operación similar –y fracasada– para ceder el espacio a la Fundación Ambasz por 75 años. Aquel proyecto, para hacer un museo de arquitectura, nunca se desarrolló y el coste para el erario público de romper el contrato ascendió a 1,4 millones. El equipo de Manuela Carmena extinguió el acuerdo en 2018 por este precio. La entidad seguía manteniendo cerrado, vacío y sin acondicionar el inmueble, aunque a finales de 2017 intentó dar un paso adelante con un proyecto para derribarlo y volver a construirlo que fue aprobado por la Comunidad de Madrid. En medio de estas gestiones, La Ingobernable ocupó sin título legal el inmueble y empezó a hacer actividades gratuitas en el barrio. Era mayo de 2017.
Un informe encargado por el equipo de Manuela Carmena alertó sobre el derribo porque ponía en peligro la candidatura del eje Prado-Retiro a patrimonio mundial de la Unesco. “Es absolutamente negativo por su impacto en el paisaje y supondría comprometer seriamente la evaluación de la candidatura”, decía el documento, sobre el que informó eldiario.es. La anterior corporación municipal también se opuso al cambio en el nivel de protección del inmueble, ejecutada por el Gobierno de Botella para allanar la operación con Ambasz.
El edificio situado el calle Gobernador 39 o Paseo del Prado 30 –contiene las dos direcciones al estar en la esquina– estaba inscrito en el Catálogo de Elementos Protegidos del Plan General de 1997 con 'Nivel 2 grado Estructural'. Esta protección se rebajó el 13 de junio de 2013 a 'Nivel 3 de grado Ambiental'. Solo así la fundación podía derruir el edificio y levantar otro nuevo. Una nueva valoración del inmueble realizada en 2015 al revisarse el Plan General lo describió como un “interesantísimo ejemplo de arquitectura institucional del periodo republicano” cuya “conservación ayuda a conocer el desarrollo de las instituciones madrileñas y su evolución en el siglo XX”.
El Ayuntamiento de Madrid asegura que las negociaciones se han llevado a cabo con la “cúpula” de la Fundación Hispanojudía, donde está el también exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón como vicepresidente. Fuentes municipales matizan después que las riendas las ha llevado el actual presidente de la entidad, David Hatchwell, y el director general, Milton Cohen-Henriquez. Al otro lado de la mesa estaba el alcalde y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, según la fundación.
En el centro de una operación de Aznar
No es la primera vez que el nombre del exalcalde de Madrid se cruza con este edificio del Paseo del Prado, 30. Mucho antes de ser La Ingobernable, el inmueble se posicionó en el centro de uno de los planes más polémicos del Gobierno de José María Aznar. Corría el año 2008 y el Ayuntamiento, entonces dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, planeaba construir en este emplazamiento otro museo –el tercero de la biografía, con este último anuncio– de la Fundación Caja Madrid. Al frente de la entidad bancaria estaba Miguel Blesa.
El plan se conoció años después con el estallido de los correos de Blesa, publicados, entre otros medios, por eldiario.es. Estos emails revelaron que el expresidente del Gobierno quiso convencer a Blesa para que comprase obras de arte por valor de 54 millones de euros a través de la entidad al artista Gerardo Rueda.
El sobrino del pintor se los había ofrecido a Aznar, pero la compra fue rechazada. Rafael Spottorno –entonces presidente de la Fundación Caja Madrid, posteriormente jefe de la Casa del Rey y hoy condenado a dos años de prisión por las tarjetas Black junto a Rodrigo Rato y Miguel Blesa– vio en la operación un “precio disparatado”. Pero el interés de Aznar era tan mayúsculo que hasta su hijo, José María Aznar Botella, presionó a Blesa para que aceptase esa operación por esa cantidad. “Con los pelos que se ha dejado por ti, es impresentable lo que has hecho”, le escribió. El proyecto nunca vio la luz porque, pese a que el precio de compra se redujo a seis millones y fue finalmente aceptado, el coste de levantar un edificio de cero era demasiado alto para la Fundación Caja Madrid, “prohibitivo”, según Spottorno.
Una década después, el inmueble vuelve a ser el núcleo de otra operación atravesada por intereses políticos. “No costará ni un euro de dinero público”, “es la única gran capital que no cuenta en Europa con un museo judío”, “queremos estrechar esos lazos y vínculos, así como potenciar el turismo”, decía el alcalde este jueves para presentar el proyecto. Aún como candidato allí mismo prometió, en medio de un enfrentamiento verbal con los colectivos sociales, un centro de salud si era alcalde. Con el bastón de la mando de la ciudad dejará en manos de una fundación vinculada a Alberto Ruiz-Gallardón lo que allí se haga.