Jimena González, la primera política trans con derecho a presentarse a las elecciones con su nombre real

Jimena González es la primera política trans a la que la ley ha reconocido el derecho a estar en una lista electoral con el nombre con el que se identifica pese a que a ojos de la administración se llama de otra manera. Es filóloga, tiene 33 años y ocupa el puesto 28 de la candidatura de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo. Todavía no ha podido cambiar su nombre, el que aparece en su DNI y con el que no se reconoce, porque las normas vigentes le obligan a estar un tiempo hormonándose para hacerlo efectivo. Pero la ley regional, aprobada bajo el mandato de Cristina Cifuentes en 2016, protege “el ejercicio efectivo de su libertad y sin discriminación en la afiliación y participación en organizaciones políticas”. No pasa lo mismo en otras comunidades de España que no cuentan con una norma avanzada que ampare estos derechos, a la espera de que se apruebe una ley nacional que ha dividido al Gobierno y también al feminismo.

“Para mí supone evitar la incongruencia de tener que aparecer en un documento público, en el que además se espera poder reconocerme con un nombre, con uno que no utilizo desde hace antes de empezar la transición. Nadie en mi vida utiliza mi nombre registral para referirse a mí. No me reconozco en él”, explica en esta entrevista con elDiario.es. González admite que para ella es un paso importante, pero también para “las y los que vengan detrás, para sentar un precedente”. “Las personas trans somos un porcentaje pequeño de la población y aún así estamos infrarrepresentadas en la vida pública”, añade.

¿Si ella se pudo acoger a este punto de la ley, podrán hacerlo igualmente en el futuro otras personas trans? “Hemos podido hacerlo por la interpretación que ha hecho quien ha revisado mi caso concreto en la Junta Electoral”, cuenta Jimena, a quien le pidieron que entregara documentación en la que figurara con su nombre real “en alguna administración o registro público”. La candidata dio su carnet de la Universidad Complutense –donde existe un protocolo de atención a la diversidad e identidad de género– y también adjuntó un informe endocrinológico que verificaba su tratamiento hormonal.

El camino no fue sencillo. En la primera solicitud, la Junta Electoral -ente fiscalizador de las elecciones- le sugirió poner su nombre entre paréntesis, tras su nombre registral, como hace, por ejemplo, el alcalde de Cádiz, José María González alias Kichi. A modo de mote. “Esta opción, la primera que me dieron, me parecía incluso peor que simplemente que apareciera el nombre con el que todavía estoy registrada”, admite González. La candidata no supo cómo aparecería en las listas hasta el último momento, cuando se publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

“Nadie antes concebía que ser trans podía ser una estrategema”

La Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid fue la primera norma aprobada en la región sin el apoyo del partido que entonces gobernaba en solitario pero en minoría, el PP. Cristina Cifuentes estaba al frente de la presidencia autonómica y sus 48 diputados se abstuvieron en una votación que unió a PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos. La norma, impulsada por la oposición, se acogió con gran alegría por parte de los colectivos trans pero apenas se ha desarrollado cinco años después de su aprobación.

El texto incluye medidas contra el acoso escolar, charlas de concienciación extendidas también a los colegios concertados o la posibilidad de que el Gobierno regional expida un documento acorde a la identidad de género de las personas que lo soliciten para acceder a los servicios administrativos para “evitar situaciones de sufrimiento”. Otra de las medidas contempladas afecta a la descentralización de los servicios médicos para que se pueda recibir tratamiento en cualquier hospital, no solamente en la Unidad de Género del hospital Ramón y Cajal.

“Los aspectos desarrollados son los que han impulsado las instituciones con autonomía, como las universidades que tienen protocolos de atención específicos. De lo que depende directamente de la Comunidad de Madrid no se ha avanzado, ha sido papel mojado salvo las medidas concretas de algunas instituciones”, lamenta González. Su partido propone tres medidas principales si llega al Gobierno después del 4-M: el desarrollo “completo de la ley trans y también de la ley LGTBI” de la Comunidad de Madrid y la “descentralización de los servicios de salud sexual que ofrece la clínica Sandoval a otros centros” de la región. El programa electoral en este ámbito, dice Jimena, es una “respuesta a la creciente preocupación del colectivo ante la amenaza real de un retroceso en sus derechos”.

“Creo que se están instalando unas dudas que antes no había en la población dentro de un debate centrado en cuestiones partidistas y administrativas. Antes nadie concebía que ser trans pudiera ser una estrategema para obtener beneficios sociales con el estigma que implica ser trans y las dificultades que supone eso para la vida cotidiana. Se instala de manera deliberada y consciente la idea de que hay personas trans que lo fingen”, afirma la filóloga, que asegura que con las discrepancias con la ley propuesta por el Ministerio de Igualdad en el debate entre socios de Gobierno se envía el mensaje de que las personas trans “somos seres mermados que necesitamos tutelaje de la administración y el entorno”.