El juzgado archiva el 'caso ITV' que salpicaba a la alcaldesa socialista de Móstoles

El juzgado que investigaba a la alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, y a parte de su corporación municipal, ha decidido archivar el conocido como 'caso ITV'. La causa en la que parte de la corporación municipal estaba acusada de otorgar trato de favor a una empresa que mantenía deudas con el consistorio, hechos denunciados por Ganar Móstoles. El juez exonera a la alcaldesa y su equipo: “En ningún momento ha existido voluntad por parte de la Junta de Gobierno Local de causar un perjuicio para las arcas públicas” y “el acuerdo alcanzado era favorable para las arcas públicas”, dice el auto de archivo.

La magistrada que ha investigado el caso entiende que no hay delito de malversación ya que el acuerdo que alcanzó el Gobierno municipal sobre esta empresa respetó “la legalidad y la normativa vigente” y que, incluso, fue positivo: “se evitó que la mercantil querellada fuera declarada en concurso de acreedores, con el perjuicio que ello hubiera supuesto”.

Tampoco hubo prevaricación. Que existieran informes en contra de la operación, dice la jueza, “no es motivo suficiente para considerarse que estamos en presencia de hechos penalmente relevantes” ya que los querellantes, Ganar Móstoles, nunca reclamaron por la vía administrativa y fueron directamente por la vía penal. Acusa incluso al partido de poner en marcha un proceso “meramente instrumental para intentar conseguir lo que no se hizo utilizando el procedimiento legalmente establecido”.

El auto desmiente las acusaciones de Ganar Móstoles. En su querella, el partido que llegó a ser socio de gobierno del PSOE en esta localidad de más de 200.000 habitantes del oeste madrileño, afirmaba que el Ayuntamiento aprobó una quita del 50% de la deuda de esta empresa, la reducción de su canon anual y el aplazamiento de 2040 del resto de la deuda. La jueza es clara: “En ningún momento existe condonación de la deuda, como se dice en la querella”.

Además, el acuerdo que la empresa propuso al consistorio “está expresamente previsto en la Ley concursal”, dice la jueza, y también fue legal la declaración de urgencia que la querella atribuía erróneamente a la alcaldesa Posse. Incluso, dice el auto, “el acuerdo alcanzado era favorable para las arcas públicas” ya que si la empresa ITV Móstoles hubiera entrado en concurso de acreedores, el consistorio “hubiera tenido serias dificultades para hacer valer su derecho de crédito” y recuperar el dinero.

El auto incluso lanza un dardo a Ganar Móstoles por interponer esta querella. “Resulta cuanto menos sorprendente que si los querellantes consideraban injusta, ilegal o perjudicial para las arcas públicas el citado acuerdo o que el mismo se había adoptado incumpliendo la legalidad y la normativa aplicable, no realizara actuación alguna al respecto, siendo evidente que en vez de utilizar los recursos y procedimientos establecidos para impugnarlo, dejaron que devinieran firmes y haya optado por la vía penal obviando que el derecho penal es ultima ratio legis”, reprocha la magistrada.

Socios de Gobierno

El conocido como 'caso ITV', ahora cerrado después de la investigación en una resolución recurrible, supuso un momento de crisis en el ejecutivo mostoleño. En junio de 2019 el partido - marca de Más Madrid en esta localidad - revalidó su apoyo a Noelia Posse, candidata del PSOE que repitió como alcaldesa también con el apoyo de Podemos. Unos pocos meses después Ganar Móstoles rompía el gobierno municipal y dejaba a Posse en minoría después de trascender diversos nombramientos de personas cercanas a la alcaldesa.

El conflicto subía de tono en febrero de 2021 cuando Ganar Móstoles presentaba la querella que desembocó en este procedimiento y en la imputación de Posse y parte de su ejecutivo municipal. Todos declararon ante la magistrada en diciembre de 2021.

El auto de archivo del caso tiene duras palabras para la formación política por llevar unos actos a la vía penal que ni siquiera recurrieron por la vía administrativa. “Resulta cuanto menos sorprendente que si los querellantes consideraban injusta, ilegal o perjudicial para las arcas públicas el citado acuerdo o que el mismo se había adoptado incumpliendo la legalidad y la normativa aplicable, no realizara actuación alguna al respecto”, dice el auto.