Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid, tendrá que ir a declarar como querellada a un juzgado el próximo 13 de enero. Tendrá que hacerlo por la querella interpuesta por la Asociación por la Reconciliación y la Memoria Histórica, en la que es acusada de un delito de prevaricación por no permitirles manifestarse en la misma puerta de los leones del Congreso de los Diputados el mismo día en que se aprobaba en el pleno la Ley de Memoria Democrática, contra la que pretendían protestar, tal y como ha adelantado La Razón y ha confirmado este periódico con el abogado querellante.
Se trata de la misma asociación que, con un recurso y petición de medidas cautelares, consiguió que un juzgado de Madrid paralizase durante varios meses la licencia de obras necesarias para acometer las exhumaciones de víctimas del franquismo del Valle de los Caídos. En la actualidad la administración se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo admita o inadmita su último recurso para poder poner en marcha de nuevo los trabajos.
En este caso, la Asociación denunció que ese 13 de julio habían solicitado autorización para manifestarse frente al Congreso, en la Plaza de las Cortes, mientras en su interior se votaba y aprobaba la Ley de Memoria Democrática, que califican de “dictatorial” y a la que acusan de imponer “una dictadura férrea en la interpretación de nuestra Historia” en su página web. La autorización se concedió, y la concentración se celebró, pero unos metros más abajo, según denuncian. En las inmediaciones del hotel Palace. Al día siguiente, denuncian, una asociación favorable a la Ley sí pudo concentrarse en la puerta de la cámara baja.
Ese es el motivo por el que acusan a González de prevaricar. Ahora, según ha adelantado La Razón y ha podido confirmar elDiario.es en conversación con el letrado de la asociación, un juzgado de Madrid ha llamado a declarar a la delegada del Gobierno en Madrid el próximo día 13 de enero en una resolución que todavía puede ser recurrida por la querellada.
Por el momento, fuentes del organismo explican que la citación no ha sido notificada a la delegada del Gobierno en Madrid.