La sección número 7 de la Audiencia Provincial de Madrid ha puesto fecha al juicio contra Carlos Sánchez Mato, exdelegado del Área de Economía y Hacienda del consistorio durante los dos primeros años de Manuela Carmena como alcaldesa, y contra Celia Mayer, concejala de Cultura y Deportes durante esa etapa, acusados entre otros exdirigentes madrileños de un supuesto delito de malversación en el conocido como 'caso Open de Tenis'. El juicio se iniciará el próximo 25 de abril a las 10.00 horas, cinco años después de que se iniciara el proceso y más de un año después de que fueran procesados. Tanto Sánchez Mato como Mayer son desde el pasado 12 de octubre altos cargos como asesores del Ministerio de Igualdad con Irene Montero.
Se trata de la causa que investiga los informes jurídicos externos que ambos encargaron en calidad de altos cargos de Madrid Destino y que sustentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el Consistorio de Alberto Ruiz-Gallardón por los contratos que firmó con Madrid Trophy Promotion (MTP), encargada de la organización del Mutua Madrid Open, que fue archivada. Los responsables municipales, que presentaron la denuncia en calidad de directivos de Madrid Destino, pedían a la Fiscalía que investigase si en el acuerdo alcanzado con MTP pudiera haberse cometido un delito de “prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos”. Pero el Ministerio Público desestimó la denuncia.
El caso que ahora irá a juicio se abrió a mediados de 2017 a raíz de las denuncias formuladas por el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento y la asociación Transparencia y Justicia, vinculada al excomisario José Manuel Villarejo, que acusaron a los dos ediles, además de a la ex consejera delegada de Madrid Destino Ana Varela, de “prevaricación” y “malversación de caudales públicos” en el encargo de dos informes externos para denunciar las citadas presuntas irregularidades penales en el convenio firmado por el Ayuntamiento de Madrid en la época de Gallardón.
La negativa a hacer un informe por parte de la Asesoría Jurídica municipal provocó que los directivos de la empresa municipal –Sánchez Mato, Celia Mayer y Ana Varela, otra de las encausadas– pidieran al bufete Alemany, Escalona y Fuentes una auditoría del convenio del Open de Tenis a través de la solicitud de dos informes que costaron 26.000 y 24.000 euros, por lo que no superaron los 50.000 euros, cifra a partir de la cual las normativas municipales exigen un pliego de prescripciones técnicas.
La Fiscalía no vio delito
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid se habían escudado en la legislación para no hacer informes y no entrar en el fondo de cuestiones como “valoraciones económicas” o “el control de gastos y a la eficiencia de servicios” sobre el convenio firmado en 2011 entre la empresa municipal Madrid Destino y MTP para la organización del Open de Tenis de Madrid.
La apertura del juicio oral comunicada a las partes el pasado día 3 a través de un procedimiento abreviado llega después de que la Fiscalía solicitara el sobreseímiento del caso al considerar que los hechos por los que se acusó a los exediles de Carmena “no son constitutivos de delito de prevaricación”, porque los dos contratos no superaron los 50.000 euros, “lo que permitía la asignación directa” de la solicitud de los informes “a un bufete determinado” sin necesidad del pliego de prescripciones técnicas. En el auto de procesamiento firmado por la jueza Concepción Jerez, la magistrada no atribuyó ningún delito a los acusados.
Fuentes de Unidas Podemos, fuerza política que en su momento formó parte de Ahora Madrid, la plataforma que llevó a Carmena a la Alcaldía y de la que formaban parte Sánchez Mato y Mayer, denuncian que “tras cuatro años de instrucción, se reactiva el acoso judicial contra personas del espacio político”. “Hacer política desde este espacio se traduce en una nueva acusación judicial. El mensaje es claro, hacer política desde el espacio que representamos tiene un precio”, apuntan.
Asimismo, Sánchez Mato ha asegurado en declaraciones elDiario.es sentirse “perseguido” por el PP y por las “cloacas” del Estado, en alusión a Villarejo, “por denunciar su corrupción”. “La querella del PP y de la Asociación vinculada a Villarejo no es contra nosotros. Va contra lo que somos y defendemos desde un espacio político que ha sido blanco del lawfare [la judicialización de la política] desde que fue percibido como una amenaza por parte de quienes expolian las administraciones públicas”, afirma.
“Si hubiéramos aceptado lo que proponía la derecha y cerrado los ojos ante sus actuaciones, no seríamos juzgados por unas 'irregularidades' que la propia Fiscalía dice que en absoluto son constitutivas de delito. Por mi parte, la conciencia absolutamente tranquila por no transaccionar con las cloacas”, zanja el exconcejal.