La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los responsables de la presunta venta irregular de 1.860 viviendas protegidas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Blackstone durante el Gobierno de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid. El tribunal sostiene que la acusación que han ejercido tanto la asociación de afectados como el PSOE carece de sustento probatorio “suficiente” para condenar a los dos responsables.
Los magistrados exoneran de este modo al exconsejero delegado de la EMVS Fermín Oslé y el apoderado de Fidere Alfonso Benavides de los delitos que les imputaban los afectados por la venta y el PSOE, que pedían hasta ocho años de prisión. Los responsables políticos de aquella venta, entre los que estaba Botella, ya se habían librado de cualquier responsabilidad penal por aquella operación que la Cámara de Cuentas consideró que había sido un perjuicio para las arcas municipales,
La sala carga duramente contra las acusaciones. Los magistrados llegan a afirmar que “si la acusación, sabiendo que su pretensión carecía de apoyo probatorio suficiente, ocultó de alguna forma esa realidad con la finalidad de que los órganos judiciales recibieran una impresión no correspondiente con ella, sometiendo a los acusados, de manera fraudulenta, a una situación procesal no justificada”.
El Ayuntamiento de Madrid que también estaba personado en la causa –lo hizo en el mandato anterior de Manuela Carmena– retiró su acusación durante el juicio al considerar que no existía responsabilidad penal sobre las dos únicas personas que se sentaron en el banquillo de los acusados. La Fiscalía, representada por el fiscal Salvador Ortolá solicitó la absolución de Oslé y Benavides antes incluso de que se produjera el juicio y lo reiteró tras celebrarse.
Para el abogado Mariano Benítez de Lugo, en representación de la Asociación de afectados por la venta la sentencia “ignora todos los datos” ofrecidos por su acusación “sobre la irregularidad del proceso de venta, prescindiendo de todos los testimonios y peritajes existentes que pusieron de manifiesto las anomalías producidas en la venta de las viviendas”. “Por el contrario se apoya en lo que dijeron los parciales testigos directivos de la EMVS”, añade Benítez de Lugo.
Para el letrado, “se dice que no hubo perjuicio contable cuando está acreditado y se reconoce en la Sentencia, que el precio de venta fue muy inferior al valor contable de las 1860 viviendas”. “Se oculta que la oferta final de Blackstone no se presentó por el registro de la EMVS y que como dije en el juicio, la elevó para superar la oferta de otro concursante que sí había presentado su oferta por registro, pero luego una vez que se le adjudicó el contrato a Blackstone rebajó su oferta en 2.000.000 €, al igual que la EMVS le vendió 25 locales comerciales que estaban fuera del contrato sin valoración ni concurso previo”, añade.
En el proceso penal impulsado por el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento y por la Asociación de Afectados por la venta, Botella y el núcleo duro del Gobierno municipal que autorizaron la venta no han sido juzgados. La exalcaldesa de Madrid Ana Botella llegó a declarar como testigo en el juicio a petición de las acusaciones. Botella cerró filas con la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al defender en su testifical en el juicio que el equipo directivo cumplió con la legalidad y con el objetivo de mantener el fin social. “Se respetaron todos los derechos de los arrendatarios”, defendió, así como que se cumplió en todo momento la ley.
Condena y absolución en el Tribunal de Cuentas
Además del ámbito penal, el caso tuvo una vertiente administrativa que investigó el Tribunal de Cuentas y que aunque acabó en un principio en una condena contra a Botella y siete altos cargos de su gobierno, luego terminó en absolución. Dos consejeros nombrados por el PP libraron a la exalcaldesa de Madrid de la condena millonaria por la venta de pisos sociales a fondos buitre en 2013. El Tribunal de Cuentas revocó la sentencia que había dictaminado el mismo órgano en primera instancia contra la exregidora de la capital y parte de su gobierno. El tribunal les condenó a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado, pero después la Sala de Enjuiciamiento revocó ese fallo tras el recurso de los condenados.
La absolución, por dos votos contra uno, la firmaron dos consejeros propuestos por el PP: la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra fue de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE, que mantuvo los argumentos que esgrimió el Tribunal de Cuentas durante su primera sentencia condenatoria: que la operación de venta fue “lesiva” para el patrimonio municipal y que no cumplió los principios de “publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad” en el procedimiento.