La Justicia anula las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid a petición de Vox

La Justicia ha tumbado las Zonas de Bajas Emisiones de la ciudad de Madrid a petición de Vox. El Tribunal Superior de Justicia de la capital ha anulado buena parte de la ordenanza de 2021 que modificó la normativa al entender que los informes aportados al proceso fueron insuficientes y anula los artículos que establecen la Zona de Bajas Emisiones “en todo el municipio de Madrid” así como los que establecen las zonas protegidas de Centro y Plaza Elíptica, sin cerrar la puerta a que el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida pueda volver a establecerlas al no eliminar todo el articulado. En este caso hay, según los jueces, una “manifiesta insuficiencia” del informe de impacto económico previo a la aprobación de la Ordenanza.

Las consecuencias de la decisión todavía no están claras. El Ayuntamiento de Madrid está estudiando la sentencia y si presenta algún tipo de recurso ante el Tribunal Supremo con la lupa puesta sobre el sistema sancionador de multas y cómo se ve afectado por la resolución del Tribunal Superior de Madrid.

El alcalde ejecutó en septiembre de 2021 una de sus grandes promesas electorales: sustituir el Madrid Central de Manuela Carmena por una nueva normativa. Su ordenanza salió adelante con el apoyo de los cuatro ediles escindidos de Más Madrid y se encontró con los recursos de Vox y Más Madrid. En sus alegaciones, la extrema derecha denunciaba diversas irregularidades en la aprobación de la Ordenanza y también apuntaba a la falta de argumentos y datos en el informe de impacto económico del proyecto.

Las Zonas de Bajas Emisiones que puso en marcha José Luis Martínez-Almeida implicaban videovigilancia en las zonas afectadas para detectar coches con una clasificación ambiental A, coches de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel antes de 2006, para restringir su acceso, permitiendo la entrada de vehículos con etiquetas B y C. En el caso de Plaza Elíptica, confluencia de numerosas carreteras de circunvalación en el sur de la capital y la salida a la carretera de Toledo, el consistorio confiaba en sacar casi 1.500 coches de la hora punta de la mañana.

Los jueces no cuestionan que el Ayuntamiento de Madrid pueda poner en marcha este tipo de iniciativas para frenar los efectos de la contaminación ligada al tráfico rodado y proteger así la salud y el medio ambiente, pero entienden que las consideraciones económicas de la Ordenanza no fueron correctamente analizadas. Falta, según los jueces de lo contencioso-administrativo, “una ponderación adecuada del balance de beneficios y costes y de la posibilidad de adoptar medidas menos restrictivas de efecto equivalente, o que pudieran producir un efecto discriminatorio para los colectivos más vulnerables económicamente”.

Más de 1.400 advertencias al día

El 1 de enero se activó Madrid ZBE para el exterior de la M-30 y, tal y como se recoge en el artículo 242 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS), se estableció un periodo de aviso sin multa de seis meses. El objetivo, informar y advertir a los ciudadanos con el acceso y la circulación restringidos para que corrigieran esa práctica.

Desde entonces, el Ayuntamiento de Madrid ha enviado 358.661 cartas informativas a los ciudadanos (una media de 1.400 al día) que habrían sido potencialmente sancionados, donde se les detallaba toda la información para no infringir la normativa vigente.

Los jueces explican que las medidas del consistorio afectan a “miles de vehículos profesionales” e inciden en la competencia y el mercado. Afirma que tendría que haber tenido en cuenta, por ejemplo, la situación de “colectivos empresariales de menor capacidad económica para la renovación del vehículo”, en alusión a autónomos o pymes.

Esta sentencia aún es recurrible ante el Tribunal Supremo en el próximo mes. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid se encuentran analizando la sentencia, informan a este periódico fuentes del área de Movilidad, por lo que todavía no han decidido si recurrirán o no la resolución. Desde el grupo municipal del PSOE, Emma López denuncia que “esto es un ejemplo más de chapuzas Almeida, ya van muchos casos en que la Justicia anula actos por no cumplir con el procedimiento”.