Hace cuatro años el Banco de España puso la lupa sobre Avalmadrid y firmó sanciones para todos sus consejeros. Multas que suman más de 400.000 euros y que castigan el descontrol que imperaba en esta empresa semipública de la Comunidad de Madrid a la hora de conceder millones de euros en créditos de riesgo a unos pocos elegidos. En los últimos meses, la Audiencia Nacional ha decidido avalar estas sanciones impuestas a la propia Avalmadrid y también a sus entonces consejeros. Uno de ellos, sancionado con 10.000 euros, es Pedro Irigoyen Barja, actual viceconsejero de gestión económica de la Consejería de Sanidad de la administración que preside Isabel Díaz Ayuso. Desde la actual dirección de Avalmadrid, distinta a la del momento de los hechos, han declinado hacer comentarios.
Avalmadrid es una sociedad de garantía recíproca creada en 1982 con el objetivo de conceder créditos y avales a empresas españolas. Entre sus “socios protectores”, que aportan el dinero para prestar a las empresas, están Caixabank (44% del capital), la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid (43%), la Cámara de Comercio de Madrid o la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM). En 2022 contaba con más de 11.000 socios, es decir, empresas que realizan operaciones con Avalmadrid.
Desde su creación, afirma su página web, ha concedido 53.502 avales por un importe de 2.356 millones de euros. Uno de ellos, todavía sin devolver, fue el de 400.000 euros concedido en 2011 a la empresa del padre de Isabel Díaz Ayuso, entonces en labores de comunicación en el Partido Popular de Esperanza Aguirre. Los tribunales rechazaron investigarlo por la vía penal y una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid concluyó que hubo “irregularidades” y un “trato preferente” para su familiar.
Un año después de conceder ese crédito, a finales de 2012, el Banco de España ponía la lupa sobe Avalmadrid y su cartera de créditos y avales. La conclusión que sacaron los inspectores es que un número muy pequeño de empresas avaladas acumulaba la mayor parte de los créditos de riesgo. El 1,7% de las empresas avaladas, descubrieron, acumulaba más del 30% de los riesgos, más de 78 millones de euros en ese momento.
El supervisor bancario hizo una serie de recomendaciones para bajar la concentración de créditos de riesgo. También, por ejemplo, sobre déficits en el control de riesgo de crédito o en el cumplimiento de los plazos para recuperar el dinero. Pero los inspectores volvieron cinco años después y constataron que seguían existiendo “deficiencias de control interno” y decidieron que era el momento de sancionar a la entidad y los miembros de su consejo de administración.
Entre otras cosas, el Banco de España se dio cuenta de que la entidad no hacía informes de seguimiento de estos créditos, hasta el punto de que una empresa avalada había entrado en preconcurso de acreedores sin que Avalmadrid se hubiera dado cuenta. El resultado fueron sanciones por una infracción grave que, entre todos los multados, suman más de 400.000 euros. La Audiencia Nacional, según ha sabido elDiario.es, ha confirmado casi todas ellas en los últimos seis meses, las más recientes hace unas pocas semanas.
El primer aval judicial llegó hace dos años, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo confirmó la multa de 34.800 euros impuesta a la Cámara de Comercio de Madrid y la de 10.400 euros impuesta a Juan Pablo Lázaro, entonces presidente de la patronal madrileña CEIM. Fue en diciembre del año pasado cuando la misma Audiencia Nacional confirmó otras nueve sanciones a nueve consejeros por valor de casi 270.000 euros. A lo largo de 2023, los jueces han avalado cuatro sanciones más por valor de casi 155.000 euros.
“Era precisamente miembro de la Comisión de Riesgos”
En el bloque de consejeros sancionados cuyas multas fueron confirmadas en diciembre está la propia patronal madrileña CEIM (28.500 euros) y el entonces consejero Pedro Irigoyen Barja (10.000 euros). Inspector de Hacienda, Irigoyen ha desempeñado diversos puestos en la Comunidad de Madrid durante distintos Gobiernos en Economía, Hacienda y Justicia, hasta que el pasado mes de julio de 2022 fue nombrado viceconsejero de gestión económica en la Consejería de Sanidad que dirige Enrique Ruiz Escudero.
Irigoyen fue consejero de Avalmadrid entre octubre de 2014 y ese mismo mes de 2015 como alto cargo de la Comunidad de Madrid y también en calidad de representante de la administración madrileña. Expuso sin éxito en su recurso desde errores formales de notificación o caducidad del proceso hasta alegaciones sobre que no se le podía responsabilizar de que Avalmadrid no implementara las recomendaciones del Banco de España.
Los jueces contestan con argumentos similares a los empleados en otra decena de sentencias dictadas en el último medio año, incidiendo en que además Irigoyen, “precisamente”, formaba parte de la Comisión de Riesgos de la entidad. “Tenía una especial capacidad para dar cumplimiento al requerimiento, concurrió negligencia en su actuar”, añaden para responder a varios de sus argumentos. Irigoyen, como el resto de consejeros, tenía “pleno conocimiento” del requerimiento del Banco de España y entre sus funciones estaba “hacer seguimiento de los riesgos”.
A este alto cargo de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso se le imputa, recuerdan los jueces, “el incumplimiento del requerimiento relativo al seguimiento del riesgo” sobre los créditos millonarios que había examinado el Banco de España. Su multa, de 10.000 euros, es de las más bajas que impuso el supervisor bancario y tuvo en cuenta que solo fue consejero durante un año entre 2014 y 2015. La página web del Banco de España indica, además, que a día de hoy esta sanción es firme.
Sanciones pendientes del Supremo
Las primeras confirmaciones judiciales llegaron de la Audiencia Nacional en 2021 y las últimas, hace unas pocas semanas. Solo en el mes de abril la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha confirmado sanciones para las empresas Valoración y Control (42.750 euros) y Participaciones y Cartera de Inversión (33.250 euros), mientras que en enero y febrero hicieron lo mismo con Gestión y Representación Global (45.600 euros) y el Banco Santander (33.250 euros), respectivamente.
La página web del Banco de España explica que muchas de estas sanciones ya son firmes pero otras están todavía pendientes de un pronunciamiento del Tribunal Supremo. Avalmadrid no recurrió su multa pero, por ejemplo, sí lo hizo Juan Pablo Lázaro, en su momento presidente de la patronal madrileña y sancionado con 10.400 euros. El alto tribunal admitió a trámite su recurso en noviembre de 2021 y los jueces explicaron que su caso serviría para sentar jurisprudencia sobre el poder real de las circulares internas del Banco de España.
Las sanciones impuestas por el Banco de España, ahora confirmadas por los jueces, alcanzan a más nombres que han tenido relevancia en la vida pública madrileña. José María Rotellar (18.000 euros), viceconsejero en la etapa de Esperanza Aguirre, es uno de los sancionados cuya multa es firme, según el Banco de España. También está Juan Iranzo (4.000 euros), uno de los condenados por las tarjetas black de Caja Madrid y en su momento consejero de Red Eléctrica.