La Audiencia Provincial de Madrid ha obligado a un juzgado a reabrir una investigación en torno a los fallecimientos de ancianos en una residencia de la capital durante la pandemia, y que dirija sus pesquisas hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los jueces reprochan al juzgado que, a pesar de que la querella se dirigía contra la dirigente regional, no haya puesto en marcha ninguna diligencia en ese sentido y haya archivado el caso.
El procedimiento, que se tramita en el juzgado de instrucción 50 de Madrid, surgió tras la querella de 26 familiares de personas fallecidas en residencias de la capital, entre ellas la Amavir de Ciudad Lineal. Una querella presentada en mayo de 2020 y que además de apuntar a la dirección de los centros geriátricos también apuntaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entonces Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
La causa se desgajó y la parte relativa a esa residencia se quedó en el juzgado 50, que archivó el caso en abril de 2023 después de escuchar a la directora de la residencia. Según el juzgado, no hay indicios “de desamparo ni desatención” y se adoptaron las medidas “que permitía la situación” con “los recursos personales y materiales limitados del que se disponía”.
La Audiencia Provincial de Madrid no discute estos argumentos pero reprocha a la jueza instructora que a lo largo de la causa no haya hecho ni la más mínima mención a las acusaciones que pesaban sobre Ayuso. “En ningún momento de la causa ni cuando se admitió la querella ni cuando se amplió la misma hay pronunciamiento alguno en relación a los otros querellados”.
El juzgado, sigue la Audiencia, “ha omitido cualquier pronunciamiento en cuanto a los tres referidos aforados querellados y en cuanto a la existencia o no de indicios de criminalidad en relación a las personas aforadas” y eso ha generado indefensión a las familias de fallecidos en residencias.
Segunda causa contra Ayuso
Se trata de la segunda ocasión en que la Audiencia Provincial de Madrid tiene que obligar a un juzgado de instrucción a reabrir una causa porque no ha hecho nada para investigar, como piden las querellas, a la presidenta regional y sus altos cargos sanitarios. Hace unas semanas fue un juzgado de la localidad de Collado Villalba el que tuvo que reabrir una causa por la muerte de un anciano en una residencia de ancianos de Torrelodones.
Esas diligencias parten de una querella que se dirigía, en origen, contra Ayuso y sus consejeros de Sanidad y Justicia durante la pandemia. Una vez obligado a reabrir el caso, el juzgado llamó a declarar a varios altos cargos sanitarios del ejecutivo regional, médicos y responsables de la residencia, y pidió además numerosa documentación a la Comunidad de Madrid sobre los protocolos de derivación.
En esa causa compareció el alto cargo sanitario Carlos Mur para defender la creación de estos protocolos, aunque matizando que no estaba de acuerdo con una parte de sus postulados, pero señalando que no eran de obligado cumplimiento por parte de los geriatras. Alberto Reyero, entonces consejero de Políticas Sociales, ratificó ante el juez que se opuso por escrito a la aplicación de estos protocolos al entender que dejaría a muchos ancianos sin la posibilidad de ser hospitalizados.
En esta causa también declaró una facultativa de la residencia de Torrelodones para decir lo contrario: que para los médicos esos protocolos eran de obligado cumplimiento y que su aplicación impidió la hospitalización del fallecido.