La Justicia rechaza el último recurso de Ayuso y anula la venta de 3.000 pisos a un fondo buitre

La Justicia no da la razón a la Comunidad de Madrid y confirma que la nulidad de la venta de las 2.935 viviendas sociales en 2013 afecta a todos los inmuebles y no solo al del demandante, como ha argumentado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso al ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la anulación de la operación realizada por el Ejecutivo de Ignacio Gónzalez (PP). 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid ha emitido un auto que da la razón a los afectados, que llevan meses esperando a que el Ejecutivo autonómico acate el último fallo emitido en marzo por el Tribunal Supremo, que confirmaba la nulidad de la venta, y recupere las viviendas hasta ahora propiedad de Azora. En ese momento, el Gobierno de Díaz Ayuso se aferró a una interpretación de la sentencia, asegurando que la Justicia solo les obligaba a “indemnizar exclusivamente al [único] demandante”, Rachid Bouikou. 

En un auto emitido el 1 de febrero, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 rechaza la interpretación de la Comunidad. “Se declara que la sentencia de este juzgado de fecha 21 de Mayo de 2018 alcanza a la anulación de la adjudicación a Azora Gestión del contrato de enajenación de las 32 promociones y con ello de la totalidad de los inmuebles que las integran”, expone el magistrado en el fallo, al que ha accedido elDiario.es. Asimismo, da un plazo de diez días a la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid para que “proceda a solicitar la anotación de la anulación de la venta en la inscripción de todas y cada una de las fincas registrales que integran las 32 promociones que fueron objeto de la venta anulada”. 

El magistrado recuerda que la Comunidad se había quedado sola en su defensa. Su argumentación se centraba en que la sentencia que determina la anulación de la venta de casi 3.000 viviendas públicas “sólo” alcanzaba “al recurrente y [a] nadie más”. No solo el letrado del denunciante — el abogado César Pinto — sostenía lo contrario, también las compañías que poseen por ahora esos inmuebles: Azora Gestión y EnCasa Cibeles. “El fallo de la sentencia lo deja meridianamente claro. Literalmente anula totalmente las dos resoluciones impugnadas y dice ‘dejo sin efecto alguno la adjudicación y enajenación que por la primera de ellas se acuerda y con ello la transmisión del contrato de arrendamiento del demandante al propietario resultante de dicha enajenación”, recoge el auto. 

En el fallo emitido este lunes, el magistrado explica que las decisiones judiciales previas no se limitan “a anular la transmisión del contrato de arrendamiento de Don Rachid, como alega la Comunidad de Madrid”. “Esta anulación es consecuencia de la anulación previa de la adjudicación y enajenación de las 32 promociones”, aclara. Y va más allá: “No hay razón alguna para que, a la hora de ejecutar la sentencia, dicha legitimación se le restrinja a su situación particular, como alega la Comunidad”.

El juzgado permite seguir ejecutando desahucios

Hasta que el Gobierno de Díaz Ayuso no ejecute el fallo, el magistrado advierte a la empresa que gestiona estas vivienda de que debe abstenerse “de cualquier actuación tendente a la enajenación de cualquiera de dichos inmuebles”, aunque sí les abre la puerta a seguir ejecutando desahucios mientras la Agencia Social de la Vivienda no asuma la posesión de los inmuebles. “No podrá evitarse que dichas mercantiles ejerzan las correspondientes acciones en caso de incumplimiento por parte de los arrendatarios del contrato de arrendamiento”, expone el magistrado, que asegura que “no es jurídicamente correcto dejar el cumplimiento de los contratos de arrendamiento a partir de ahora a voluntad del arrendatario y dar pie a la anarquía y al deterioro de las viviendas hasta que se haga cargo de ellas” la Comunidad. 

Sobre lo que no se posiciona el magistrado es sobre lo que sucederá tras la recuperación de las viviendas y “la liquidación del contrato de compraventa”, en el auto plantea que “dado que el orden jurisdiccional competente es el civil” su juzgado carece de capacidad para pronunciarse sobre la “ejecución y demás compensaciones” tras el fallo emitido. Cabe recurso contra el auto del 1 de febrero. Las partes tienen un plazo de quince días para presentar un recurso de apelación. Fuentes oficiales de la Consejería de Vivienda no anticipan qué va a hacer el Gobierno regional, aseguran que por el momento sus servicios jurídicos no han recibido el fallo.

La causa que ha dado lugar a este auto no es la única abierta por la venta de la vivienda pública. Las diferencias en la interpretación entre el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y el fondo de inversión que adquirió los inmuebles han terminado también en los tribunales. EnCasa Cibeles, participada por Goldman Sachs y Azora, ha presentado una “demanda civil” — según explicaron fuentes de la compañía — para devolver a la Comunidad las 1.722 viviendas que quedan en su poder y dar así “cumplimiento a la sentencia”. El Gobierno de Díaz Ayuso se negó a recuperar esos pisos. El resto de inmuebles que formaron parte del paquete adquirido ya han sido vendidos a particulares.