Miles de personas mayores fallecieron en residencias de la Comunidad de Madrid durante el primer año de pandemia. Un total de 7.690 personas, casi una quinta parte del total de usuarios, perdieron la vida entre marzo y mayo de 2020. Tres años después, las causas judiciales abiertas en torno a estas muertes apuntan a los protocolos aprobados en los primeros días de pandemia que impidieron hospitalizar a ancianos infectados con COVID-19 y a los altos cargos que los pusieron en marcha. Este martes declara en un juzgado Carlos Mur, exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, poco después de que otra magistrada haya puesto en marcha una investigación contra los máximos responsables del ejecutivo regional: la presidenta Isabel Díaz Ayuso y los entonces consejeros Enrique Ruiz Escudero y Enrique López.
Las residencias de ancianos se convirtieron en uno de los puntos negros del avance del coronavirus durante el primer año de pandemia. Tanto por la especial vulnerabilidad de las personas mayores como, en el caso de la Comunidad de Madrid, por los protocolos que impidieron derivar a estos ancianos enfermos a centros hospitalarios, quedándose en unas residencias sin personal, respiradores, mascarillas o habitaciones para hacer frente a la emergencia. Protocolos aprobados en un plan de choque de marzo de 2020 que dejó el mando único en manos de la Consejería de Sanidad.
Según los últimos datos ofrecidos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, desde marzo de 2020 hasta enero de 2023 fallecieron 24.841 personas en casos confirmados de COVID-19, con otros 10.546 casos más con síntomas compatibles aunque sin la confirmación de una prueba diagnóstica. La región de Madrid registró las cifras más altas mientras el ejecutivo regional dedicaba parte de sus esfuerzos a intentar culpar de la situación al Ministerio de Derechos Sociales aunque la competencia era y sigue siendo de las comunidades autónomas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, aportó en directo en televisión la imagen de la Unidad Militar de Emergencias entrando en residencias para encontrar a ancianos conviviendo desde hacía días con los cuerpos inertes de los fallecidos. La Fiscalía empezó a abrir diligencias, tanto penales como civiles, llegando a acumular más de 500 causas, nuevamente con la Comunidad de Madrid a la cabeza. El pasado mes de febrero quedaban 106 procesos judiciales en marcha y el Ministerio Público tuvo que ordenar que los familiares de los ancianos fallecidos fueran escuchados en estos pleitos. La última memoria del Ministerio Público, relativa a 2022, explica que 19 causas fueron reabiertas después de un recurso de la Fiscalía.
El Tribunal Supremo fue el primero en decir, hace ya tres años, que las responsabilidades judiciales por estas muertes debían ser estudiadas por cada juzgado y, ya después, decidir si cabía exigir responsabilidades a algún alto cargo. Es la decisión que han tomado los tribunales en Madrid: un juzgado de la localidad de Collado Villalba ha impulsado, por orden de la Audiencia Provincial, una causa con el objetivo puesto en Isabel Díaz Ayuso, dos consejeros de su gobierno anterior y los protocolos que impidieron derivar a cientos de ancianos a hospitales.
El auto, firmado hace dos semanas, ponía en marcha media docena de diligencias para estudiar las muertes en la residencia Torrelodones, gestionada por Sanitas. Volver a tomar declaración a la denunciante y también tomar declaración a Alberto Reyero, Carlos Mur y Yolanda Fuentes en noviembre: el exconsejero de Políticas Sociales y dos exaltos cargos sanitarios de la Comunidad de Madrid que estaban en primera línea cuando el ejecutivo madrileño aprobó los protocolos investigados. La jueza también pide información a la Consejería de Sanidad. Datos concretos sobre los protocolos de derivación y el detalle de los recursos sanitarios que la Comunidad de Madrid puso en manos de las residencias.
La causa se dirige explícitamente contra Ayuso y sus entonces consejeros Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, aunque la presidenta regional está aforada y solo puede ser imputada, en todo caso, por el Tribunal Supremo. Será el juzgado el que decida si las pruebas son suficientes como para intentar, por segunda vez, que el alto tribunal encause a la presidenta regional.
Carmen López es portavoz de Marea de Residencias, plataforma que nació antes de la pandemia para denunciar el estado de estos centros y que en los últimos tres años ha centrado su actividad en buscar justicia para los que murieron en ellas. Esta causa, entiende, es “un paso importante hacia adelante” con respecto a otros juzgados que, afirma, “no han investigado lo que hace falta que se investigue”.
“No se puede quedar la investigación en los directores de las residencias, hay que ir un paso más allá, que es lo que hizo por fin este juzgado de Collado Villalba”, explica en declaraciones a elDiario.es.
Reyero, testigo del protocolo
En esa causa testificarán el próximo 7 de noviembre tres antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid que vivieron de primera mano la expansión del coronavirus en las residencias de la región. El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, el exdirector general de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, y la exdirectora general de salud pública, Yolanda Fuentes.
Reyero abandonó el ejecutivo que compartía entonces el PP de Ayuso con Ciudadanos en octubre de 2020, después de meses denunciando que los protocolos sanitarios aplicados en las residencias habían sido, incluso, ilegales. Se mostró “radicalmente en contra”, dijo por ejemplo en sede parlamentaria, del método que impidió hospitalizar a miles de ancianos enfermos.
Comparecerá ese día también en Collado Villalba Yolanda Fuentes, alto cargo de la sanidad madrileña que renunció a su puesto en mayo de 2020 por su desacuerdo con las decisiones del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para empezar la desescalada, entendía, antes de tiempo. También comparecerá Mur en una de sus múltiples citas con los tribunales para explicar estos protocolos y las decisiones que se tomaron esos días.
Tanto Reyero como Mur han comparecido ya ante dos juzgados distintos de Madrid en causas que investigan distintas denuncias por muertes en residencias de ancianos de la región. Solo este año lo ha hecho en los juzgados cuatro y nueve de la Plaza de Castilla de Madrid para reiterar en sede judicial las acusaciones que ha lanzado en público y en su libro.
En una de estas causas, la que instruye el juzgado número cuatro de la capital, declara este martes Carlos Mur, en el marco de una investigación sobre las muertes en una residencia Amavir de Arganzuela, con plazas concertadas.
Son dos de las múltiples causas que sobreviven a varios archivos judiciales, en ocasiones revocados por organismos superiores como la Audiencia Provincial de Madrid. Causas que indagan tanto en torno a las órdenes que llegaban a las residencias desde la administración regional como también en torno a la aplicación práctica de esas órdenes.
Estas denuncias juegan con una resolución en contra. La del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, por la vía contencioso-administrativa, rechazó acusaciones de inactividad contra la Comunidad y dejó por escrito en una sentencia que ese protocolo no establecía “ninguna concreta y específica obligación directamente exigible por los centros o residentes a las autoridades sanitarias de la CAM”. Ese caso todavía está pendiente de sentencia definitiva por parte del Tribunal Supremo.
Comisiones fallidas y víctimas
Las miles de muertes registradas en las residencias madrileñas durante lo peor de la pandemia está siendo objeto de estudio por parte de varios juzgados. Pero durante meses el foco estuvo puesto en la Asamblea de Madrid y en la comisión de investigación que intentó, sin éxito, analizar en profundidad lo sucedido a través de informes y testimonios.
La comisión se constituyó en julio de 2020 y se reunió varias veces hasta que, después de la convocatoria electoral de PP, el partido de Isabel Díaz Ayuso y Vox tumbaron sus trabajos y la posibilidad de seguir indagando. Este año, más allá del ámbito institucional, se ha constituido una comisión ciudadana que junta a Marea de Residencias, Verdad y Justicia y a varios expertos para denunciar la “inacción de las instituciones”, denuncian.
Desde Marea de Residencias, Carmen López lamenta que no se haya hecho nada para resarcir a las víctimas y sus familiares. Tampoco a los que siguen viviendo en las residencias y sobrevivieron a esos meses de horror. “Ahora están peor, no solo no se ha hecho nada por reparar, sino que se hace mucho más daño a las personas que viven ahora en las residencias, están abandonados, totalmente dejadas”, afirma.