Un juzgado de Madrid cita a Ayuso por decir que no todos los sanitarios querían “arrimar el hombro”

El Juzgado de primera Instancia número 10 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de Comisiones Obreras Madrid contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por haber desacreditado a los profesionales de la Atención Primaria asegurando que “no todos” querían “trabajar”. Ayuso tendrá que comparecer en una vista de conciliación por estas palabras en calidad de demandada el próximo 29 de abril, a las 9.30 horas. Contra el auto cabe recurso de reposición en un plazo de cinco días. Un portavoz de la presidenta asegura que aún no han recibido la citación judicial.

La demanda de CCOO pedía a la presidenta regional que se retractara de sus palabras en el mismo espacio de comunicación donde las vertió. El CCOO calificaba las declaraciones de la dirigente del PP de “absolutamente desafortunadas y carentes de toda verdad” y explicaba que tuvieron consecuencias como “ataques” y “agresiones” contra los profesionales los días siguientes de pronunciarlas.

En plena sexta ola por Omicron, a las puertas de la Navidad, que tenía a los sanitarios realizando jornadas maratonianas, la presidenta madrileña negó el colapso de la Atención Primaria y señaló a estos profesionales como los responsables de las colas y las listas de espera que se producían a las puertas de los centros de salud, insinuando que en algunos ambulatorios los sindicatos estaban boicoteando la atención a los pacientes. “No todos quieren trabajar y arrimar el hombro”, sentenció la dirigente madrileña en una entrevista con el locutor Federico Jiménez Losantos en esRadio.

“Quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud en Madrid porque no en todos los casos los pacientes tienen que estar esperando haciendo colas, les cogen los teléfonos… se cuelgan… de repente no hay médicos… lo vamos investigar”, insistió desde los micrófonos de esRadio.

CCOO explicó que las declaraciones vertidas por la presidenta madrileña sobre el funcionamiento de los centros de Atención Primaria en las fechas anteriores a las fiestas navideñas, en plena expansión de la sexta ola de la Covid-19 en su variante Ómicron, “tuvieron una inmediata reacción por parte de algunos usuarios que se tradujeron en distintas agresiones a los profesionales de Atención Primaria, instalaciones y mobiliario y enseres de numerosos centros de la Comunidad de Madrid”.

“Sus palabras ponían en entredicho el compromiso y la honestidad de los y las profesionales del primer nivel asistencial de la sanidad pública en Madrid, y con estas dañó su reputación y alentó conductas violentas entre usuarios y usuarias”, lamenta el sindicato. La citación es una oportunidad para corregir esas declaraciones que no debieron producirse en ningún caso y bajo ninguna circunstancia“, asegura Paloma López, secretaria general de CCOO Madrid.

“Los profesionales y las profesionales del sistema madrileño de Salud son los que nos han cuidado y los que nos cuidan a pesar de los recortes, despidos y las privatizaciones y no se merecen más que reconocimiento por la labor que realizan”, ha añadido López.

Hace apenas unos días, el Gobierno regional despedía a más de 1.398 profesionales en Atención Primaria con contratos COVID, lo que suponía el 77% de estos contratos de refuerzo. En total, el Ejecutivo de Ayuso no renovó a más de 6.000 sanitarios que fueron contratados en marzo de 2020 para hacer frente a la pandemia.

“Estas demandas son puramente políticas”, según el Gobierno

Preguntado por esta cuestión, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio, ha sostenido se trata de “una denuncia de un sindicato politizado al extremo”. “Es puramente política esta denuncia y es insólita”, ha dicho el portavoz del Goboerno, que la considera “insólita” porque Ayuso, como dirigente pública, “está obligada a analizar constantemente el funcionamiento de los servicios públicos”.

Ossorio ha asegurado que estudiarán si Ayuso comparece porque “no está obligada” a hacerlo ya que “desde el punto de vista procesal no existe esa obligación y porque no tiene que retractarse de absolutamente de nada de lo que dijo”. “Sus afirmaciones son perfectamente lícitas”, ha concluído el consejero.