El Juzgado de Instrucción número 1 de Villalba investiga la responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid y dos de sus consejeros en los protocolos que impidieron el traslado de ancianos a hospitales en pandemia, según un auto al que ha accedido El Salto. La jueza, por orden de la Audiencia Provincial, pide documentación a la Comunidad de Madrid.
El tribunal acepta el recurso interpuesto por una familia afectada, archivado en primera instancia, y acuerda la continuación del procedimiento respecto de Isabel Díaz Ayuso, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero “con la práctica de las diligencias pertinentes y necesarias para poder concluir si concurren o no indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes y/o omisión del deber de socorro”.
Es la primera vez que un juzgado abre una investigación para valorar la responsabilidad de los políticos que diseñaron y aplicaron esos protocolos. El reciente auto, fechado el 2 de octubre de 2023 y en relación a un residente que se encontraba en el Centro Residencial Torrelodones-Sanitaras Mayores, supone un punto de ruptura que ha sido celebrado por Marea de Residencias, que agrupa a familias afectadas que han presentado hasta 400 querellas.
La Audiencia Provincial de Madrid ya reabrió una causa en enero de 2022 por las muertes en cuatro residencias de Leganés. Citó a declarar a los responsables médicos de los centros y al del servicio de geriatría del hospital Severo Ochoa para abordar el funcionamiento de las derivaciones. En julio de 2021, un juzgado de instrucción archivó la causa impulsada por familiares de residentes de varias centros —DomusVi, Vitalia, Amavir y Aralia— del municipio madrileño.
Los familiares de los residentes fallecidos iniciaron la causa contra los directores de los centros de mayores alegando un “trato inadecuado” a los mayores durante los primeros meses de la pandemia. Según la demanda presentada, esta situación “habría propiciado que un número importante de residentes se contagiaran de COVID 19 en las propias residencias muriendo muchos de ellos por no haber recibido asistencia sanitaria adecuada, bien por no haber sido trasladados a los centros hospitalarios o haberlo sido con retardo y, en consecuencia, sin haberse podido hacer nada por su vida”. Para los denunciantes estos hechos “pueden ser constitutivos” de varios delitos, entre ellos, homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación.
Los demandantes recurrieron el archivo al “echar en falta” la práctica de “más diligencias de investigación para aclarar los hechos”. Aunque la Audiencia Provincial defendió la labor realizada por el juzgado de instrucción, estimó parcialmente el recurso presentado y continuó adelante con la causa “para adoptar una decisión jurídicamente fundamentada sobre conocimientos médicos y que esclarezca los hechos que son objeto de las querellas”.