Una ley (del suelo), cero presupuestos y navajazos: el final de dos años de los gestores de la derecha en Madrid

El primer gobierno de coalición de la historia de la Comunidad de Madrid se cierra en falso. Isabel Díaz Ayuso pulsaba el botón rojo de las elecciones anticipadas este miércoles ante el miedo a que una moción de censura del PSOE apoyada por Ciudadanos la desbancara del poder. Ponía así fin a un gobierno marcado por las polémicas y los choques entre los socios de coalición, que no ha logrado sacar adelante en ese año y siete meses de legislatura ningún presupuesto y que solo ha aprobado una ley, la del Suelo, recurrida ante el Tribunal Constitucional al haberse aprobado sin el quorum necesario. En dos años de gobierno, la medida estrella de Ayuso ha sido un hospital de pandemias construido en tiempo récord, que ha costado más del doble de lo presupuestado, sin contratar a un solo médico en medio de una crisis sanitaria y que no tiene quirófanos.

Ayuso ha repetido en las numerosas entrevistas que ha concedido esta semana que convoca elecciones anticipadas porque quiere poner en marcha su “proyecto”. Pero lo cierto es que el gobierno que ha presidido hasta ahora ha sido el que menos leyes y medidas ha aprobado o propuesto de los últimos años. Las elecciones del 4 de mayo no impedirán que los comicios tengan que repetirse en 2023, así que un hipotético gobierno de Ayuso si gana las elecciones y logra sumar mayoría absoluta duraría apenas algo menos de dos años. Con los tiempos parlamentarios, este 2021 podría cerrarse de nuevo sin presupuestos.

Toda la gestión de la presidenta madrileña se ha basado en hacer oposición al Gobierno central. Incluso cuando era el epicentro de la pandemia en europea abogó más por el enfrentamiento que por la gestión. Ayuso vio en la crisis sanitaria una oportunidad para reforzar su estrategia de ser el azote institucional al Ejecutivo central, desde que en noviembre de 2019 Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sellaron un pacto para gobernar juntos en la Moncloa. Un papel similar al que hizo Esperanza Aguirre cuando era ella la presidenta regional y en Moncloa estaba José Luis Rodríguez Zapatero.

Ayuso ha trabajado a fondo esa estrategia, pero ha descuidado a su socio de coalición, Ciudadanos, el que le dio la presidencia a pesar de que había cosechado el peor resultado de la historia del PP en la Comunidad de Madrid en las últimas dos décadas. La relación entre la dirigente popular y el que ha sido hasta el miércoles su vicepresidente, Ignacio Aguado, –Ayuso firmó su cese y el de todos los consejeros de Ciudadanos apenas unas horas después de anunciar las elecciones– siempre ha sido mala. Y la pandemia del coronavirus agravó más si cabe una desconfianza entre los socios de gobierno.

Un adelanto electoral sorpresa pero meditado

De hecho, el adelanto electoral es algo que la dirigente popular ya se había planteado en otras dos ocasiones. Ayuso reconoció públicamente el pasado mes de mayo que lo había barajado ante los desencuentros de ambas formaciones en la gestión de la pandemia y la crisis de las residencias. La denuncia pública del que fuera consejero Políticas Sociales, Alberto Reyero, por los protocolos que impedían los traslados de ancianos y personas con discapacidad a las residencias, que Reyero calificó de “inmorales” y posiblemente “ilegales”, abrieron un boquete en el Gobierno regional.

La segunda ocasión en la que la presidenta regional se planteó un adelanto electoral fue en septiembre. El secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, planteó un escenario similar al que PSOE y Ciudadanos han pactado para Murcia con un gobierno liderado por Aguado. Los nervios se apoderaron de Ayuso que volvió a estar tentada de convocar elecciones, pero finalmente fue disuadida de hacerlo desde Génova.

Esos nervios de Ayuso no eran infundados porque las relaciones con su socio de coalición siempre han sido pésimas, aunque desde PSOE y Ciudadanos niegan que estuviera negociando una moción.

Los inicios de la coalición fueron convulsos. El primer Ejecutivo de coalición en la Comunidad de Madrid se hizo esperar. Ayuso fue investida en agosto después de una ardua negociación del PP a dos bandas –con Ciudadanos y Vox– mientras la formación entonces liderada por Albert Rivera trataba de evitar la foto con la extrema derecha. La dirección nacional de los populares se empleó a fondo para abrochar el Gobierno de la segunda administración autonómica que más presupuesto gestiona (después de Andalucía) y la que más foco mediático se lleva. Era el salvavidas que permitía a Pablo Casado asear el balance interno tras haber mantenido los ejecutivos en Castilla y León, Murcia y Andalucía, a pesar de perder las elecciones en todos esos territorios.

El refranero de “lo bueno se hace esperar” no se cumple en este caso y la coalición empezó con mal pie. Ayuso llegaba el 18 de agosto a la Puerta del Sol cargada con una pesada mochila por las sospechas de alzamiento de bienes al aceptar la donación de un piso de su familia sobre el que pesaba una amenaza de embargo y su relación con Avalmadrid (la entidad participada por la Comunidad de Madrid que prestó dinero a una empresa de su padre). Y una vez en el poder, pese a que el escándalo de las ayudas de Avalmadrid a la familia de Díaz Ayuso ya eran conocidas antes de sellar la alianza, Ciudadanos decidió apoyar la comisión de investigación a la empresa semipública solicitada por los grupos de la oposición.

Este fue el primer punto de inflexión en una tensa relación que, como la propia presidenta regional definiría después, dio origen a “dos gobiernos en uno”. La coalición ha estado marcada por anuncios que luego eran desmentidos por uno y otro lado en función de quien los hiciera. No ha habido comunicación entre los equipos y los reproches fueron una constante.

El choque más profundo que amenazó con dinamitar el Gobierno se produjo durante la primera ola de la pandemia cuando la Consejería de Sanidad firmó unos protocolos que impedían derivar ancianos y personas con discapacidad de las residencias a los hospitales. Ayuso estuvo a punto de convocar elecciones entonces y de tomar una decisión salomónica: destituir a los dos consejeros, pero finalmente decidió esperar y Reyero acabó presentando su dimisión.

Reyero no fue el único. Y la crisis interna -no solo entre los socios de coalición- se tradujo en dimisiones. La gestión de la desescalada en mayo y de la segunda ola de la pandemia no solo desató una marejada de críticas de la oposición. También supuso un goteo de renuncias y ceses en un gabinete partido a la mitad. Desde mayo, en menos de medio año, 11 importantes cargos presentaron a Díaz Ayuso su dimisión. Ayuso ni reforzó el sistema de rastreo y la Atención Primaria que esta semana iniciaba una huelga de médicos que canceló por el adelanto electoral.

Ni presupuestos ni rebaja de impuestos ni leyes

A las disputas internas se suma la inacción del gobierno, que solo ha sido capaz de aprobar una sola ley desde que llegó a la Puerta del Sol pese a haber firmado un acuerdo con 155 medidas. “Los gobiernos liberales no se caracterizan por legislar, sino por cumplir las leyes a rajatabla y en la medida de lo posible desregular aquello que no es necesario”, se justificaba Ayuso al ser comparada con la gestión de su antecesora, Cristina Cifuentes, mucho más proactiva en la tramitación legislativa.

A los seis meses vida, el Ejecutivo solo había remitido un proyecto de ley a la Asamblea, de rebaja fiscal, que no pudo ser aprobado por la oposición de Vox. Ya en plena crisis sanitaria, el primer proyecto que salió adelante fue una reforma de la ley del suelo para impulsar la construcción como motor económico que elimina trabas a los constructores. La ley salió adelante sin contar con el quorum necesario y después de que el presidente del parlamento madrileño, Juan Trinidad, intentara encerrar a los diputados de la izquierda para obligarles a votar. Esta medida supone que se ha modificado 16 veces la misma ley del Suelo en la región.

La Comunidad de Madrid gobernada por PP y Ciudadanos tampoco ha logrado sacar adelante unos presupuestos. Por segundo año consecutivo las cuentas fueron prorrogadas en la región y el Ejecutivo autonómico sigue gobernando con los presupuestos de 2019 –los últimos del expresidente Ángel Garrido, actual consejero de Ciudadanos–, a pesar de que el mundo ha dado un giro de 180 grados desde entonces con una pandemia mundial que ha originado una crisis sanitaria sin precedentes, acompañada de una nueva crisis económica. Las negociaciones con Vox estaban muy avanzadas, aseguró Ayuso hace una semana y Aguado este mismo miércoles. El adelanto electoral impedirá que haya presupuestos, que en parte están ligados a los 20.000 millones que el Gobierno regional ha solicitado de los fondos europeos.

El primer Gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid entre PP y Ciudadanos ya ha muerto. Y sin tener en el balance, de una derecha que presume de “buen gestor”, unos presupuestos o alguna ley de calado.