Una línea colapsada con tres técnicos de Salud Pública para todos los colegios con contagios de Madrid

En la última semana, 93 aulas madrileñas han sido enviadas cada día a guardar cuarentena por registrar casos positivos de coronavirus. Es una media realizada con los datos actualizados por la Comunidad de Madrid el pasado miércoles: el número de clases confinadas ha aumentado de 178 a 832 en siete días y ya son más de 13.800 los alumnos afectados (el 1,1% del total). 

Detrás de las cifras, hay decenas de docentes que están actuando como médicos sin serlo. El teléfono habilitado por la Consejería de Sanidad para asesorar a los 4.056 centros educativos de la Comunidad de Madrid comunica a todas horas. El equipo de técnicos en Salud Pública que responde al otro lado de la línea está formado por tres personas que no dan abasto: dos en turno de mañana y otro en el turno de tarde, según datos de Comisiones Obreras, además de algunos administrativos encargados de la burocracia. El departamento no facilita cifras del personal a cargo. “Las peticiones las reciben y tramitan personal administrativo, y las decisiones de actuación las realizan los técnicos”, responde un portavoz de la Consejería de Sanidad a elDiario.es. 

Tres semanas después del inicio de curso, la promesa de la Comunidad de Madrid de hacer test “el mismo día” a todos los niños de una clase si se confirma un positivo, como aseguró Isabel Díaz Ayuso en una entrevista en 20 minutos, se ha quedado en papel mojado. El Gobierno autonómico acaba de modificar el protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en las aulas para dejar de hacer PCR a los contactos estrechos si no tienen síntomas. Es decir, a los compañeros de un positivo. “No se indica salvo que se desarrollen síntomas”, dice la última actualización, del 25 de septiembre. La primera guía, de finales de agosto, establecía que era recomendable realizar pruebas diagnósticas a los niños y niñas que hubieran convivido de forma estrecha en la misma clase con el contagiado.

Para la detección y comunicación a tiempo de los contagios en centros escolares, el Ministerio de Educación diseñó la figura obligatoria del coordinador COVID-19. Una medida “precipitada” para los sindicatos y que, en su opinión, cargaba toda la responsabilidad en los centros ante una vuelta al cole “caótica”. En Madrid, cuando no hay un enfermero o enfermera en la plantilla escolar, la labor recae sobre “un miembro del equipo directivo”. Ese es el caso de Elena, jefa de estudios del IES Juan de Mairena y, desde hace una semana, también responsable del “área coronavirus”. “Es una locura, no soy sanitaria, soy profesora de francés”, cuenta a elDiario.es. En menos de una semana, su instituto ha registrado tres positivos. La Comunidad de Madrid solo ha contratado a tres de los 150 profesionales de enfermería que prometió incorporar a los centros educativos.

El protocolo de la Comunidad de Madrid establece que el coordinador COVID-19 debe ponerse en contacto con “el área correspondiente de Salud Pública” cuando se registra un caso confirmado en el centro. Una directriz que hace aguas fuera del papel y choca con una plantilla exigua de técnicos que no puede asumir todas las consultas. 

Las llamadas se ponen a la cola. Tres, cuatro, cinco y hasta quince días pasan sin poder contactar con un interlocutor experto, explican a elDiario.es varios coordinadores COVID de escuelas infantiles, colegios e institutos madrileños. La alarma de las familias y el miedo al contagio lleva a los equipos directivos a decretar cuarentenas por su cuenta y riesgo y que no siempre están avaladas por un epidemiólogo. 

En una escuela infantil de Getafe, la directora lleva diez tratando de contactar con Salud Pública tras confirmarse un positivo en una clase de un año, donde los niños y niñas van sin mascarilla. La escuela tuvo confirmación del contagio el fin de semana del 12 de septiembre y avisó a las familias de esa aula para que no acudieran el siguiente lunes. 

“Esperamos haber hecho lo correcto. No somos médicas. Nos sentimos abandonadas”, dice una maestra que está ayudando a la dirección con el ingente volumen de gestiones que lleva consigo cada contagio. A eso se suman las llamadas de los padres y madres preocupados y, muchas veces, desorientados sobre qué tienen que hacer. “Nos llaman para preguntarnos si el niño tiene que hacerse PCR y les derivamos al centro de salud. Se supone que les tendrían que llamar y no al revés, ¿no?”, se pregunta. Con el nuevo protocolo, que empezará a aplicarse este lunes, se descartan directamente las pruebas para los contactos estrechos.

Los docentes se manejan con una guía entregada al inicio de curso que obliga a cerrar el aula afectada por el caso positivo y a mandar a todos los alumnos a casa para hacer una cuarentena preventiva de 14 días si se trata de un grupo de convivencia estable, o grupo burbuja. Pero si el contacto no pertenece a una burbuja o sus contactos son dudosos, la cosa se complica.  

“En el protocolo no está claro que se mande a casa a todos con un positivo. Sino que se estudia cada caso. Cada caso es diferente y es el sanitario quien tiene que valorarlo, pero no se hace”, replica Isabel Rico, directora de la Escuela infantil Los Títeres, en Pan Bendito. Su primer caso positivo fue en una clase de bebés. “Nos dijeron que valoráramos nosotras si había sido contacto estrecho o no. Les explicamos que las dos niñas habían estado sentadas juntas pero sin tocarse. ¿Cómo voy a valorar yo si eso es un contacto o no? Si les llamo para eso”, relata la maestra, que está asumiendo desde hace unos días también la labor de coordinadora COVID porque la compañera que ejercía como tal ha dimitido.

El pasado lunes tuvo otro positivo en un aula de cuatro años. Ya van dos. La decisión de mandar a todos a casa la ha tomado, esta vez, de manera unilateral porque nadie ha respondido al otro lado del telefóno. “Unas compañeras me avisaron de que a las ocho de la mañana lo cogían. Pero me salta un contestador que te informa del protocolo general y te dice que en caso de dudas, esperes”, describe Rico. Lograr contactar o no depende de la suerte. A veces los docentes lo consiguen en el primer día. Otras, no.

En la calle Martín de Porres, donde se ubica el operativo para atender a los colegios, el teléfono no deja de sonar. “El número de técnicos es insuficiente. No lo cogen porque no pueden”, denuncia Comisiones Obreras, que asegura que los tres técnicos son los encargados de la interlocución directa con los coordinadores COVID que llaman. “Evalúan y les explican cómo tienen que proceder”, explica el sindicato. Además de esta línea, la Comunidad de Madrid ha habilitado un teléfono 900 para las familias que atienden las Unidades Técnicas de Salud Pública distribuidas por áreas territoriales.

Una vez confirmado un contagio, Salud Pública recibe un anexo pormenorizado enviado por los centros con el nombre y el teléfono de cada uno de los contactos. Así lo establece el protocolo. Sin embargo, la mayoría de las familias terminan poniéndose en contacto por iniciativa propia con su centro de salud para pedir una PCR a su pediatra. La guía de actuación hasta ahora recomendaba hacer PCR “a los contactos estrechos cuando proceda”. En los centros se daban, en la práctica, situaciones desiguales. Y algunas clases -a las que sí prescribían prueba- terminaban el periodo de cuarentena sin tener los resultados de todos los alumnos. Los retrasos registrados en laboratorios puntuales de la región complican aún más la gestión en los colegios.

En los institutos, las dudas se multiplican porque, con las optativas, los grupos no se consideran estables. Y el uso de mascarillas dificulta, en la práctica, que los contactos se tomen como estrechos. “La primera vez me preguntaron la edad de los chavales y si guardaban la distancia y llevaban mascarilla. Les dije que sí y decidieron que la clase no se confinaría porque no se consideraban contactos estrechos”, cuenta Elena, coordinadora COVID y jefa de estudios del IES Mairena. Su equipo directivo está lidiando estos días con la incomprensión de buena parte de las familias, que muchas veces tienen dudas o no entienden las decisiones.

Una sensación parecida a la de los propios docentes, que apenas han recibido formación para dedicarse a un asunto sanitario sin precedentes y con la suficiente gravedad como para seguir improvisando. Aunque la Comunidad de Madrid prometió instruir a los coordinadores COVID-19, lo único que recibieron fue un curso por Zoom de dos horas, una para los conceptos generales y otra dedicada a resolver las dudas a través de videollamadas. “La charla versó sobre menores cuando la mayoría de los docentes convocados trabajábamos con mayores de edad”, cuenta el director de un centro para adultos a quien la reunión le resultó, dice, “inútil” para aclarar las dudas. “Envié siete preguntas y me respondieron una. A una compañera, ninguna”, señala.

“Nos vamos aclarando por radio patio, consultando en los grupos de Whatsapp o en Twitter. El mayor problema es la desinformación. Nos intentamos ayudar unos a otros porque nadie responde”, se lamenta este profesional. Tras las quejas de los docentes, la Comunidad ha puesto a disposición de los coordinadores COVID una formación “complementaria” de diez horas a finales de septiembre, cuando casi un millar de clases ya han sido confinadas.

La única explicación oficial, a casi tres semanas del inicio de curso, es que “es normal que cuando se empieza a hacer una actividad pueda haber una situación mejorable”. La directora general de Salud Pública, Elena Andradas admitió en rueda de prensa junto al viceconsejero que alguna vez “se ha podido no atender de manera inmediata”, pero aseguró que habían “incrementado el número de profesionales”. Una afirmación que contrasta con la realidad del despacho de Salud Pública dedicado a Educación, en el que todas las líneas están saturadas, pero solo hay tres sillas ocupadas.