Las obras de M-30 costaron 3.700 millones de euros. Un 48% más del presupuesto inicial. Solo 10 años después de la inauguración de los túneles del bypass-sur, se tendrán que invertir unos 45 millones de euros más para reparar lo que un informe técnico ha determinado como defectos en los proyectos y la ejecución de las obras y, en menor medida, deficiencias en el mantenimiento.
Alberto Ruiz Gallardón inauguró el último tramo de la M-30 tres semanas antes de las elecciones municipales de mayo de 2007 a las que se presentaba a la reelección. Gallardón daba así por terminada la infraestructura estrella de su primer mandato como alcalde de Madrid, que había empezado a inaugurar por tramos un año antes.
Esas prisas por llegar con los túneles abiertos a las elecciones son el motivo de los deterioros. Según concluye un informe encargado por Madrid Calle 30 para supervisar las inspecciones de Emesa, los deterioros pueden achacarse, principalmente, a errores durante la ejecución y el diseño posiblemente motivados por la celeridad de las obras y la falta de cuidado en fases clave de su ejecución como el hormigonado de pantallas y pilotes y su desencofrado. También, aunque en menor medida, hay defectos achacables a deficiencias en el mantenimiento que están siendo estudiadas para exigir su reparación y poner los mecanismos para que no vuelvan a darse, añade dicho informe técnico.
La construcción de la M-30 se dividió en nueve tramos, nueve proyectos independientes que tramitaron y se licitaron por separado. Ahora, el consejo de administración de Madrid Calle 30, la sociedad Mixta que el Ayuntamiento de Madrid comparte con Emesa, la empresa encargada del mantenimiento de los túneles, ha aprobado este lunes el inicio de la licitación de un proyecto para reparar el primer tramo de la M-30, que va de Márques de Monistrol hasta el Puente de Segovia. Estas obras de reparación tendrán un coste de unos 8 millones de euros, asegura el consejero delegado de Madrid Calle 30, Samuel Romero, a las preguntas de eldiario.es
Romero calcula que el importe de reparar los nueve tramos será de unos 45 millones de euros. “Alrededor de 45 millones es probable que tengan que gastarse para reparar defectos del origen de las obras bien por problemas en los proyectos o de la ejecución”, asegura el consejero delegado.
Samuel Romero es ingeniero de Caminos y según su experiencia “no es normal que a los 10 años se tengan que hacer una puesta a cero como esta”. “Hay que actuar para evitar que se deterioren de manera más acelerada. Tiene un proceso de deterioro que no es habitual para túneles de solo 10 años. Lo que pretendemos es parar el deterioro y establecer las condiciones de salida del túnel y recuperar su vida útil”.
Falta de mantenimiento y supervisión
EMESA, formada por ACS y Ferrovial, va a completar ahora la primera ronda de inspecciones completas del túnel pese a que el compromiso era hacer una cada cinco años. Es decir, debería haberse hecho una en 2012 y otra en 2017.
“En el contrato con Emesa está la obligación de hacer una inspección de los túneles cada cinco años para saber el estado. En estos diez años, solo en 2010 hicieron una revisión parcial de alguno de los tramos, ni siquiera tenían consensuado un protocolo”, explica a este diario el consejero delegado. “Al poco de entrar yo (2016) se implanta un protocolo solicitado a un experto en túneles. Entonces, se programó ya una ronda completa que incorporase todos los tramos. La previsión es que la inspección de todos los tramos acabe en agosto de este año”, añade.
La inspección que está terminada es la del tramo 1 y la de parte del 4, aunque la licitación de la redacción de los proyectos es sobre el primero. “Les dijimos que empezasen por los tramos que tienen más complejidad”, explica Romero. Lo llamativo, para el consejero delegado de Madrid Calle 30, es que los defectos que aparecieron en la revisión parcial que se hizo en 2010 vuelven a ser los mismos que ahora, lo que quiere decir que entonces no se repararon.
Como recuerda el ingeniero, al poco de tiempo de que se inauguraran, los túneles sufrieron inundaciones. Concretamente, uno de los tramos que se inauguró en febrero se inundó horas después: “Ha costado 133 millones de euros, pero no soportó la lluvia caída durante toda la mañana y se inundó. El nuevo túnel de la M-30, que permite salir directamente desde la cuesta de San Vicente hasta la autovía de Extremadura (A-5), fue inaugurado a media mañana por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y horas después tuvo que ser parcialmente cortado al inundarse un tramo de unos 20 metros -el subterráneo tiene 2,3 kilómetros- bajo el río”, recoge una crónica de El País de ese día. No fue la única: también en abril se llenó de agua el túnel que une el Vicente Calderón y San Pol de Mar en dirección A-6, como publicó en esta noticia El Mundo.
No se puede reclamar el coste
El Ayuntamiento de Alberto Ruiz Gallardón recepcionó las obras y les dio el visto bueno pese a que, como ahora se demuestra, que había deficiencias en las mismas. “No se deberían haber recepcionado, tendría que haberse hecho una campaña de inspección para ver determinar cuáles eran los fallos y habérsele exigido a las constructoras que los solucionasen.
El acta de recepción es un documento que las administraciones están obligadas a tramitar como justificante de que las obras se dan por buenas. A partir de la firma de este documento, empiezan a contar las responsabilidades y garantías de la infraestructura. El Gobierno de Gallardón firmó actas meses después de inaugurar, la última fue el 8 de mayo y se firmó el 25 de octubre, según publicó este diario, aunque esa demora no fue para mejorar las deficiencias;
Ahora, sería tarde reclamar las reparaciones a las empresas constructoras porque el periodo de garantías para reclamar posibles fallos de las obras expiró al año de la construcción de los túneles. Lo paradójico, es que al sacar a concurso estas obras de reparación, las mismas empresas que hicieron los túneles, ahora podrían presentarse al concurso.
“La licitación es totalmente abierta y no hay condicionante legal que limite su participación. La empresa que se lleve las obras será la que mejor proyecto presente”, explica Samuel Romero. “Ahora llegamos tarde a exigirle a las empresas que lo reparen porque el periodo de garantía ya ha expirado”, añade.
Lo único que el Ayuntamiento de Madrid podrá reclamar es el coste por la reparación de los deterioros relacionados con la falta de mantenimiento por parte de Emesa, ya que es su obligación, por la que recibe cada año dinero público.